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Entre los argumentos que castigaron a Grosso en 1992 hubo uno determinante: se le había dado una habilitación a la estación de servicios de Libertador y Cerrito con un dictamen del cuerpo de bomberos que la desautorizaba. Quien golpeó al intendente con este dato fue el radical Carlos Louzán. El actual jefe de Gobierno apoyó, en ese entonces, desde su banca.
Ibarra, coincidentemente, acusó a los bomberos en su primera conferencia de prensa después de la tragedia de Cromañón. Pero a las pocas horas apareció también un dictamen de bomberos, de noviembre pasado, diciendo que ese local no podría estar en funcionamiento.
No terminan aquí estas vidas paralelas. Grosso también llegó a la interpelación acompañado de sus secretarios. Entre ellos, uno que le habían puesto desde la Casa Rosada para indagar sus cuentas. Y publicar sus indagaciones de manera casi dañina, ya que aparecían los sobreprecios de muchos contratos. Era Saúl Bouer, contador oficial del menemismo. Ibarra irá hoy con su propio interventor, designado por Kirchner y tan lesivo como Bouer: Juan José Alvarez, quien se dedicó a descubrir irregularidades con tanto ahínco que parece más nocivo para el alcalde, desde el punto de vista político, que la propia tragedia de Cromañón.
Bouer terminó reemplazando a Grosso. ¿Terminará Alvarez reemplazando a Ibarra? Es lo que sueñan quienes alientan sus denuncias y, al mismo tiempo, temen por el destino político del gobierno en el distrito porteño. Claro, cuando Bouer se convirtió en intendente, el cargo no se cubría por elección directa. Para que el paralelismo llegue a su fin, Kirchner debería dictar una intervención federal sobre la Capital y es difícil que pueda comprar ese problema.
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