Impide peronismo defensa a Moliné

El oficialismo del Senado intentará hoy acelerar la destitución de Eduardo Moliné O\'Connor, aun cuando se vulneren principios elementales de defensa, tal cual denunció anoche el constitucionalista Gregorio Badeni. La intención del PJ de Néstor Kirchner es que el proceso contra el ministro de la Corte termine en la primera semana de diciembre, antes del recambio senatorial, lo cual obligaría a pasar la definición a 2004. La única forma de hacer realidad ese apuro consiste en desestimar la mayoría de las pruebas pedidas por la defensa de Moliné, con 2/3 del voto de los presentes (aunque Vilma Ibarra quiso dejar el precedente de que se necesita mayoría simple, lo cual dará lugar a la polémica). La comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Cristina Fernández de Kirchner, se encargó ayer de dar el primer paso. Hoy, el plenario tendrá que convalidar lo que aprobó el peronismo de Santa Cruz, bajo la batuta de la primera dama, y así lograr que los 30 días hábiles para producir la prueba resulten excesivos. El hecho de que la prueba informativa dependa de organismos de la órbita del Poder Ejecutivo permite aventurar una ayuda extra, en materia de plazos. «Es una aberración jurídica», denunció anoche Badeni, en diálogo con este diario. « Vamos a pedir asistir a la sesión y explicar por qué es necesario habilitar la apertura a otras pruebas, cuya denegación nos coloca en una situación de defensa sumamente endeble», advirtió el abogado de Moliné. • Ejemplos A continuación, enumeró varios ejemplos. «En el caso Macri, ofrecimos las declaraciones de 12 jueces federales, tanto de primera instancia cuanto de cámara, cuyos fallos se ajustaron al voto que posteriormente emitió Moliné. En el caso Meller, se nos privó de ofrecer el testimonio del titular del Ministerio de Economía, que ordenó el pago de $ 400 millones en bonos, al margen de lo dispuesto por la Corte. Asimismo, se nos impidió ofrecer como testigos a distinguidos juristas como los doctores Juan Carlos Cassagne, Alejandro Carrió, Lino Palacio y otros que tuvieron intervención directa en los casos Meller y Macri. También se nos prohibió la posibilidad de indagar en el caso Magariños cuál es el estado de la causapromovida ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado argentino, en la cual el juez Magariños presentó un dictamen avalando una eventual condena internacional contra la Nación», reseñó Badeni. «En definitiva -agregó-, de los 30 testigos ofrecidos, sólo se aceptó la de 5 personas.A la acusación, se le permiten 16 testigos, casi la totalidad de lo ofrecido. Nuestros testigos también coinciden con los de la acusación». «En la medida que se desestima la casi totalidad de la prueba que ofrecimos para demostrar no sólo el carácter infundado de la acusación sino también de que ella responde a una finalidad política predeterminada que es la de remover al doctor Moliné O\' Connor», insistió el patrocinante. «Parcialmente, hay un propósito evidente de encubrir graves irregularidades que se podrían haber perpetrado tanto en Economía como en el Poder Ejecutivo de la Nación», subrayó. «Este proyecto de rechazo de 90 por ciento de las pruebas no hace más que revelar que en el ámbito del Senado se pretende proseguir la política desarrollada en la comisión de Juicio Político de Diputados.Y no hace más que relevar, lamentablemente, que es una parodia del juicio político, en la cual se desconocen los más elementos derechos humanos atinentes a la defensa en juicio de una persona», concluyó Badeni. «Existe expectativa de que el Senado nos dé derecho a rebatir los pueriles fundamentos expuestos por la mayoría de los integrantes de Asuntos Constitucionales. Pero, además de acudir en recurso extraordinario, sólo nos queda la posibilidad de ir en queja a la Corte, con la esperanza de que los ministros procuren resguardar los valores democráticos que conseguimos hace 20 años», avanzó el constitucionalista.

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