La Justicia de Tierra del Fuego comenzó a indagar a los manifestantes que el pasado 23 de mayo atacaron y tomaron la Casa de Gobierno de la provincia durante una semana, en reclamo de un aumento salarial.
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La lista de imputados en la causa judicial incluye a cuarenta personas entre afiliados al Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (Sutef) y miembros del gremio de camioneros, confirmaron a Télam fuentes ligadas a la investigación.
El primero en prestar declaración indagatoria fue el docente Alejandro Gómez, y su presencia en el edificio de tribunales de Ushuaia fue acompañada por una movilización gremial.
Además, el Sutef anunció un "paro de actividades de 24 horas" para repudiar lo que denominan "un acto de criminalización de la protesta", según indicó el secretario general del sindicato docente, Raúl Arce.
El dirigente anticipó la misma reacción del gremio "cada vez que se indague a alguno de nuestros compañeros", y sostuvo que también se realizarán manifestaciones frente a la Casa de Tierra del Fuego en Buenos Aires.
Por su parte, el secretario de coordinación de gabinete del gobierno provincial, Lisandro Fonradona, negó cualquier tipo de persecución a los docentes y dijo que desde la administración de la gobernadora Fabiana Ríos solo se denunció penalmente los daños producidos durante la toma del edificio gubernamental.
"Será la Justicia la que dictaminará si se cometió o no algún tipo de delito penal, pero no existe criminalización de la protesta porque no se investiga a quien se manifestó sino a los que golpearon a la Policía y destruyeron instalaciones", se defendió Fonradona.
La causa por los incidentes en la casa de gobierno fueguina tramita en el Juzgado de Instrucción de Primera Nominación de Ushuaia, a cargo del juez Javier De Gamas Soler y del fiscal Mayor, Guillermo Massimi, quien investiga los delitos de "atentado y resistencia a la autoridad" y "daños calificados" por haberse producido contra bienes del Estado.
El juez tiene en su poder varias filmaciones, aportadas por personal policial y por empleados públicos, donde según los investigadores "se puede ver con claridad" a los manifestantes que ingresaron a la sede del gobierno luego de violentar la custodia y producir la rotura de puertas y ventanas.
Como consecuencia de aquel episodio, una veintena de policías resultó con heridas de distinta consideración, mientras que el edificio sufrió roturas tanto en la parte exterior como en el interior a la vez que se denunció el robo de computadoras y otros elementos que estaban en las oficinas y despachos de los funcionarios.
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