Inician liquidación de polémica caja porteña

Jorge Enríquez (izq.) al asumir como presidente de Cassaba, la caja de jubilaciones de los abogados porteños que prometió disolver en la gestión que inició ayer. Con esa bandera logró el voto de sus colegas.

Curiosa la asunción, ayer, del ex legislador porteño Jorge Enríquez al frente de la Caja de Seguridad Social de Abogados porteños (Cassaba), ya que su consagración como presidente al frente de ese organismo obedece a su compromiso para desarmarlo.

Ayer al mediodía, Enríquez tomó el puesto, acompañado de abogados amigos y adherentes a su propuesta, entre ellos, el auditor porteño Santiago de Estrada y el titular de la Corporación de Abogados Católicos, Alberto Solanet.

El acto se realizó en la sede de Cassaba, en el centro porteño, y además de Enríquez asumió una comisión directiva de 5 miembros electos por la mayoría y 4 por las minorías.

Ahora la lista que encabezó Enríquez (obtuvo 50,27% de votos), el pasado 10 de abril, « Derogación y Distribución», debe realizar las acciones para desarmar el organismo, pero para eso es necesaria una ley que anule la norma que creó la caja. Por ahora, no alcanzan los votos del macrismo, que aún divididos optarían por favorecer la derogación a pedido del propio Mauricio Macri. En cambio, el resto de las bancadas se encuentran divididas y el kirchnerismo dejaría libertad de voto a sus legisladores.

Desde su creación, Cassaba ha sido cuestionada por los abogados, quienes deben aportar obligatoriamente de acuerdo con los trámites que realicen. En la asunción de Enríquez, por caso, no estuvieron presentes referentes de la oposición a la derogación, ni participó el presidente saliente, Hugo Germano, ex funcionario del Gobierno porteño de Enrique Olivera.

Fundamento

La propuesta de Enríquez, según explicó, «se funda en el carácter coactivo de la afiliación a Cassaba, en su falta de consenso entre la mayoría de los abogados, en el carácter expoliatorio que los aportes revestían para muchos colegas y en la inconstitucionalidad de la Ley 1181».

La Justicia, por su parte, ya otorgó la razón a cientos de abogados que reclamaron para que no se les efectúen los aportes. La Legislatura porteña tiene previsto llevar al recinto un proyecto de derogación que por el momento propone que la liquidación del organismo la lleve adelante una comisión especial, pero aún el macrismo no logra reunir los 31 votos necesarios para la aprobación del proyecto.