Uno de ellos es el que propone la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández.
Se trata de la ley que obliga a las alimenticias a colocar octógonos negros en los envases para advertir sobre el exceso de azúcares, sodio, grasas y calorías, entre otros ítems, para promover una alimentación más saludable y prevenir enfermedades crónicas. En la Casa Rosada reconocen que la derogación de la ley responde, en buena medida, a las presiones por parte de la industria alimenticia, que se mostró reticente a la ley desde que comenzó a ser tratada por el Congreso.
En su momento el texto fue aprobado por amplia mayoría en el Senado (solo la rechazaron 3 legisladores de provincias azucareras). En Diputados, la iniciativa fue acompañada por el peronismo, parte de Juntos por el Cambio y fuerzas provinciales, que reunieron nada menos que 200 votos. El texto también cosechó 16 abstenciones, la mayoría de la UCR, y 22 en contra: casi todos del PRO.
Además, el Ejecutivo envió un proyecto que establece, según reza el mensaje que lo acompaña, “un marco normativo integral destinado a la prevención, al abordaje y al tratamiento de los consumos problemáticos vinculados a los juegos de azar y a las apuestas cuyo despliegue tenga lugar tanto en línea como de manera presencial, así como al combate de la explotación y difusión de plataformas de juego no autorizadas”.
Vale recordar que en noviembre de 2024 la oposición le dio media sanción, en Diputados, a una iniciativa para regular las apuestas online. En aquella instancia, el texto recibió 139 votos a favor, al ser acompañado por Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y Democracia para Siempre. En tanto, el PRO y la UCR (59) se abstuvieron y La Libertad Avanza (36) votó en contra. El asunto es que cuando desembarcó en el Senado, el texto quedó cajoneado. Y, ahora, LLA vuelve a la carga con una versión mucho más laxa.
Para poner un solo ejemplo, la media sanción –cajoneada– prohíbe todo tipo de publicidad, promoción y patrocinio de plataformas de apuestas en línea: nada en vía pública, espectáculos, eventos deportivos, redes sociales, influencers ni medios audiovisuales. En tanto, el proyecto libertario establece que los sitios autorizados no podrán dirigir anuncios a menores ni asociar el juego con el éxito personal o soluciones financieras.
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Milei busca derogar la ley de etiquetado frontal de alimentos.
Ambos proyectos ingresaron por el Senado. En tanto, por Diputados ingresó el ya famoso “Súper RIGI” y la iniciativa que intenta “ordenar y transparentar” el Lobby en la Argentina.
Por un lado, el "Súper RIGI" busca crear, en palabras del Gobierno, un régimen integral de incentivos, estabilidad normativa por un plazo de 30 años y seguridad jurídica, para atraer proyectos de inversión de gran escala destinados exclusivamente al desarrollo de actividades económicas genuinamente nuevas en territorio argentino.
A diferencia del RIGI, sancionado en 2024, este proyecto se enfoca en "nuevas actividades económicas" e "industrias del futuro". Es decir, todo proyecto industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculadas a infraestructura tecnológica y digital estratégica que tenga un impacto transformador en la estructura productiva nacional.
Mientras el Gobierno sigue prometiendo ajuste y pasa la motosierra por sectores tan sensibles como Salud, Discapacidad o Educación, habrá que ver cómo caen estos nuevos beneficios fiscales. En este caso, el oficialismo no repara en el impacto fiscal que implicaría dejar de percibir ciertos impuestos.
Por último, el proyecto que regula el lobby, denominada "Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses", crea dos herramientas de control. Por un lado, un Registro Público de Gestores de Intereses, que es digital, público y gratuito coordinado por el Ejecutivo, donde deberán inscribirse obligatoriamente todos los lobbistas (personas físicas o jurídicas) antes de iniciar sus actividades. A los inscriptos se les asignará un número identificatorio único.
Al mismo tiempo, plantea que los funcionarios públicos no pueden obrar como gestores, y establece sanciones y penas en caso de falsedad, ocultamiento o reincidencia.
Y, por otro, los Registros Públicos de Gestión de Intereses, que se ubicarán en las órbitas del Ejecutivo y del Legislativo para registrar y transparentar cada contacto individual mantenido. Contendrán la fecha, hora, modalidad, participantes, destinatario y una síntesis del asunto abordado.
El Congreso acumula proyectos
La presentación de estas iniciativas se suman a una serie de proyectos que se vienen acumulando en el Congreso. Por caso, en el Senado, la derogación a la Ley de Etiquetado y la Ley de Ludopatía se sumarán a la Reforma Política. Este proyecto se mantiene paralizado, entre otros ítems, porque la oposición rechaza la eliminación de las PASO. En otras palabras, los votos no están. Al menos para sacarlo tal cual lo envió la Casa Rosada.
Asimismo, sigue en instancia informativa (todavía no se avanzó con la firma del dictamen) la reforma a la Ley de Salud Mental. Mientras tanto, se pateó para la próxima semana la sesión para aprobar los más de 70 pliegos judiciales que ya tienen dictamen de comisión.
También, el Senado deberá avanzar con los dos proyectos que la semana pasada Diputados le dio media sanción. Por un lado, las restricciones al Régimen de Zona Fría. Por otro, la Ley Hojarasca. Así como también con la ley de Inviolabilidad de la propiedad privada, que ya tiene dictamen de comisión.
De yapa, en la última sesión que celebró el Senado, “volvió a comisión” el proyecto para pagarle a fondos buitre una suma de u$s171 millones, que se iba a votar en Diputados. ¿El motivo? Un error tipográfico en el nombre de uno de los holdouts.
Federico Sturzenegger Senado
La Cámara de Diputados no corre mejor suerte. Es que deberá avanzar con todas las medias sanciones que le envíe el Senado (mencionadas más arriba). Y a esto hay que sumarle estos dos últimos proyectos que ingresaron: la ley de Lobby y el Súper RIGI.
Asimismo, Diputados tiene que avanzar con la ratificación del Tratado de Cooperación de Patentes (TCP), que ya tiene dictamen de comisión. El asunto es que, una vez que sea aprobado por la Cámara que conduce Martín Menem, deberá volver al Senado para su sanción definitiva, pese a que allí fue aprobado en 1998. Esto es porque aquel texto sufrió cambios en comisión, por pedido de la industria farmacéutica.
Llamativamente, el oficialismo avanza con una ley para transparentar el lobby cuando reconoce que buena parte de las leyes que envió o modificó en los últimos tiempo fue por presiones de diferentes sectores.
La derogación a la ley Ley de Etiquetado responde a las presiones de la industria alimenticia; los cambios en el Tratado de Patentes, a los laboratorios y la ley de Ludopatía parece hecha a medida de las empresas legales (persigue sólo a las ilegales), las mismas que rechazaron abiertamente la media sanción impulsada por la oposición.
