Días después de haber adjudicado el gerenciamiento del Canal de la Ciudad a Cale Group, el Gobierno porteño resolvió este martes avanzar con un nuevo llamado a licitación pública para intentar, una vez más, ceder temporalmente a manos privadas los dos medios públicos porteños que aún están bajo la órbita de CABA: las radios AM 1110 (La Once Diez) y la FM 92.7 (La 2x4). La apertura de sobres se llevará a cabo el 28 de septiembre.
Mediante una disposición del Ministerio de Hacienda y Finanzas, la administración de Jorge Macri aprobó este martes los pliegos de base para el futura proceso licitatorio en los que se pautan las condiciones mínimas para aquellos oferentes que deseen hacerse con los servicios de ambas frecuencias por el plazo de cinco años y a cambio de un canon mensual.
Tras declarar desierta la primera licitación, CABA insiste con la concesión de las radios
En el marco de la licitación lanzada entre marzo y mayo que incluía la TV pública local y las dos radios, el interés principal de los oferentes se concentró en el canal. Durante el proceso, las principales dudas, recibidas y resueltas por la Dirección General de Concesiones y Permisos a través del portal Buenos Aires Compras (BAC), se enfocaron en la estructura y la programación del servicio de televisión.
En aquel entonces, el canon por la AM y la FM era de $1.299.000 por mes. Pero apenas recibieron consultas de parte de un potencial oferente, cuya duda recaía en saber si el pliego garantizaba la continuidad de uso de los estudios de transmisión y producción actualmente utilizados.
A mitad de mayo y en el marco de la apertura de los sobres de la licitación primigenia que incluía la TV pública local y las dos radios, la Ciudad comunicó que el renglón para estas últimas dos no había recibido propuestas y lo declararon "desierto". Pero lejos de desistir, anticiparon que impulsarían "una nueva licitación" mediante un pliego específico para ambas transmisoras, el cual vio la luz en las últimas horas.
El canon y las condiciones
De acuerdo a la documentación publicada en el Boletín Oficial de CABA, las radios se licitarán por separado, pudiendo optar por una o por otra, o por ambas, por un plazo de cinco años y un canon base mensual individual de $1.530.000 para hacerse de la administración, la gestión, la operación y el mantenimiento integral de cada frecuencia, así como también del desarrollo y gestión de la programación "en coproducción con el Gobierno de la Ciudad".
El concesionario deberá asegurar la continuidad de la programación de forma "regular y eficiente" ejecutando por su cuenta y a su cargo "todas las tareas, actividades y gestiones necesarias para asegurar su correcto funcionamiento". Además, podrá hacer uso de bienes, instalaciones y equipamiento del GCBA pero deberá hacerse cargo de su cuidado y mantenimiento.
La AM 1110 deberá emitirse las 24 horas del día los siete días de la semana y deberá garantizar el alcance no solo en toda la Ciudad sino también en toda la República Argentina. A nivel contenido, tendrá que asegurar el objetivo principal de difundir la oferta educativa, cultural y turística que brinda el Gobierno porteño.
Mientras que la FM 92.7 también deberá emitirse las 24 horas del día los siete días de la semana, con alcance en toda la Ciudad. Y su programación se destinará "íntegramente" a la emisión de música de tango y popular argentina, atendiendo a las nuevas expresiones artísticas, a la difusión de actividades vinculadas a estas manifestaciones artísticas.
Según la disposición del ministerio que conduce Gustavo Arengo Piragine, la apertura de la licitación se llevará a cabo el 28 de septiembre a las 11hs a través de Buenos Aires Compras.
Desde el GCBA aclaran que no se trata de una "privatización" sino de "una modalidad de gerenciamiento" que, según afirman, no implicar la delegación o la transferencia de la exploración del servicio, motivo por el cual señalan que no se encuentra alcanzada por las prohibiciones previstas en el artículo 44 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, uno de los aspectos que fue punto de críticas durante la licitación del canal.
En el marco de la licitación, el oferente deberá presentar un plan de inversión que garantice la operatividad durante los 60 meses que tendrá a cargo la gestión de la frecuencia. Tendrá que acreditar "la viabilidad, consistencia y calidad" de la propuesta de trabajo, que permitirá a CABA evaluar la capacidad de la empresa, tanto económica como financiera, técnica y operativa, así también como la sustentabilidad de la misma.
Durante el proceso que derivó en la adjudicación del canal a Cale Group, de Augusto Marini (dueño de Blender y Carajo), uno de los oferentes que se presentó fue Argentinos Media. El GCBA terminó descartando la segunda propuesta no solo por ser inferior en cuanto a lo económico ($50 millones vs $35 millones) sino también porque la firma de Marcelo González no informaba "acerca del monto y plan de inversión a realizar", no presentó fuentes de financiación "debidamente legalizadas", ni acreditó "monto suficiente para cubrir la totalidad de la inversión".
Persisten las dudas sobre el futuro de los trabajadores
Uno de los aspectos sensibles de la cesión de los medios públicos a manos privadas pasa por el futuro de los trabajadores que actualmente mantienen operativa las dos frecuencias. En ninguno de los dos casos -la licitación de la TVP porteña y las dos radios-, la administración de Macri planteó la continuidad del gerenciamiento con los empleados que más conocen de su funcionamiento.
En el caso del Canal de la Ciudad, adjudicado recientemente a Marini y que contará con Liliana Parodi como su principal brazo gerenciador, se les propuso a los trabajadores ser transferidos a otras dependencias del Estado porteño para garantizar su continuidad laboral. En el caso de las radios, el GCBA anticipó que en diciembre les renovarán a los contratados, pero aún es una incógnita dónde desempeñarán sus tareas si se consuma la cesión.
El pliego publicado este martes aclara al respecto que el oferente "deberá contar con personal competente, en cantidad suficiente y con la capacitación técnica necesaria para la ejecución de la concesión" y que "será responsable de contratar personal y profesionales adecuados para las tareas a desarrollar, conforme la estructura operativa comprometida en su oferta".
"Desde el primer llamado a licitación varios compañeros y compañeras buscaron refugio en otras reparticiones frente al temor de perder su estabilidad laboral y fuente de sustento", explicaron los trabajadores de los medios públicos de CABA en un comunicado. Quienes optaron por salir, no fueron reemplazados y sus funciones no pudieron recuperarse. "Eso generó un desgaste en el normal funcionamiento de los medios", remarcaron.
Para los trabajadores, el Gobierno porteño lleva adelante "un vaciamiento" y una "privatización encubierta", algo que desde Uspallata niegan. "No hay eficiencia en desmantelar lo que es de todos para beneficiar intereses de unos pocos privados. Hay una decisión política para transformar a la ciudad en un territorio sin identidad con el único fin de albergar negocios", cuestionaron.
Con la licitación por separado, CABA vuelve a la carga por la cesión de las radios. Buscará así evitar un nuevo traspié en el proceso iniciado por Macri en marzo para desprenderse de la totalidad de los medios públicos y que suscitó las críticas de parte de la oposición porteña e incluso del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), que en el marco de un expediente judicial iniciado por los trabajadores advirtió el Gobierno porteño sobre la ilegalidad del proceso.
En la Justicia aún continúa activa la causa en contra de ambas concesiones. Los demandantes esperan que en el corto plazo intervenga la Cámara de Apelaciones y que revierta la decisión de la jueza Macarena Marra Giménez, que se negó a dictar una cautelar. Allí, los abogados del ENACOM dejaron en claro que de continuar con la cesión se correrá el riesgo de que se produzca "una alteración flagrante al orden jurídico establecido".
Tanto la AM como la FM son frecuencias que pertenecen al espectro radioeléctrico administrado por el Estado Nacional y que fueron otorgadas a CABA, pero que, según indica el ENACOM, no pueden ser delegadas a terceros. En el caso del Canal de la Ciudad, pertenece a la administración porteña.
En el pliego, el Gobierno porteño señala que el adjudicatario se hará cargo de la gestión operativa, pero aclaran que no implicará "la cesión, transferencia ni delegación de la titularidad de las licencias del servicio de comunicación", las cuales continuarán "en titularidad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".