Se activa concurso clave para Cámara, rezos a la Corte, Prado "new Braden" y "soy malo y me gusta"

Política

Consejo de la Magistratura llama a entrevistas a postulantes esta semana para acelerar desalojo de Bruglia y Bertuzzi, que rezan para que la Corte acepte "algo". Oficialismo sabueso del Lawfare y el legado de Bonadio.

La suerte de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, en un futuro inmediato, pareció estar echada desde el mismo instante en el que el estratégico fuero Contencioso Administrativo Federal inició la cadena de fallos adversos a respaldar sus traslados. Sin embargo, la remoción de ambos de la Cámara Federal obliga al oficialismo a dar un paso más con vistas a llenar los vacíos para el día después. Por eso, sin estridencias, el concurso en el Consejo de la Magistratura para cubrir los cargos se activó el viernes pasado: la secretaría letrada del órgano de selección de jueces convocó a la entrevista personal a los candidatos, último paso antes de delinear el orden de mérito que tendrá la terna para dos vacantes. La cita para los postulantes en carrera será para viernes 11 a partir de las 10, cuando los escucharán e interrogarán la peronista Graciela Camaño y el académico Diego Molea, integrantes de la subcomisión encargada del concurso N°412.

El listado de los mejor rankeados en el orden de mérito provisorio incluye a todos aquellos que rindieron bien el examen escrito en agosto de 2018. Fueron invitados el juez penal económico Diego Amarante, el abogado Roberto Boico (con buenas chances), el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, (que preferiría ir al electoral 1 de La Plata), el también penal económico Pablo Yadarola (que avanza a paso firme en las preferencias), Federcio Feldmann, del MPD, Ivana Quinteros (secretaria de la Cámara Federal), el defensor oficial Francisco Posse, el juez de Comodoro Py Marcelo Martínez de Giorgi, Luis Arnaudo de Casación Penal, Ignacio Labadens (secretario de TOF), el juez penal económico Javier López Biscayart, Elena Dilario, Leonel Gómez Barbella (fiscal federal), Julio Di Giorgio, juez del Tribunal Oral Criminal N 4 de San Martín, María Eugenia Di Laudo (secretaria de la Defensoría General), Hugo Decaría, juez de TOC, Susana Echevarría, la secretaria de la Cámara Federal de Py y el juez Julián Ercolini, quien era un número puesto en el anterior gobierno y que corre el riesgo de quedar fuera de todo listado ahora. Luego del trámite empezará el tironeo por las ternas que habrá que llevar al pleno.

Bruglia y Bertuzzi han apostado todo a la Corte. Tanto así que regalaron la instancia de audiencia en el Senado y el kirchnerismo obtuvo lo que fue a buscar: los 7 jueces (porque Germán Castelli también pegó faltazo) validaron la instancia de revisión de los senadores de sus traslados. Solo quienes desconocen el funcionamiento de la Corte Suprema pudieron asegurar que el tema del “per saltum” no se trató el jueves pasado. De hecho, los ministros –que conversan a diario entre sí- tocaron el tema el martes. El asunto no se enlistó en los fallos que tendrían firma el jueves. Hubo como 20 con firma digital. En pandemia, no existe tal cosa como reunión de acuerdos. En el cuarto piso del Palacio de Tribunales el destino de ambos es una moneda en el aire. Hubo quienes destacaron alguna falencia técnica inicial de los camaristas, quienes se apuraron a dirigir el pleito contra el Consejo que decidió remitir sus pliegos. Ni contra el Ejecutivo ni contra el Senado. Nadie descarta que no decidan ingresar otro papel para intentar apurar un recurso extraordinario, aunque se lo denieguen en el Contencioso y tengan que ir en queja. Es un asunto que por fuera de la política, está técnicamente en debate, con miradas diversas.

Mientras, Bruglia y Bertuzzi miran con lupa la Acordada N°7 pero no tanto por su contenido, sino por sus mayorías. En aquella oportunidad, el voto de minoría lo suscribieron Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco con una lectura de amplio espectro sobre los traslados de jueces. La posición mayoritaria fue más restrictiva. Bastaría con que uno solo de los ministros adoptara la posición minoritaria para conformar una nueva mayoría (si las opiniones se mantienen, algo también difícil). Por eso, Bertuzzi encontró aliento a través de un emisario de una vocalía que integró aquella mayoría sobre un “rescate”. En La Plata, adonde regresaría “Cacho”, hubo murmullos de chat entre sus colegas luego del faltazo a la audiencia en el Senado, que puso blanco sobre negro que el kirchnerismo no tenía ninguna intención de avalar sus traslados y ya lo ven de regreso, sin demasiada algarabía. La proyección de los alcances de una Acordada no significa lo mismo que el análisis de un “caso” judicial, por lo que la lectura lineal parece también acomodada a los deseos. De hecho, el martes y los días subsiguientes, el asunto de la Acordada N°7 no se tomó como guía para el debate entre supremos. Como el Gobierno no tiene interlocutores en la Corte navega sin instrumental y advierte lo que podría ser un choque institucional ante una decisión que ni adivinan. Varios de los 7 que superaron el test vía Zoom de los senadores también están en ascuas. No solo deben ver sus nombres estampados en el dictamen de Comisión, sino esperar a que la mayoría del Senado apriete el botón mágico para poder exhalar. Lo inimaginable es cómo se puede llegar a dar una orden de “desalojo” para Bruglia y Bertuzzi.

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Por eso no pasó desapercibido un evento que connota una suerte de reedición del conflicto “Braden o Perón”. Esta vez, subiendo al ring al embajador de los Estados Unidos Edward Prado y diciendo que “podría haber formado parte” de la Mesa Judicial de Mauricio Macri. Lo hizo el senador Oscar Parrilli el jueves. El juez texano arribó al país en mayo de 2018 sin disimular que venía, en su rol, a “colaborar” con la Justicia argentina. Para el kirchnerismo es una asombrosa coincidencia con el inicio de lo que ha dado en llamar Lawfare, un proceso que identifican en varios países de la región. Un día después Parrilli inquirió ante algunos de los jueces trasladados si habían hecho algún curso o formaban parte de algún programa promovido por los Estados Unidos. El subtexto permite elucubrar que empezará el rastrillaje fino respecto de los eventos promovidos por agencias extranjeras, oficiales o no, que hubiesen permitido reclutar magistrados locales. “Atacar a un juez es atacar a todo el sistema judicial”, dijo Prado esta semana. El kirchnerismo repasa fotos de 4 de julio. “Van a tirar jueces a la Parrilli”, bromearon en una sala de chat judicial. Y es que nadie olvida que, para el cristinismo, la postal icónica del Lawfare la ofrecieron en una foto Ricardo Lorenzetti rodeado del exjuez brasileño Sergio Moro y de su émulo local, Claudio Bonadio, en un pasillo del Palacio. Además del sinnúmero de causas contra exfuncionarios K y 7 procesamientos contra Cristina de Kirchner, cuya arquitectura judicial es más que discutida, el magistrado fallecido en febrero pasado legó su casona en Belgrano que está a la venta. A través de la inmobiliaria Belga, la vivienda estilo inglés de la calle Naón al 2200 se ofrece en u$s520 mil y está recibiendo visitas de interesados. El tour virtual que permite la inmobiliaria para atraer compradores permite ingresar en una atmósfera íntima del juez, con objetos indiscutiblemente personalísimos. Un cuadro con una foto de Perón vestido de gala, la tapa de un diario donde se lo llama “Bonadios”, como algunos le decían en tribunales y repisas atestadas de libros y carpetas dominan la escena. También entre el desorden sobre una suerte de escritorio puede verse lo que pareciera ser una máquina contadora de billetes. Está muy cerca de una placa grabada al estilo dorado del ámbito judicial. “Soy malo y me gusta”, reza.

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