Juez ordena no retirar campamentos en Congreso

Kirchneristas y ruralistas comenzaron ayer a convivir hasta ahora pacíficamente, en carpas instaladas en la Plaza del Congreso, donde se registró, entre otras cosas, una tocata de rugby que enfrentó a los dos bandos.

Si faltaba algo para frustrar más las intenciones de Mauricio Macri, ayer un juez porteño le ordenó que no levante el campamento instalado en la Plaza del Congreso, que cuenta ya con siete tiendas kirchneristas y una del campo. Todos velan por el debate en Diputados acerca de las retenciones a la soja, en una estancia riesgosa y por tiempo indeterminado, de acuerdo con el ritmo del debate.

El polémico juez contravencional de la Capital Federal, Roberto Gallardo fue quien se expidió ante la presentación de una medida cautelar que realizó el titular de la bancada Frente para la Victoria de la Legislatura porteña, Diego Kravetz. Hoy el macrismo apelará la medida, según anticipó a este diario el procurador de la Ciudad, Pablo Tonelli.

«Al momento de resolver he de tener presente que a la luz de lo acontecido en el pasado inmediato (corte generalizado de rutas y desabastecimiento), el nivel expresivo de la actual manifestación política, en la que prima facie no aparece comprometida la circulación vehicular ni la seguridad pública, no sería objeto de reproche», consideró Gallardo.

«En el actual marco sociopolítico, llevar a cabo el desalojo de los manifestantes no haría sino exacerbar los ánimos que con tino se intentan calmar desde el poder público federal», evaluó el juez y reprochó a Macri la autorización para un acto del predicador Luis Palau, que se habría dado aceleradamente con permiso para instalar un gran palco en medio de la avenida 9 de Julio.

«No es menos cierto que la dinámica política y la necesidad de la expresión pública hacen muchas veces inaplicable a rajatabla dicha norma», sostuvo el fallo, para justificar la falta de autorización también recordó que ante los «caceroleros» en la Capital, «no se tiene noticia de que el Gobierno de la Ciudad haya denunciado policialmente dicha circunstancia y pretendido el desalojo forzado de los manifestantes».

A la vez, el juez ordenó al Cuerpo de Bomberos de la Policía Federal a inspeccionar las estructuras montadas para determinar su seguridad y «evitar situaciones accidentales». El fallo llegó tras una jornada en la cual el gobierno kirchnerista y el de la Capital Federal se cruzaron acusaciones y salieron distintos funcionarios a explicar el tema de la controversia, incluidos fiscales contravencionales. En principio todos coinciden en que no es un delito ni una contravención el armado de las carpas como mecánica de protesta. Así lo explicó el fiscal general porteño, Luis Cevasco. Pero, la infracción consiste en no haber pedido permiso para instalar la toldería.

Resolución

Por eso, el ministro de Espacio Público porteño, Juan Pablo Piccardo emitió el lunes una resolución para desalojar la plaza. La agrupación Compromiso K, quien comenzó el campamento presentó sin embargo una nota, pero el Gobierno de Macri asegura que no cumple con las formalidades sino que sólo avisa. En cambio los ruralistas habían tramitado la autorización el viernes pasado.

Gallardo, conocido por otras medidas polémicas como descontarle dinero del sueldo a Aníbal Ibarra, ordenó a Macri que se «abstenga» de cumplir con la resolución de Piccardo. Para el Gobierno porteño «el fallo es un disparate».

La puja la condimentó, antes de conocerse el fallo, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien instó a ser «más tolerantes» y dijo que el campamento se estacionaría dos o tres semanas, como si fuera poco. «Me hubiera gustado ver una condena mayor de Macri a los cortes de ruta», sostuvo Fernández.

El problema de Macri es que la Policía Federal, a cargo del gobierno nacional, no le obedece y así no logra desalojar. El ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, aseguró que él mismo concurrió a la Comisaría 6ª a pedir protección para que los funcionarios de la Ciudad puedan desmantelar el campamento, ante los hechos sucedidos el lunes, cuando los manifestantes se resistieron y un representante del Gobierno local resultó lastimado en un ojo. A partir de esos episodios, Macri inició dos causas penales, por resistencia a la autoridad y también por rotura de veredas.

Otro Fernández (Aníbal) se agregó a la disputa. Dijo que el jefe de Gabinete de Macri, Horacio Rodríguez Larreta era «un profesional en decir pavadas sin conocer nada» y aclaró que hay dos fiscales actuando.

Ayer a la mañana, agrupaciones kirchneristas armaron la séptima carpa frente al Congreso, con el sello de la agrupación peronista denominada «26 de Julio».

Rodríguez Larreta, lo admitió. Dijo que la gestión macrista estaba «enojadísima» y que estaban pidiendo «algo elemental que es que se respete el espacio público». «Fuimos a la Policía y no acompañó», continuó con la queja el jefe de Gabinete de Macri.