Veedor afirmó que Oil Combustibles podría haber hecho frente a la deuda con la AFIP

Política

Experto aseguró que proyectaron que la actividad del Grupo Indalo hubiese permitido abonar planes de pago de ITC. Pero que fueron afectadas por decisiones del Estado la concesionaria de autopistas, la constructora, el banco y la aseguradora. Confirma reuniones con Santos en el organismo recaudador.

La declaración testimonial del segundo de los veedores designados por el juzgado de Julián Ercolini en Oil Combustibles –convocado al juicio oral a pedido de la acusación- resultó de increíble ayuda para las defensas. Roberto Pons afirmó que en base a su análisis, realizado entre 2016 y 2017, las empresas del Grupo Indalo tenían posibilidad patrimonial para pagar toda la deuda que mantenían con la AFIP por el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) que la petrolera estaba financiando en plan de pagos. Pero que eso hubiera requerido que se mantuvieran las condiciones de actividad de las empresas vinculadas, algo que el Gobierno de Mauricio Macri buscó evitar. El testigo puso como ejemplo a la firma AECSA –que explotaba concesión de autopistas- a la que Javier Iguacel le impidió aumentar la tarifa de peaje y finalmente rescindió la concesión, pero que si hubiera sido tratada como al resto de las empresas del rubro, hubiese permitido la generación de ingresos suficientes para avanzar en el pago del pasivo tributario. Algo similar, donde deslizó que existieron arbitrariedades, ocurrió con la aseguradora Generali, la constructora CPC y el Banco Finansur, cuyo estrangulamiento por restricciones oficiales derivó en su colapso.

La fiscalía insistió la semana anterior para que comparezcan los tres veedores que Ercolini designó para analizar la marcha de Oil y de sus controlantes: Oil M&S e Inversora M&S. Los defensores pidieron que se los exima de declarar porque los habían firmado de forma unánime los informes de veeduría que terminaban siendo favorables, luego del testimonio del contador Gustavo Montanini que fue técnicamente de los testigos más sólidos. Sin embargo, el cronograma de testigos avanzó sin modificaciones y Pons declaró vía Zoom. Presidente del Tribunal de Ética del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y con experiencia en el negocio energético el testigo fue mucho más allá que su antecesor y sostuvo que ellos habían reclamado extender la veeduría al resto de las empresas del Grupo Indalo para analizar su viabilidad, conservar su patrimonio y asegurar el pago de la deuda con AFIP. “La deuda debía ser asumida por el conjunto del grupo”, sentenció al describir que no se financiaba con préstamos bancarios, sino a partir de sus actividades”. Un dato que podría impactar en la hipótesis de lavado de dinero que se tramita en otras causas.

Y llegó a poner el ejemplo de la empresa concesionaria de la autopista Ezeiza Cañuelas que tenía un contrato que le aseguraba poder aumentar la tarifa de peajes desde 2015, algo que el Gobierno de Macri impidió. El testigo tuvo a su cargo analizar una posible venta: “Consideramos que no. Que esa venta favorecía sólo al tercero. El aumento de tarifa estaba dado. Hubiera tenido un flujo positivo”, destacó. Pons insistió en que debía observarse el comportamiento de todo el grupo económico, subrayó que el patrimonio era positivo y desestimó observaciones de la fiscalía respecto a balances con pérdidas. Por un lado por la complejidad del mercado petrolero y porque se trataba de “fotografías” que en un escenario “dinámico” también tuvieron resultados positivos. “La recuperación de los préstamos (entre las compañías) recuperaba las pérdidas. Y Oil estaba en un mercado complejo con precios fijados por el gobierno y los costos dependen de precios internacionales. Puede ser una fotografía mala y en un año se revierte todo. No es una cosa tan significativa. Había períodos con pérdidas y ganancias. Si miramos para adelante un informe posterior había dado positivo”, explicó. Se pareció bastante al argumento que había utilizado Fabián De Sousa en su indagatoria cuando explicó por qué había acudido en solicitud de planes especiales de pago tras una reunión en el Ministerio de Economía en la que proyectaron que las medidas de corto plazo que adoptaba el gobierno se irían normalizando a mediano. .

Afirmó que tuvieron “pleno acceso” a la documentación de la empresa y cuando existió un faltante fue en el último período, cuando la administración estaba en manos de Ignacio Rosner, en una etapa donde detectaron otros “desfases” tributarios. “Hubo dificultades prácticas”, aseguró Pons cuando los abogados preguntaron cuál era el contexto que había analizado. Mencionó no solo la inestabilidad del mercado petrolero (muy regulado), sino las cautelares que bloquearon movimientos financieros normales de la empresa aseguradora y la obligación de desprenderse de carteras enteras que impuso el BCRA al Finansur, y los contratos ganados por CPC. “Si esa empresa hubiese tenido la misma tratamiento que otras empresas…”, dejó incompleto el testigo el tramo respecto a AECSA, aplastada cuando la proyección que habían hecho los veedoras arrojaba que podía aportar $1.000 millones para pagar la deuda.

Cuando la fiscalía quiso saber si era habitual que empresas del rubro financiaran impuestos en planes de pago, Pons respondió con total crudeza: “financiar es obtener fondos líquidos. Lo que hubo es impuestos declarados que no se pagaron. Actúa eso en el capital de trabajo. En este caso es lo que lo pone en falta. Es muy habitual en las empresas que los empresarios ante dificultades de cajas o pagos a proveedores o paralizar la producción posterguen y jueguen a ver cómo entra en una moratoria. Es una práctica común en todos los sectores”, sinceró.

“Sí, lo recuerdo”, dijo el testigo acerca de Juan Carlos Santos, el exsubdirector de Grandes Nacionales que había participado en media docena de reuniones en la AFIP por el caso Oil. Es el segundo veedor que contradice al funcionario que habría mentido en el juicio al decir que sólo había estado en un encuentro y se fue apenas comenzó porque era un tema ajeno a su especialidad. Ayer, volvió a sorprender Pons al revelar que los veedores acudieron a la primera reunión con una duda. Querían que la AFIP les aclarase por qué se decía que el ITC era una “retención”, como fue de amplia difusión para el caso Oil. Afirmó que los funcionarios rechazaron de plano que se tratara de ese régimen. Tampoco concedió la existencia de esa correlación en el incremento de la deuda por ITC y los préstamos derivados a otras compañías del Grupo Indalo. “No puedo hacer el análisis sin ver los flujos. Aumentaron los préstamos pero no sabemos si esos fondos pasaron a la empresa o son intereses acumulados. No hicimos ese análisis”, coincidió Pons con el testigo anterior.

“Analizamos que el conjunto de las empresas podrían satisfacerla de manera completa”, dijo el testigo sobre la deuda con AFIP. Hasta ahora nunca se había puesto en esos términos. Menos cuando ahora, en paralelo, se está investigando penalmente el accionar del gobierno anterior para acorralar a todas las empresas con el objetivo de desguazar al Grupo.

Dejá tu comentario