Por Carlos Rozanski - Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata
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En nuestra sociedad, hay distintas evidencias que habitualmente algunos sectores no quieren aceptar. No se trata de problemas de percepción, sino de negarse a reconocer todas aquellas realidades que pueden afectar a esos grupos de alguna manera. La realidad, en el caso de la reforma judicial en marcha, es una combinación de fuertes intereses económicos y de poder. La mezcla de ambos -que suelen caminar juntos-, resulta de un daño social de tal magnitud, que difícilmente pueda expresarse en cifras. Tal vez los bienes materiales puedan ser evaluados en números, pero las consecuencias del ejercicio ilegítimo del poder generado por esos bienes materiales, es inconmensurable. Tan imposible de medir como lo son las vidas que cuestan a diario esos intereses mezquinos, proporcionales a las privaciones de los sectores más vulnerables de la sociedad que necesariamente están ligados a la voracidad de los grandes grupos económicos de turno.
Es evidente que esas iniquidades son resultado directo de injusticias sociales que contrarían sin dudas el sentido primero y último de la existencia de un justicia independiente y verdaderamente democrática, que es el bien común. Sentido que también sin duda es el que motiva en las democracias reales, a los restantes poderes del Estado. Cuando los sectores más vulnerables de la sociedad reclaman a diario una justicia mejor, más cercana a la gente y más sensible, se están refiriendo a todo eso. Están pidiendo a gritos que los encargados de sentenciar sobre sus derechos, sus libertades y sus bienes, sean personas más humildes, más razonables, en síntesis, más humanas. En ese sentido, el hecho de que haya jueces y fiscales que sí se preocupan en serio por los problemas de los ciudadanos, no modifica mucho el panorama ya que lo que interesa en este punto es lo que percibe el que está sometido a esas decisiones. Y si esa percepción es mayoritariamente de impotencia y desilusión, como se expresa con frecuencia, los cambios se hacen imprescindibles. La necesidad de esas modificaciones, generó precisamente el movimiento conocido como justicia legítima.
Numerosos jueces, fiscales y defensores, junto a académicos y sectores sociales preocupados por la temática, plantearon por primera vez en la historia judicial argentina, la firme decisión de afrontar las falencias apuntadas y sobre todo la disposición a aportar lo que fuera necesario desde cada cargo o función, para lograr una justicia más democrática. En ese proceso, la sintonía con los anuncios presidenciales de propuestas de reforma judicial, es sin duda sorprendente. Se trata de una conjunción que lejos de casual, o de producto de algún extraño complot, es el resultado del espacio social existente hoy en nuestro país. El mismo que permitió hace ya una década, que la Corte Suprema de Justicia declarara la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad y luego el formidable proceso de verdad, memoria y justicia sobre violaciones masivas a los Derechos Humanos, que asombra al mundo. La continuidad lógica de ese proceso es la actual etapa de cambios importantes en el Poder Judicial.
Al respecto, la propuesta de elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura representantes de académicos, jueces y abogados, es un punto de inflexión en nuestra historia institucional contemporánea. No se trata solamente de instrumentar un mecanismo distinto, innovador o moderno de elección. De lo que se trata además, es de terminar para siempre con la lógica perversa de que es bueno que quienes van a nombrar, controlar y en su caso destituir a integrantes de una corporación, sean elegidos por los propios miembros de esa corporación. Reparar solamente que en el caso de los jueces, que en el sistema actual, son elegidos por un universo de aproximadamente 2.000 magistrados y funcionarios y que con el sistema propuesto pasarían a ser elegidos por aproximadamente 15.000.000 de votantes, causa sensaciones encontradas. A algunos de quienes integran la corporación de 2.000 magistrados y funcionarios, puede molestarle esta propuesta. Por el contrario, no tengo dudas que la inmensa mayoría de los 15.000.000 de votantes, provenientes de todos los sectores sociales de nuestra comunidad, que por primera vez en la historia, van a ser partícipes directos de la designación de quienes van a nombrar, controlar y eventualmente destituir a los jueces de la nación, no van a sentir molestia alguna. Por el contrario, van a tener la agradable sensación de aire fresco que sólo la democracia real puede generar.
El desafío hoy, es evaluar honestamente los proyectos sin prejuicios y sin intereses mezquinos inaceptables. Quien pretende una sociedad con jueces imparciales, debe ser imparcial a la hora de analizar las propuestas para lograr una justicia mejor. En mi opinión, en este proceso inédito, los únicos que evidencien intolerancia al análisis serio de las propuestas, serán aquellos que teman perder los privilegios históricos de los que siempre gozaron alegremente, sin que molestos magistrados, funcionarios y políticos sensibles los pongan en la disyuntiva de tener que apoyar lo obvio y evidentemente conveniente para la mayoría de la sociedad.
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