Justicia rechazó el segundo amparo contra la reforma

Jorge Rizzo

La jueza en lo contencioso administrativo federal María Alejandra Biotti rechazó un planteo de inconstitucionalidad del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal contra la ley que regula las medidas cautelares, que apunta a evitar que puedan permanecer en el tiempo sin un plazo definido.

El Congreso votó el pasado 25 de abril la ley que establece las pautas para que el juez dicte una medida cautelar, excepto cuando se trate de casos que este afectada la vida, la salud, la alimentación, o se trate de sectores vulnerables, y que la misma no se puede prorrogar por seis meses, aunque con un motivo justificado, se puede extender por el mismo plazo.

A una semana de su promulgación y ante la presentación del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF)para declarar inconstitucional esa iniciativa, la jueza Biotti decidió rechazar "in límine" la petición de la institución presidida por Jorge Rizzo, que desde un principio había anticipado su oposición cerrada a los proyectos de reforma judicial.

La jueza rechazó el pedido el Colegio Público de Abogados porque consideró que, para que la justicia se expida, debe existir un "caso" o "controversia", algo que, a su criterio, no se da en el planteo efectuado por esta entidad.

La entidad sostuvo que la regulación del dictado de regulares "afectan el ejercicio de la profesión de abogado", porque a su criterio "restringen" la posibilidad de que los jueces dicten medidas cautelares contra el Estado Nacional.

El CPACF expuso que la ley "ataca el interés del abogado como trabajador, ya que lo hace menos útil a la sociedad" y a los ciudadanos "que necesitan hacer valer sus derechos".

De todos modos, la ley resguarda los derechos de las personas ya que estas pautas no se deben cumplir si se encuentra comprometida la vida, la salud o el derecho alimentario o sectores socialmente vulnerables.

También se habilita al juez a dictar la medida cautelar de manera inmediata y dar luego parte al Estado en casos por riesgo ambiental. Biotti sostuvo, en cambio, que la acción declarativa solicitada por el CPACF solo puede resultar "procedente" cuando corresponde a un "caso concreto".

La magistrada expuso que "el control encomendado a la justicia sobre las actividades ejecutiva y legislativa requiere que el requisito de un 'caso contencioso', 'causa' o 'controversia' sea observado rigurosamente, no para eludir cuestiones de repercusión pública, sino para la trascendente preservación de principio de división de poderes".

El Colegio manifestó que actuaba en defensa de intereses colectivos, pero la juez evaluó que, aún así, se debe verificar la existencia de un "caso", "causa" o "controversia", que no se da "cuando se procura la declaración general y directa de la inconstitucionalidad de normas o actos de otros Poderes" del Estado.

La declaración de inconstitucionalidad pedida por el Colegio "importaría la virtual derogación de esa ley en sede judicial, con la consecuente intromisión en la jurisdicción de otros tribunales que deben aplicar el régimen de medidas cautelares en las causas en las que es parte o interviene el Estado", agregó la magistrada.

"Los jueces no pueden tomar por sí una ley o una cláusula constitucional y estudiarla e interpretarla en teoría, sino solo aplicarla a las cuestiones que se susciten o se traen ante ellos por las partes en litigio, a fin de asegurar el ejercicio de derechos o el cumplimiento de obligaciones", acotó Biotti.