¿Existió un "Lawfare" administrativo?

Un fallo de Cámara puso en crisis una serie de causas donde la AFIP fue protagonista en la provisión de información, falseo de informes y retroalimentación mediática. Disección cronológica y el factor Mecikovsky (otra vez).

El 19 de agosto, la Cámara Federal de Bahía Blanca firmó un fallo que puede significar un cataclismo para distintas causas judiciales que tuvieron idénticos proveedores de información, similares procedimientos de incorporación de pruebas, mediatización a discreción y, sobre todo, hipótesis delictivas forzadas, cuando no falseadas. Lázaro Báez se llevó la marca porque él y su hijo fueron "desprocesados" en un expediente que los ponía al mando de una asociación ilícita que comandaba una usina de facturas apócrifas destinadas a la evasión fiscal. Sin embargo, lo más relevante de la resolución firmada por los camaristas Pablo Candisano Mera y Leandro Picado no tiene nada que ver con el impopular dueño de Austral Construcciones, sino que se dedica a diseccionar cómo la AFIP introdujo pruebas en la causa que resultaron no tener ningún tipo de soporte.

La maniobra que describe la sentencia de la Sala II es de una complejidad que sorprende pero revela también la arbitrariedad con la que información sensible fue fraguada para luego ser la columna vertebral de expedientes de impacto político. La descripción que hicieron los camaristas bahienses de lo ocurrido es rayana al delito. Develarla en formato de fallo de Cámara puede generar un efecto dominó en casos donde procedimientos y protagonistas hayan sido parecidos. Y lleva a otro interrogante: ¿Existió algo así como el "Lawfare" administrativo?

Báez se llevó una falta de mérito porque, en apretada síntesis, la hipótesis de que regenteaba una serie de empresas que "fabricaban" facturas truchas y a la vez era usuario de las mismas no cerraba. Quienes aparecen como responsables de esas firmas que facilitaban el uso de instrumentos para evadir tuvieron sus procesamiento confirmados, y el fallo derriba que haya existido prueba de que Austral Construcciones pagaba esas facturas ficticias con cheques que eran descontados en financieras y luego retornaban en efectivo al Grupo Báez. Para la justicia, Báez pagaba para obtener elementos que le permitan ocultar ganancias simulando gastos, pero la estructura bahiense le precedía y tenía otros "clientes".

Pero existió otro dato que llamó la atención a los jueces: para relacionar una empresa llamada Iberoamericana con Báez y su gente, el juez se basó en un informe presentado por dos contadores que hicieron una auditoría sobre Iberoamericana llamados Carlos Blanco y Silvana Huici. Esa trama se mezcló con otra que originalmente se publicó en el diario La Nación que suscitó respecto a que Ricardo Echegaray -cuando comandaba la AFIP- había disuelto la regional Bahía Blanca aduciendo un problema gremial pero que habría tenido por objeto detener las fiscalizaciones a cargo de Blanco y Huici. Los citaron a declarar en instrucción. Terminaron diciendo que ellos nada tenían que ver con las auditorías de las firmas Penta, Calvento, Terrafari, CPA o Austral. “Se observa que el juez desistió de su interés de escuchar a quienes llevaron a cabo tales fiscalizaciones (sobre las de usinas de facturas “truchas”), bastándole recibir en audiencia a dos agentes que, de propia mano nada pudieron expresar respecto de las firmas investigadas”, dijo la Cámara.

Pero el 19 abril de 2016, a pedido del entonces subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior de AFIP, Jaime Mecikovsky, los agentes Blanco y Huici elaboraron otro informe que tenía por destino la causa contra Báez a cargo de Sebastián Casanello. Allí, ambos retomaron las auditorías que habían realizado sobre el “Grupo Suris” (de Juan Suris) y sembraron dudas acerca del real motivo de la disolución, en 2012, de la regional que investigaba, recordó la Cámara. Pero 2 días después, fue el propio Mecikovsky el que se presentó en el juzgado y apuntó contra quien había quedado al frente de una división de fiscalización, Norberto Filippini y que básicamente denunciaba que se buscó encubrir un armado para generar costos falsos en beneficio de Austral mediante la remoción de investigadores, y el avance en la inclusión de empresas en el foco de la investigación.

“Ni el informe suscripto por Blanco y Huici, ni aquel elaborado por Jaime Mecikovsky -sobre la base del primero-, resultan menores ni en esta causa ni en otras llevadas a cabo en diferentes jurisdicciones”, alertó la Cámara de Bahía Blanca. Ese dato y lo que siguieron desarrollando están haciendo temblar los cimientos de casi todas las causas contra el kirchnerismo que se nutrieron con la sigilosa intervención de Mecikovsky con información de la AFIP. Se trata de un hombre central durante la gestión Cambiemos, enemigo declarado de Echegaray pero además terminal estratégica de Elisa Carrió.

Los camaristas resaltaron que pese a que el juez utilizó esos informes para procesar, ni Blanco ni Huici habían participado de las fiscalizaciones en cuestión, pero las cuestionaban. “A esta altura no logra comprenderse la razón por la cual fueron Blanco y Huici los agentes elegidos por Mecikovsky para elaborar tal informe, en detrimento de otros agentes que podrían haber echado luz sobre esta cuestión”, advirtió la Sala II.

Esa secuencia de testigos que no habían participado de procedimientos fiscales pero que señalaban irregularidades que no habían visto, y que a su vez servían a Mecikovsky para alimentar y multiplicar causas penales, se cruzó la disolución de la regional Bahía. “Se observa que se fueron generando diversos relatos e interpretaciones en torno a los motivos que impulsaron la Disolución de la Regional de Bahía Blanca que ha ido virando con el correr del tiempo, dependiendo del contexto histórico”, observaron los jueces. Que además recordaron que existió una causa impulsada por el gremio de AEFIP en cuanto a que denunciaban que esa medida de Echegaray fue una represalia a un conflicto gremial que pedía por mejoras laborales. Allí ya había aparecido el agente Blanco demandando que lo buscaban desplazar de su cargo. Pero jamás alegó que eso se basaba en sus investigaciones respecto a la usina de facturas truchas ni de Austral. La demanda fue rechazada y ese fallo quedó firme por la Corte el 4 de junio de 2021.

Pero a eso se le sumó que Huici declaró en 2014 que tampoco había recibido presiones de las empresas que supuestamente investigaba. “Sin embargo, un año y medio después (abril del 2016) suscribió un informe para ser presentado en la causa 3215/15 donde específicamente sostuvo que “durante las fiscalizaciones a las empresas ‘usuarias’ [de las facturas apócrifas emitidas por Grupo Suris], en la medida de su avance, se generaron distintas objeciones por parte de los representantes de las auditadas, llegando a las amenazas verbales”, remarcó la Cámara. Nadie denunció nunca amenazas ni ese año, ni los siguientes. Ni siquiera después de la disolución de la regional.

¿Qué había pasado en el medio? Los jueces subrayaron que todavía no se había publicado en La Nación el artículo que desencadenaría esta causa y relacionaba que el cierre de Bahía Blanca había sido por Báez. “Lo cierto es que, a lo largo de toda esa causa, ni Blanco, en su carácter de actor, ni Huici, quien ofició como testigo, esbozaron ninguno de los vínculos que a la postre sostuvieron en esta pesquisa y otras causa”, afirma el fallo.

“A fines del año 2014, donde se empieza a instalar la versión de que el motivo de la disolución (de la regional) habría sido beneficiar –ya sea directamente o de forma elíptica– a Austral Construcciones. En esta nueva hipótesis es donde se observa una remisión circular a fuentes de información cuyo inicio no es posible advertir con facilidad”, indicaron.

“Pese a que al interponer su demanda contra la AFIP, en enero del 2014, Blanco esgrimía que los motivos de su desvinculación se debían a las auditorías que realizaba en el “Grupo Suris”, sin invocar mayores motivos, y sin siquiera mencionar a la empresas investigadas en esta causa, casi 2 años después (en junio del 2015) “por los hechos posteriores que tomaron estado público por la prensa” afirmaba que la separación de su cargo tuvo relación con el avance de la investigación”, y que ahora sí se relacionaba a las usinas de Bahía. En abril de 2016, a pedido de Mecikovsky introducen en el informe que las firmas habían sido mal fiscalizadas y que la regional se había disuelto para encubrir. Y sostuvieron que el Grupo Suris se relacionaba a Austral a través de la empresa Iberoamericana. Los jueces repasaron que esa versión fue reforzada en mayo de 2016 que se apoyaba en el informe de Blanco-Huici. Se probó que la empresa de Báez jamás había sido auditada en Bahía al momento de la disolución pero la versión en contrario era replicada en todos los medios de comunicación, indicó el fallo. Y así fue que los volvieron a citar a testimonial después de esa nota, que relataba lo que ellos habían informado antes en la causa. Un círculo.

Huici declaró que tenía “solo sospechas” de la relación entre Báez y Suris porque nada solo habían detectado usuarios de este último en obra pública provincial. “Se observa que las versiones se retroalimentan entre los trascendidos públicos y los mencionados agentes de AFIP, sin que en el marco de esta pesquisa haya sido llamado a echar luz sobre aquellos hechos ningún otro funcionario”, se sorprendieron los camaristas. Y que la versión del cierre de la regional por Báez se instaló como única versión posible jamás siquiera esbozada por nadie de la AFIP.

“Así irrumpió en escena el informe elaborado por Blanco y Huici, que confeccionaron a solicitud de su superior, Mecikosvky. Una vez suscripto, esos dichos publicados por los medios de comunicación pasaron a tener un soporte institucional. Sin perjuicio de que quien suscribiera tal informe haya sostenido una vez que su fuente de información era la prensa”, puntualizaron. También aparece difuso el motivo por el cual se atrajo toda la investigación y se subsumieron causas en los mismos juzgados. Jamás hubo conexidad.

Pero hubo más: “se observa que la disolución de la DRBBca en agosto 2012, desencadenó las más variadas suspicacias, y no surgió ningún reparo frente al hecho de que a partir de diciembre del 2015 -con la nueva dirección de AFIP-, se decidió disolver la DR de Río Gallegos y monopolizar el estudio de todas las auditorías a realizarse relacionadas con Austral Construcciones (incluyendo las empresas bahienses aquí investigadas) concentradas en una sola unidad de Fiscalización, dependiente de la Regional Mar del Plata, pese a que ninguno de esos contribuyentes tenía domicilio legal o fiscal en tal ciudad”. Fue Mecikovsky el que admitió haber promovido la disolución de la regional Río Gallegos y pasar todo a Mar del Plata porque “hay gente en la que confío que trabaja allí”. Nadie se quejó de que ello ocurriera, monopolizando investigaciones fuera de procedimiento.

Candisano Mera describió esta secuencia y su objetivo: “sobreabundar con presuntas conductas reprochables sobre la empresa investigada y, de este modo, pese a que nada pruebe tengan que ver con aquello que se está juzgando, tal circunstancia permite –a fuerza de sobrecargar con información presuntamente incriminatoria y expuesta de forma confusa– construir, atribuir y fortalecer la imputación -claro está, de forma aparente-”, fustigó. Este último párrafo es factible de ser extrapolado a múltiples casos.