Gobierno y jueces buscan salir del laberinto por jubilaciones especiales

Política

Posible suba del porcentaje de descuentos mensuales con el objetivo de mantener el 82% móvil. Se evalúa equiparación en edad con régimen general (65 años). Ambos lados intentan evitar guerra abierta.

“Todos van a tener que ceder algo”. La frase representa el horizonte de expectativas en torno del tema más espinoso que enfrenta hoy al Gobierno con los jueces: el régimen especial de jubilaciones del Poder Judicial. En ambos bandos prima la intención de salir del laberinto en el que ingresó la Casa Rosada incluyendo la reforma en la extensión de sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 29 de febrero y generando el primer malestar con los tribunales de la era Alberto Fernández. Para el mundo judicial, el asunto es mucho más gravitante y vital que la anunciada reforma de la Justicia federal que tendrá como epicentro solo a Comodoro Py.

De acuerdo con los términos en los que se plasme esa modificación en el régimen previsional serán sus chances de atravesar con éxito el tamiz de los propios tribunales, los que deberían hacerse cargo de planteos contra cualquier cambio que los involucre. Allí los jueces cuentan con una ventaja extra respecto del mismo cambio que operará para el servicio exterior. En las dos esquinas del ring coinciden en que el consenso es la única garantía de pax.

Todos los ojos se ponen en febrero, cuando formalmente ingresará el proyecto en alguna de las Cámaras del Congreso. Para los judiciales la barrera infranqueable para no ir a la guerra directa es que se sostenga el régimen del 82% móvil que caracteriza al sistema especial del Poder Judicial. La Asociación de Magistrados -que funge de cabeza de playa para la discusión- prepara números concretos para dejarle en claro al Gobierno que, dentro del déficit general del sistema previsional argentino, su régimen especial está prácticamente equilibrado, gracias al aporte del 10% adicional al resto de los trabajadores en relación de dependencia. Ese cálculo los ubica con un descuento mensual del 12% en sueldos brutos elevados con respecto al promedio dentro de la administración pública.

El problema para la administración Fernández es que cualquier retoque afectará mucho más que a los jueces y fiscales, sino también a los funcionarios, lo que vuelve mucho más numerosa la resistencia. Todavía persisten los malos recuerdos respecto de la avanzada que logró el macrismo con respecto al Impuesto a las Ganancias. En términos fiscales fue ínfimo el avance, pero dentro del ecosistema judicial produjo un cimbronazo difícil todavía de asimilar.

El margen para la negociación incluye la suba de ese porcentaje de descuento, entre un 13% y un 15% total, a cambio de no alterar la movilidad del 82% a la hora de la jubilación. Magistrados estarían dispuestos a conceder ese punto si obtienen certezas de que no habrá sorpresas en el proyecto que envíe el Gobierno y es lo que han transmitido a la ministra Marcela Losardo. No habría retroactividad, no se cambiaría el cálculo de movilidad ni tampoco afectaría a quienes estén próximos a jubilarse. Esa será la clave.

La edad es otro de los puntos neurálgicos sobre los que puede haber tironeo. Hoy el régimen especial concibe 30 años de aportes y un umbral de 60 años para acceder a la jubilación. No sería el principal obstáculo extender la edad jubilatoria e igualarla con el régimen general, lo que permitiría a magistrados acceder al beneficio a partir de los 65 años. En la práctica es lo que ocurre: más allá de cumplir con los años de servicio y exceder el umbral requerido para solicitarla, jueces y fiscales tramitan el beneficio pero mantienen su actividad en paralelo, hasta que voluntariamente deciden hacer uso de su jubilación. Por ende, en general, aportan más años y permanecen más allá de los 60. No sería una modificación imposible. Resta determinar qué sucedería con quienes están próximos a cruzar ese límite bajo el régimen actual.

Un condimento adicional tabicaría la permanencia: los jueces sostienen la movilidad en base a que pueden ser convocados aun estando jubilados, por lo que de alguna manera sostienen un status diferencial. El Gobierno podría forzar a que no puedan tramitar la jubilación como back up (también disciplinario) y seguir en funciones, sino que deban optar en solicitarla al momento de hacer uso de la misma. La práctica de convocatoria a jueces retirados –con una ley de subrogancias vigente- es un punto modificable.

La salida del laberinto podría significarle al Gobierno un módico triunfo político ante la sociedad, pero con leve impacto fiscal. Sin embargo, parece ser la única salida posible para evitar un enfrentamiento directo con los tribunales y pulverizar así los puentes que parecieron tenderse con el cambio de gestión.

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