Histórico: Servini indaga hoy a un exfuncionario del franquismo

Política

Rodolfo Martín Villa declarará como imputado por 13 muertes, en el marco de un sistema represivo heredado de la dictadura de Francisco Franco. Episodio trascendental en única causa abierta de jurisdicción "universal". Jueza argentina lo interrogará de forma virtual. Apoyo de expresidentes a acusado.

En un acontecimiento con características históricas, la jueza federal María Servini tomará hoy a las 11, hora local, declaración indagatoria a Rodolfo Martín Villa, ministro del Interior durante la transición, pero acusado por delitos de lesa humanidad durante el franquismo. La justicia argentina, en la causa que instruye la magistrada, es el único proceso abierto en el mundo de justicia transicional abocado a desentrañar los crímenes ocurridos durante la dictadura de Francisco Franco en España, y a través de un fallo de la Cámara Federal de Casación, extender el período investigado a todos aquellos hechos de la transición que pudieran haber sido una prolongación de esos delitos imprescriptibles. Villa va a declarar en la sede del Consulado de Argentina en Madrid a partir de las 16, de acuerdo al horario europeo.

Tras una serie de trabas, a las que se agregaron las particularidades de la pandemia, la indagatoria no será presencial como pretendía Servini pero vía Zoom se lograrán sortear los últimos inconvenientes para arribar a un hito procesal dentro del expediente originado en una denuncia que data de 2010, cuando la justicia argentina tomó el caso. El exministro Villa es uno de los 15 acusados de los 20 que habían sido imputados por Servini en octubre de 2014, cuando al mismo tiempo dictó órdenes internacionales de detención. Puntualmente, Villa está acusado por “delitos de homicidio agravado” en un contexto de crímenes de lesa humanidad por sucesos ocurridos en un contexto represivo donde murieron 13 personas. En Pamplona, en una asamblea a raíz del conflicto en una fábrica, en Vittoria donde hubo 12 muertos, en 1976. Y también por la muerte conocida como la Masacre de los Sanfermines, en 1978. Para ese entonces ya se había aprobado la Ley de Amnistía que evitaba la persecución penal sobre crímenes del franquismo y sus ejecutores. El saldo de los Sanfermines fue de 150 heridos, 11 ellos de bala, y un muerto: el activista político Germán Rodríguez, que fue asesinado a los 27 años. Su hermano participará hoy a las 7.30 de una conferencia de prensa virtual de las querellas, vía Zoom, que será la antesala de la declaración indagatoria que tomará Servini.

La defensa de Villa se basó en remitirle a Servini cartas de apoyo de los exmandatarios de España. Así, remitió respaldos de los expresidentes Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Incluyó varias otras misivas de personalidades de la política española en el mismo sentido. En todas se asegura que el acusado fue uno de los garantes de la democracia, pero para la querella, que espera con mucha ansiedad este paso procesal considerado histórico, Villa fue uno de los garantes de la continuidad del aparato represivo instaurado durante el franquismo, y cuyos crímenes permanecen impunes.

Varias de las trabas procesales, han denunciado las querellas, se originaron en el propio gobierno de España que ha sostenido que tales hechos no pueden ser alcanzados por la persecución penal y que hay diversas leyes suscriptas por ese país que impiden el accionar de la justicia argentina.

En abril de 2010 se inició el largo recorrido de esta causa en la que Servini adoptó pasos trascendentales para aplicar el principio de justicia universal y avanzar así en un proceso inverso al que aplicó el exjuez Baltazar Garzón respecto a los crímenes de la dictadura argentina desde España. En su momento, la presentación había buscado recabar la mayor cantidad de adhesiones posibles, en un equipo técnico que comandaba Carlos Slepoy y que hoy tiene entre los abogados que impulsan las querellas a Eduardo Fachal.

Los familiares de víctimas de dirigentes asesinados durante el franquismo, Darío Rivas ya fallecido– e Inés García Holgado, junto a una decena de organismos de defensa de los derechos humanos argentinas y españolas, suscribieron la demanda que fue la punta del ovillo para que otras víctimas presten testimonio de los crímenes cometidos contra sus familiares. Diez años después, se logra un paso fundamental con la primera indagatoria.

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