A través de la Acordada 34/2020, la Corte Suprema firmó ayer el aumento salarial para todo el Poder Judicial de un 10% retroactivo al 1 de octubre. La decisión -que tiene una pelea subterránea por el manejo de la “caja” con el Gobierno- se argumentó “con el propósito de mantener el poder adquisitivo de los sueldos de todas las categorías del escalafón del Poder Judicial de la Nación respecto a la inflación”.
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Firmada por todos los ministros Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, y también por el administrador general Héctor Daniel Marchi, se resolvió otorgar un 10% de incremento salarial, pero se subrayó su carácter “como primer aumento salarial del corriente año”. La aclaración parece un explícito reproche a la ausencia de partidas de refuerzo que han tenido su réplica en medidas de fuerza por parte de gremios judiciales. Remunerativa y bonificable es el estatus de la “paritaria” resuelta por la Corte que, en el escrito, remarcó que se indicó a la Jefatura de Gabinete “la modificación de las partidas presupuestarias vigentes y la disposición de los recursos financieros necesarios para afrontar el correspondiente incremento”.
La Corte también dispuso -sin fecha- que le tomará juramento a los consejeros suplentes por los abogados, Carlos Matterson y Diego Marías que completarán el mandato de este estamento.
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