Se resignaron como pocos a que desde Olivos les retiraran el saludo. Agasajaron al único funcionario que los atendió, el secretario de Cultura (una ironía), Torcuato Di Tella. Pero ayer los "gordos" de la CGT estallaron cuando advirtieron que el presupuesto destinado a sus obras sociales había sido recortado en $ 80 millones. Lo decidió Néstor Kirchner para abultar la partida de planes sociales, destinados en general a los mayores adversarios de los sindicalistas: los "piqueteros", que ahora dominan la calle. Rodolfo Daer y los suyos se juran combatir pero temen, por su mala imagen, a un gobierno con popularidad. Además, el ministro de Trabajo amplió la representación de Hugo Moyano, el sindicalista del Presidente, a actividades colindantes a la de camioneros (depósitos de mercaderías, etcétera). Por si faltaba algo: al PAMI iría un socialista, el rosarino Hermes Binner, en reemplazo del desgastado Juan González Gaviola. ¿Se inicia una guerra?
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Con esta «sola» agresión habría bastado para que los «gordos» se animaran a imaginar un conflicto con el actual gobierno, tirando por la borda las promesas de concordia que formuló Alberto Fernández en la última comida que compartieron con el jefe de Gabinete en el sindicato de Empleados de Comercio. Pero también ayer hubo otro gesto irritante para los gremialistas más tradicionales: en el Ministerio de Trabajo, Carlos Tomada se disponía a ampliar la representación del sindicato de Camioneros, adjudicándole la posibilidad de representar a todos los empleados del sector «logístico». Es decir, no solamente al rubro «camioneros» del transporte de cargas sino también a empleados de depósitos o centros de distribución de mercaderías. Se encendieron luces de alarma en todo el gremialismo ante lo que parece ser el fin de un criterio de clasificación: el que adjudica los afiliados a cada sindicato según la principal actividad de cada rama de la economía.
Para completar una jornada negra, llegó a la CGT otra noticia infausta. El PAMI, obra social en la que se celebran negocios de todo tipo ligados a los gremios, será sacada de las manos de un peronista: Kirchner está a punto de echar de allí a Juan González Gaviola para poner a Hermes Binner, intendente de Rosario del Partido Socialista.
Desde Córdoba, el coordinador de la Secretaría de Cultura y Capacitación de la CGT, Daniel Amoroso, lanzó un comunicado para clausurar un congreso de su área. En esa declaración, Amoroso lamentó: «Hemos perdido la calle, la hemos dejado en manos de los mal llamados piqueteros». Parecía la constatación política del fenómeno que los viejos dinosaurios de la central obrera verificaban a esa hora en Buenos Aires: ansioso por ampliar la partida de planes sociales que maneja su hermana Alicia, Kirchner ordenó reunir $ 400 millones adicionales del presupuesto y encontró una parte de esa suma en la APE. Los $ 80 millones de ese fondo irían a programas sociales, es decir a los piqueteros, por cuya expansión se quejó Amoroso.
En la APE se administran $ 300 millones por año, provenientes de una parte de los aportes de los trabajadores a las obras sociales y distribuidos entre éstas a manera de subsidios por prestaciones de alta complejidad, sida, etcétera.
Los gremialistas quedaron paralizados ante la novedad, no porque los sorprendiera una agresión de parte de Kirchner sino porque ignoran cómo reaccionar ante ella. Miran a su alrededor y advierten que empresarios, políticos, militares y hasta obispos se inclinan, prudentemente, ante un gobierno que reclama para sí una popularidad superior a 70%: «Con la imagen que tenemos, ¿vamos a ser nosotros los que enfrentemos al monstruo?», se preguntaron, desconsolados.
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