Kirchner quiere ahora el manejo de la salud en la Capital Federal

Aníbal Ibarra recibió dos malas noticias sobre la llegada del fin de semana que intentará revertir a partir de hoy. El viernes pasado, la Legislatura le impidió alargar el plazo -tanto como lo pretendía- para presentar su defensa ante la Sala Acusadora de juicio político. Esa misma noche, el secretario de Salud, Alfredo Stern, le presentó su renuncia definitiva. En medio del conflicto con el personal del Hospital de Pediatría Juan Garrahan, entre otros cuestionamientos a su gestión, el funcionario decidió irse sin vueltas. Aún cuando Ibarra lo tenía en una grilla de ministros de su gabinete próximos a ser reemplazados, el cambio intentaba producirse más adelante, luego de la definición sobre si habrá o no enjuiciamiento por mal desempeño en relación con el caso Cromañón. Stern había sido nombrado luego de que el radical Aldo Neri fuera electo diputado nacional en 2001. Su llegada fue disfrazada de contraprestación al radicalismo, ya que el funcionario venía de la gestión del intendente de Vicente López, Enrique «Japonés» García. Un hombre que gerenció la medicina privada y fue titular de centros asistenciales de nivel estatal y privados, en la función porteña Stern no llegó a conciliar criterios con la llamada «corporación» médica, la que terminó ganándole la pulseada, incluso con el amague de supuestas «revelaciones» que pudieran complicarlo.

Stern participó en persona del salvataje de las víctimas del local bailable la noche del 30 de diciembre y fue cuestionado por los legisladores de la comisión especial que recomendó el juicio político a Ibarra.

El jefe de Gobierno ya marcó en ese dictamen, como uno de los puntos principales por rebatir, precisamente, el relacionado con las críticas al sistema de salud. Se encuentra Ibarra ahora ante la duda: nombrar en reemplazo de Stern a Julio Salinas, un ibarrista que se desempeñaba como titular del SAME el día del trágico accidente y que fue ascendido a subsecretario del área de Salud, con lo que desafiaría más a la Comisión de Juicio Político, o inclinarse por la consolidación de su alianza con el gobierno y hacer el reemplazo por un kirchnerista. Ese oficialista sería el director del hospital Argerich, el que eligió Néstor Kirchner para atender su salud presidencial hasta 2007. Julio Spaccavento, director del nosocomio, es un dirigente histórico de la Juventud Peronista, a quien algunos recuerdan ligado a la corriente Intransigencia y Movilización Peronista de la JP y de militancia en los '80 junto a Dante Gullo y luego a dedicarse de lleno a su actividad profesional. Spaccavento fue ministro de Salud de la frustrada intervención federal en Santiago del Estero que encabezó Pablo Lanusse. El lunes próximo, Ibarra tiene marcado el plazo para hacer su defensa ante la Comisión investigadora de Juicio Político, que con el voto del ARI le rechazó un pedido de prórroga para que formule su descargo ante las acusaciones por presunto mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. El jefe de Gobierno definirá si solicita al menos 48 horas más, ya que en la última reunión de la comisión el voto del arista Fernando Melillo le acortó el tiempo, pero no estaban presentes sus aliados del kirchnerismo para revertir la definición. Los asesores de Ibarra trabajan no sólo en demostrar que el jefe de Gobierno porteño no incurrió en negligencias con relación directa a las 194 muertes del 30 de diciembre, sino en ver la posibilidad de refutar el dictamen al punto de comprometer judicialmente a algún legislador. Casi de esa manera, Ibarra se lo dio a entender a Godoy, con quien se reunió varias horas a solas. En principio, el dictamen le habría llegado incompleto, por lo que reclamó no en los mejores términos. Luego Ibarra insiste en que el informe «es inmoral» y hasta cree que se escondería un delito en su redacción.Algunas de las cuestiones que subrayó con resaltador en las casi mil hojas del dictamen tienen relación con:

 • El testimonio de un ex director del Hospital de Clínicas, quien ante la comisión especial, que es la anterior que actuó no la de la Sala Acusadora, había manifestado que no se aplicaron los métodos correctos para la asistencia de las víctimas y eso habría provocado muchas muertes.

• La desatención que cree habrían prestado los legisladores a las acusaciones contra el defensor adjunto del pueblo, AtilioAlimena -uno de los testigos de la causa penal que lleva el juez Julio Lucini-acerca de su presunta vinculación con empresas que se dedicaban a los trámites de habilitación contra incendio.

• Cómo se habilitó realmente el local bailable en 1997, cuando su cargo lo ocupaba Fernando de la Rúa y el local, llamado entonces «El Reventón», se dedicaba a bailantas. Cree que hasta allí debió ampliarse el pedido de pruebas.

• Los testimonios que constan en las versiones taquigráficas no habrían sido tomados en su totalidad como prueba. Cree Ibarra que hubo una selección «malintencionada» de los relatos, según aseguran en el Gobierno porteño.

• Tomará observaciones del kirchnerista Miguel Talento, integrante de la Sala Acusadora, quien solicitó que se dejara asentado que el traslado del expediente que se estaba planteando no respetaría el reglamento ni procedimiento de la comisión.

Así despliega Ibarra todo su arte de ex fiscal, mientras hace analizar las 22.000 fojas que conforman los testimonios que sustentaron el dictamen de la comisión especial que presidió la legisladora Fernanda Ferrero (ex Recrear).