Kirchnerismo fustigó la medida
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En la misma línea el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, criticó que "desde la cautelar que nombró presidente provisional a Federico Pinedo, pasando por todos los decretos anunciados esta semana "se han llenado la boca hablando de constitucionalidad, así que si quieren hacer alguna modificación deben pasar por ley primero", y agregó que además de Sabbatella, distintos sectores en todo el país han hecho presentaciones ante la Justicia en pos de frenar la medida.
Juan Cabandié apuntó directamente contra el director ejecutivo de Grupo Clarín: "Creo que la intervención a la AFSCA es el pliego de condiciones de Héctor Magnetto".
La legisladora porteña por Nuevo Encuentro, Gabriela Cerruti, opinó que "no se puede creer que se remueve a un funcionario nombrado por una ley con una conferencia de prensa. Eso habla del patoterismo de esta gente que está ocupando la Casa Rosada desde el 10 de diciembre".
En conjunto, el bloque de diputados kirchneristas repudiaron a través de un documento titulado "Un presidente electo que actúa de facto". El texto, tilda la decisión del Gobierno de "conducta antidemocrática".
"Tampoco nos llama la atención que quien lleve adelante las intervenciones sea Oscar Aguad, apodado en Córdoba "El Milico", que dejó malos recuerdos en su intervención a la provincia de Corrientes en el mal recordado gobierno de la Alianza", suscribe el documento.
El ex ministro de Planificación, Julio de Vido, se expidió a través de las redes sociales: "Como decía Maquiavelo, los grandes crímenes, la primera noche. En la víspera de Navidad el Gobierno de Macri atropella las instituciones de la república, modificando por decreto los alcances y contenidos de dos leyes de la Nación", sostuvo en Twitter.
El dirigente Julián Álvarez usó la misma herramienta y criticó vía Twitter: "Macri le arrebata derechos a los argentinos para concederle privilegios al Grupo Clarín violando la Ley de Medios y la Ley Argentina Digital".
Carlos Tomada, ex ministro de Trabajo, sostuvo que esta decisión "es peor que el decreto que designó en comisión a dos miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".
Eduardo "Wado" De Pedro, ex Secretario General de Presidencia señaló que "Macri interviene por la fuerza el AFSCA. Pisotean una vez más la ley, ahora para garantizar los negocios de Clarín y sus amigos". En este marco, cuestionó: "Un militante político de la UCR de muchos años como Oscar Aguad intenta desplazar a Martín Sabbatella 'acusándolo' de militante político".
El constitucionalista Eduardo Barcesat dijo al respecto: "Vamos a esperar pacientemente y con responsabilidad que la Justicia defina si tenemos razón nosotros".
Otro en cuestionar la medida fue el intendente de Resistencia, Jorge Capitanich: "Es un etroceso institucional gravísimo" y señaló que "marca una impronta de Gobierno, que son repudiables".
Además, los senadores del FpV afirmaron que "el desplazamiento de estos funcionarios vulnera los plazos de sus respectivos mandatos que fueron fijados por leyes sancionadas por el Congreso de la Nación".
Destacaron además que "la intervención que decidió el gobierno del presidente Mauricio Macri vulnera los principios de autarquía de la AFSCA y de la AFTIC consagrados por las leyes de creación de dichos organismos".
La bancada que preside Miguel Pichetto criticó al gobierno por considerar que "asumió con un mensaje de respeto a las instituciones, a la ley y a la República, pero está haciendo todo lo contrario con medidas discrecionales, como lo son estas intervenciones".
Agregaron que este es un mecanismo "no es sostenible en el tiempo", y reclamaron que "el Gobierno tenga vocación de diálogo y, sobre todo, respeto por las normas vigentes y los plazos y criterios fijados por Ley".
Por otra parte, los miembros del FpV de la Cámara Alta indicaron que "parece que detrás de la intervención de la AFSCA y de la AFTIC están los intereses concentrados de las telefónicas y un intento de esquivar las exigencias de control del espacio audiovisual; lo cual podría generar pérdida de empleos en las pequeñas y medianas empresas y cooperativas de televisión por cable del interior del país".
Los legisladores remarcaron que "con estas intervenciones el gobierno completa el atropello iniciado a través del DNU 13 que vulneró la autarquía de ambos organismos, y en consecuencia ahora liquida todo el sistema de servicios de comunicación audiovisual y de tecnologías de información y comunicaciones que fue debatido y sancionado en el Congreso de la Nación".




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