7 de febrero 2019 - 00:01

Tarifas: ultracristinismo araña protagonismo para frenar subas

La iniciativa de la bancada que comanda el "aspirante" presidencial Agustín Rossi suspende por un año las actualizaciones. En 2018, el Ejecutivo derogó ley y la oposición nunca insistió.

De manual. El bloque ultracristinista que comanda el aspirante presidencial K Agustín Rossi intenta quitar el centro de atención opositor al peronismo y al massismo en la Cámara de Diputados.
De manual. El bloque ultracristinista que comanda el "aspirante" presidencial K Agustín Rossi intenta quitar el centro de atención opositor al peronismo y al massismo en la Cámara de Diputados.

El kirchnerismo en Diputados no activó el ingenio y desempolvó una estrategia de 2018 para reactivar el año legislativo: presentó un proyecto para frenar suba de tarifas de distintos servicios. El problema que tiene el bloque que comanda el ultracristinista Agustín Rossi es que dentro de su propio espacio tiene a legisladores que piden retrotraer las tarifas a 2015.

Mientras tanto, continúa la discusión sobre si el desastre energético que dejó el cristinismo a fines de 2015 fue combatido con mayores aciertos que tropiezos por el macrismo, que gatilló una política de aumentos de tarifas a valores casi imposibles de pagar en miles de casos de jubilados y de pymes.

El año pasado, kirchneristas, massistas y peronistas se unieron para sancionar una ley que frenaba las tarifas. A las pocas horas, Mauricio Macri vetó la norma. Lo curioso de la oposición en ese momento es que, pese a no contar con los dos tercios para insistir en las cámaras, ni siquiera empujó el tema. Es decir, no importaron nunca los aumentos, sino un movimiento político para dejar mal parado al resbaladizo oficialismo.

Ahora, Rossi y otros legisladores de la bancada ultra-K presentaron una iniciativa que plantea la suspensión de “aumentos tarifarios de los servicios públicos de gas, electricidad, agua potable y cloacas, a partir del 1 de enero de 2019, retrotrayendo las tarifas al 31 de diciembre de 2018”; la prohibición de nuevas subas “por el plazo de un año a partir de la sanción de la presente ley”; y que las futuras actualizaciones no excedan “el promedio del Coeficiente de Variación Salarial del año calendario inmediato anterior, a fin de garantizar tarifas justas y accesibles”.

“Según datos de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), durante el período diciembre de 2015-diciembre de 2018 las tarifas de la energía eléctrica se incrementaron un 2.303% para el consumo T1 - R1. En lo que hace a la tarifa de gas (R2 - 1.500 m3), el alza fue de 1.752%, en tanto que, en el caso del agua, el aumento acumulado en el mismo período (para el caso de usuarios residenciales no medidos) fue de 655%, afectando en particular a las zonas de bajos ingresos”, explicaron los diputados K en un comunicado.

Desde el bloque también informaron: “Si se consideran asimismo los aumentos en el transporte (que en igual período alcanzaron un 401% en el caso del tren, 329% en el colectivo y 222% en el subte), siguiendo siempre los datos de la UNDAV, la incidencia actual del gasto en los servicios de electricidad, gas, agua y transporte ha crecido de forma significativa, pasando del 6,3% del Salario Mínimo, Vital y Móvil a fines de 2015 a más del 23,5% en la actualidad, superando los registros de países como Uruguay (15%), Colombia (17,3%), Ecuador (19,4%), Perú (19,8%), Brasil (21%) y Chile (23%)”.

Semanas atrás, un informe del equipo económico de la diputada del Frente para la Victoria Fernanda Vallejos sugirió el regreso de los precios del gas, luz, agua y transporte a 2015, con actualizaciones trimestrales y subsidios por “la diferencia entre los costos del sistema y el precio que paguen los consumidores”, que se eliminarán “a medida que el salario y las jubilaciones aumenten en términos reales”. Es decir, una idea más pretenciosa que la de Rossi e incluso con salarios actuales.

En el informe de Vallejos también se pone en bandeja la posibilidad de actualizar tarifas “por un indicador trimestral que equipondere la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) y el Índice de Movilidad Previsional”.

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