La Corte Suprema de la Nación anuló el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal a favor del cierre de la causa por la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero, ocurrida en noviembre de 1995 y que causó la muerte de siete personas, además de decenas de heridos y cuantiosos daños materiales.
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La Corte, basada en un dictamen del exProcurador General de la Nación Esteban Righi, ordenó dictar un nuevo fallo ante un planteo de prescripción en la causa que, entre otros, involucra al expresidente Carlos Menem, condenado días atrás por contrabando de material bélico a Croacia y Ecuador.
El máximo tribunal, con la firma los ministros Carlos Fayt, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni, y remitiéndose al dictamen de Righi, decidió "dejar sin efecto" la resolución tomada hace algo más de dos años por la Sala II de la Cámara.
A fines de 2010, los camaristas Gustavo Mitchell (ya no integra el tribunal), Luis García y Guillermo Yacobucci aceptaron una presentación de los imputados y ex militares Jorge Antonio Cornejo Torino y Marcelo Diego Gatto.
Los defensores de Cornejo Torino y Gatto, los abogados Ernesto y Tristán Gavier, habían pedido la prescripción por "vulneración de la garantía del plazo razonable", ya que la causa computaba, a ese momento, 12 años de trámite sin sentencia definitiva.
Entonces Mitchell, García y Yacobucci le ordenaron a la Cámara Federal de Córdoba "que dicte un nuevo pronunciamiento acerca de la posible extinción de la acción penal por prescripción".
Ana Gritti, viuda de una de las víctimas fatales de la explosión, presentó un recurso extraordinario e intervinieron la Procuración General de la Nación y la Corte.
La mujer falleció, pero la querella, que sostiene la hipótesis de la explosión intencional de la fábrica militar para ocultar el la exportación ilegal de armamento a Croacia y Ecuador, siguió a cargo de sus hijos, con el patrocinio de los abogados Ricardo Monner Sanz y Horacio Viqueira.
Righi se opuso al "paso excesivo del tiempo" que alegó la defensa y sostuvo que quienes plantearon la prescripción "no se ocuparon de demostrar lo irrazonable de la prolongación del proceso".
El exprocurador había opinado que el episodio registrado en Río Tercero el 3 de noviembre de 1995 es de "gravedad y trascendencia institucional".
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