La única verdad

Está reconocido aun por mis mayores críticos y oponentes que siempre defendí los beneficios de la libertad de expresión, destacada como el baluarte de todas las libertades.

El Acta Final de la Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos se conformó sobre la libertad de información y expresión y dijo: «Las Naciones Unidas se han fijado como objetivo primordial en materia de derechos humanos que la humanidad goce de la máxima libertad y dignidad». Asimismo, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que también adhiere nuestro país, manifiesta: «Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información, pero el ejercicio del derecho previsto entraña deberes y responsabilidades especiales».

Si lo antes referenciado no se cumple, o existe carencia ética intentando por medio de la mentira, omisión y desinformación reemplazar vilmente a la verdad, desaparece lo más importante: la verdad y, paradójicamente, los objetivos esenciales de la libertad de expresión.

Siempre soporté ataques falaces y mordaz crítica pero cuando se hace presente un acto que materializa un delito las acciones judiciales deben promoverse y evitar así una práctica continua de delinquir. Máxime cuando los que lo hicieron tuvieron cabal conciencia, ánimo doloso y objeto ultrajante.

Ahora bien, cuando ese principio fundamental, la libertad de expresión -que virtuosamente acatado enriquece y afianza los valores supremos del sistema democrático-, se trastoca y se incurre en una práctica habitual de cambiar libertad por un envilecido libertinaje, mortificando ilícitamente honor y reputación, debe decirse basta.

Por esto y porque los atentados lo fueron contra toda la Nación Argentina es que no puedo permitir las lacerantes declaraciones efectuadas por Sergio Burstein. En este contexto, debo recordar que el suscripto y su gobierno realizaron innumerables esfuerzos para descubrir la verdad; entre otros tantos, se solicitó la colaboración y se recibió la cooperación de los servicios secretos del Estado de Israel, del Reino de España, de los Estados Unidos de Norteamérica, y también del FBI, otorgando el Estado argentino toda la información solicitada sin limitación alguna. Asimismo, inmediatamente de producidos los horrorosos atentados a la Embajada de Israel el 17 de marzo de 1992, y a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994, se dispusieron las investigaciones correspondientes, que al poco tiempo permitieron que la Justicia se manifestara sobre las organizaciones terroristas culpables de los hechos. Así también, se indemnizó a todos los damnificados por los atentados y se aportaron fondos para permitir la íntegra reconstrucción de la sede de la AMIA.