Una vez conocida de forma completa la denuncia completa realizada por el fiscal Alberto Nisman cinco días antes de su muerte, en el Gobierno evalúan lo que consideran una serie de inconsistencias y contradicciones que no se condicen con los hechos sucedidos antes y después de la firma del memorando de entendimiento entre Argentina e Irán para el esclarecimiento del atentado a la AMIA, tal como explicaron fuentes oficiales.
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Durante la tarde del martes y por orden del juez Ariel Lijo, magistrado a cargo a de la denuncia presentada por Nisman por encubrimiento contra la presidente Cristina de Kirchner, el canciller Timerman y una serie de dirigentes, el Centro de Información Judicial publicó el texto completo, el cual para el Gobierne tiene argumentos inconsistentes.
El eje central de la denuncia apuntaba a que el Memorando de Entendimiento se había hecho con la intencionalidad oculta de intercambiar impunidad para los funcionarios iraníes que habían sido acusados por el atentado, por un aumento del intercambio comercial con el país asiático.
Al respecto, las mismas fuentes explican que el año de mayor intercambio comercial de Argentina con Irán fue 2008, dos años antes de la acusación formal argentina contra el gobierno iraní, por planificar el atentado, y contra Hezbollah por ejecutarlo. Es decir, el mayor intercambio comercial se dio en los años de mayor frialdad en la relación bilateral.
De ahí en adelante, el comercio con Irán no fue significativo y no se registró ningún cambio alguno tras la firma del entendimiento, argumentan desde la Casa Rosada. Por otra parte, la poco significativa exportación de granos a Irán en estos años estuvo a cargo -como no puede ser de otra manera ya que el Estado argentino no puede exportar granos- de empresas privadas.
Con respecto al argumento que el supuesto pacto incluiría un intercambio energético, en el Gobierno indican que no hay un solo informe técnico o de un perito especializado en el tema que avale lo que la denuncia afirma.
Por otra parte, las mismas fuentes explican que tanto Argentina como Irán tienen la misma estructura de producción petrolífera: producen crudo y tiene relativamente poca capacidad para refinarlo, de modo que se vuelve imposible la idea de un intento de negocio energético con Irán en la medida en que Irán vende lo mismo que Argentina exporta.
Una segunda acusación era que en el acuerdo Argentina se había comprometido a trabajar para que Interpol levantara los alertas rojos que impedían que funcionarios iraníes acusados como autores del atentado pudieran salir de Irán.
En ese sentido, en el Gobierno reiteran que una carta del canciller Timerman, evidencia que dos semanas después de firmado el acuerdo, le comunica dos veces al Secretario General de Interpol que la firma del acuerdo no cambiaba los alertas rojos sobre los funcionarios iraníes y que el juez de la causa, Canicoba Corral, era el único que estaba habilitado a formular algún cambio al respecto.
En la misma línea, cuando se conoció la denuncia, el exsecretario de Interpol entre 2000 y 2014, Ronald Noble, envió un mail al canciller argentino en que le manifestaba su respaldo absoluto y decía taxativamente que lo que Nisman había afirmado era falso y reafirmaba la posición del gobierno argentino.
Una tercera acusación de Nisman vertida en el escrito, asegura que en una reunión en la ciudad de Alepo, Siria, el canciller argentino y el de Irán había sellado el acuerdo.
Al respeto, en el Gobierno evalúan que la prueba la sustentaba en los dichos del periodista José "Pepe" Eliaschev, que le había dicho al fiscal que había visto un documento donde el canciller iraní le confirmaba a su presidente tal pacto. Sin embargo, no existe documento alguno que avale ni siquiera parcialmente tal afirmación.
En su denuncia, Nisman también había transcripto una escucha de un agente de inteligencia que hablaba con el dirigente argentino-iraní, Alejandro Khalil, en la que le aseguraba que le habían dicho que en la Secretaría de Inteligencia iban a levantar los alertas rojos sobre los iraníes acusados.
En su escrito, el fiscal dice que este agente es en realidad alguien que trabajaba para Irán, sin embargo, no informó sobre el tema al juez Canicoba Corral ni al entonces Jefe de Operaciones de la SI, Jaime Stiusso, con quién según el propio Nisman llegó a reunirse hasta dos veces por semana.
Aunque el fiscal aseguraba que solo había accedido a escuchas hechas sobre Khalil, y no tenía escuchas ni de la presidenta, ni del diputado Larroque, vinculó a este agente que hablaba con el dirigente musulmán, como alguien que trabajaba bajo las órdenes de Cristina Fernández de Kirchner.
Al respecto, las mismas fuentes recuerdan que en la tarde e ayer, y a pedido del juez Lijo, la Secretaría de Inteligencia por intermedio de su titular, Oscar Parrilli, informó que Ramón Allan Héctor Bogado (mencionado como quien estaba en contacto con Khalil) y el ex juez Héctor Yrimia (mencionado como quien participó en el supuesto armado de una pista local), sindicados ambos por Nisman como miembros de SI "no pertenecen ni han pertenecido como personal de la planta permanente, contratado, de gabinete ni personal transitorio".
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