13 de junio 2019 - 19:25

Alonso instó a empresarios a denunciar casos de corrupción y pidió que los jueces muestren las DDJJ

La titular de la Oficina Anticorrupción anunció que el presidente Macri creará en breve y por decreto una red de centros de recepción de denuncias en todos los organismos públicos. Lamentó la pérdida de negocios por la corrupción y envió un fuerte mensaje a los empresarios: "Cuando toman conocimiento de que algo está sucediendo o está por suceder, denuncien".

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La titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso instó a los empresarios a denunciar casos de corrupción, exigió a los jueces la publicación de todas las declaraciones patrimoniales y abogó por mayor transparencia en los sindicatos.

En el marco del seminario económico del IAEF, Alonso exigió que los jueces cumplan la ley de ética pública y que hagan públicas sus declaraciones patrimoniales y de intereses. “No sabemos sus antecedentes comerciales, si son socios en una sociedad, si fallan a favor de un amigo. No tenemos idea quiénes son los jueces, más allá del nombre cuando firma una sentencia”, reclamó

La funcionaria pidió al Poder Judicial imitar el trabajo del Ejecutivo en las políticas de prevención de conflictos de intereses. “La Corte, el Ministerio Fiscal y todo el Poder deberían transparentar absolutamente todo. Son nuestra única garantía para la libertad, el patrimonio y la vida. Tenemos que saber quiénes son los jueces que van a decidir sobre nosotros y no solo cómo se desempeñan”, enfatizó.

Pero además, Alonso arremetió contra los gremialistas y también reclamó una renovación de las organización sindicales. “No solo hay que repensar el rol del sindicalismo, que es importante en el siglo XXI, pero en el marco de estas nuevas reglas de transparencia para el sector público y privado, no podemos no hablar de los sindicatos. Las empresas tienen responsabilidades muy fuertes en materia ambiental, derecho laboral, humanos, igualdad de género y ahora en temas de corrupción. Y los sindicatos deben estar a la altura de estas circunstancias y dar este debate”, subrayó.

La exdiputada del PRO exhortó a los empresarios a leer la ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y los impulsó a aplicar programas de integridad en sus compañías. Además, adelantó que Mauricio Macri creará en breve por decreto una red de oficinas para recibir denuncias en cada organismo estatal. “El caso Odebrecht nos ayudó a fomentar esta conversación pública y el involucramiento del sector privado. A los empresarios les costaba comprender hacia dónde íbamos. Y en el sector público nos obliga aplicar cambios y reformas internas. Cada ministerio, agencia descentralizada y empresa estatal designaron puntos focales que trabajan con la OA, que hacen un primer control y nos trae preocupaciones y los primeros casos. Esa red va a quedar consolidada con la firma de un decreto presidencial los próximos días”, anunció.

“Si alguien les pide algo indebido, denúncienlo. Hemos tramitado muchísimas denuncias anónimas, que luego terminan en imputaciones, indagatorias de exfuncionarios y de la actual gestión. Cuando toman conocimiento de que algo está sucediendo o está por suceder, denuncien. Usen la ley 27.401 para hacer la investigación interna y autodenunciarse”, remarcó la jefe de la OA.

Si bien la ley de la autodenuncia no es aplicable directamente en la provincia por ser una normativa nacional, el procurador general bonaerense Julio Conte Grand coincidió con Alonso. “La autodenuncia es fundamental porque la empresa que la hace perfila en función del análisis de sus directivos cómo han investigado la comisión de delitos dentro de la corporación. Esto facilita nuestra intervención. Hay un ámbito empresario que se acercó en los últimos meses, interactuamos con la fiscalía, detallaron lo que estaba sucediendo y se trabajó como una autodenuncia aunque formalmente no lo sea”, señaló el funcionario provincial.

En este marco, Alonso dijo que el país se encuentra en medio de un proceso de cambio respecto de la lucha contra la corrupción y aseguró que si bien no es la primera preocupación de los argentinos, hay sectores que si expresaron su inquietud. “En barrios que siempre estuvieron hundidos en heces, que la gente vivió embarrada y no compraban zapatillas blancas porque vivían en el barro, que tiene escuelas nuevas o reparadas, que toman el colectivo en zona iluminadas y que ya no les afanan, piensan que todo eso no llegó antes porque intermediaba la corrupción”, describió.

“Estamos en el borde de un cambio, que es político y cultural. Las personas tienen derechos a elegir y los funcionarios somos servidores públicos y rendimos cuentas. Cada uno de los argentinos tiene una acción y no hay que hacerse el sonso. Si hubieran seguido gobernando los mismos estaríamos más cerca de Cuba y Venezuela que de Chile y Colombia”, agregó.

En esa línea, la secretaria dijo que por la corrupción “ya no se pueden poner más en riesgo” los negocios, como ocurrió con el sector de la construcción. “Salvo Lázaro Báez, uno no hace una constructora en cinco días, se tarda muchas décadas. No se puede poner en riesgo negocios grandes, pequeños, medianos que supimos construir y los que van a venir por la corrupción. Todos tenemos cuota de responsabilidad en esta transformación, no es tiempo para vagos”, planteó.

Para Conte Grand la lucha contra la corrupción no se puede llevar adelante y menos alcanzar objetivos si no se dan tres factores: la decisión política, la actuación idónea de los “operadores” del Estado (funcionarios) y el acompañamiento de la gente. “Si la sociedad no acompaña la decisión política, la transformación y la actuación de los operadores estatales, no se puede hacer nada y el cambio se puede interrumpir definitivamente”.

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