Lavado: la polémica aparición de videos

La divulgación de 17 videos donde aparecen numerosos personajes de la política y la Justicia en las oficinas del ex banquero Raúl Moneta, con la supuesta intención de conseguir dinero o hacer negocios, amenaza con ingresar en una espiral de denuncias cruzadas que daña seriamente a personas e instituciones. Todo desarrollado como si fuera un pobre guión de una mala película de un videoclub de barrio, en un remedo de un blockbuster del subdesarrollo. No contribuyó para mejorar la seriedad de la investigación, grave si se lo mide en riesgo-país, la afanosa confrontación judicial para atender estas denuncias sobre lavado de dinero que se reparten en varios juzgados federales. En esta causa, terminarán interviniendo tres jueces subrogantes que consul-tan permanentemente las medidas de fondo con el titular que se encuentra de vacaciones y dos fiscales, que ya hicieron las valijas para irse a Washington. Poco serio.

El escándalo desatado ayer por la revelación casual -¿o intencionada?- de los videos -un remedo de Blockbuster- que involucran a un grupo de personajes importantes de la política y otros de la prensa y la Justicia, con el propósito aparente de realizar negocios o conseguir dinero con el ex banquero Raúl Moneta, amenaza con ingresar en una espiral aun más dañosa que la ocasionada por las denuncias de la diputada Elisa Carrió sobre lavado de dinero. Denuncias cuya prevención y erradicación en la Argentina parecen acercarse a una mala expresión cinematográfica de enfrentamientos de mafias y servicios de espionaje, oficiales y privados, y afanosa confrontación de jueces y fiscales por usufructuar de la nueva modalidad denunciativa.

No pasó inadvertido que las fuentes consideradas más fidedignas de Tribunales sólo se ocuparan del primer video en el que aparece un abogado mendocino -Pedro García- pidiéndole aparentemente unos $ 3 millones a Moneta y revelándole todo el detalle de una supuesta operación para una supuesta extorsión a él por parte del juez Leiva, del camarista Otilio Romano y de otros judiciales de Mendoza. Lo curioso es que este mismo testimonio fue dicho por el empresario Daniel Vila -amigo y socio de Moneta-en el Consejo de la Magistratura, y ocurre a menos de dos semanas en la que el plenario de ese cuerpo deba debatir la destitución de Leiva por estos mismos cargos.

Inteligencia

Para completar el cuadro, se lo ubica -con precisión- junto a Moneta y a García a Frank Holder, el directivo de Kroll, la agencia de Inteligencia ¿privada? que contrató Domingo Cavallo cuando era ministro de Economía y luego se radicó en la Argentina. La mayoría de sus miembros son ex CIA, al igual que su principal competidora, Universal Control, que dirige el ex montonero americanizado, Rodolfo Galimberti y también con conexiones con la central de espionaje americana.

El resto de los comentarios varían según el gusto y manchan a distintas personas: desde el periodista Jorge Lanata a políticos como Enrique «Coti» Nosiglia, pasando por un funcionario de Telefónica, el ex gobernador mendocino José Octavio Bordón o su coterráneo Gustavo Guttiérrez, quien junto a Carrió escribió el prólogo de esta mala película aún inconclusa. Sí, se sabe que los videos secuestrados y avalados por actas del escribano Alejandro Tachella Acosta (ya fallecido) y de su colega Eduardo Caballero Lascalea suman unos 17 y contienen unas 30 horas de grabación. Su calidad de filmación y su sonido es pobre, como si hubiera intervenido un equipo de mala tecnología, pese a los millones en danza que reflejan esas copias.

Poco claro

Tampoco ayudó la falta de claridad de los jueces y fiscales. Los allanamientos del miércoles al Colegio de Escribanos y al profesional Caballero Lascalea los ordenó Rodolfo Canicoba Corral, quien reemplaza a Gustavo Literas por licencia, debido a una denuncia anónima. Pero hasta hoy, ese juzgado está cubierto por Jorge Urso, quien ayer pasó su celular a un fax del Juzgado para no responder llamadas, al igual que el fiscal Guillermo Montenegro, que apagó su teléfono -seguramente para gestionar ante el Procurador Nicolás Becerra su próximo viaje a Washington que ya consiguió-, mientras que su par Paul Starc no tenía la mínima idea de lo que se estaba tratando o de lo que la prensa quería saber.

Anoche, Guttiérrez lo calificó de «operación de contrainteligencia de Moneta» -la interna mendocina ha arrastrado a la política y a la Justicia nacional-, y el ex banquero se puso a disposición del juez Literas, que ya lo sobreseyó pese a que esa medida la firmó el suspendido juez Carlos Liporaci. Si algo le faltaba a un guión tan poco serio, es que estos funcionarios se encargaron de escribirlo.