Lavagna quiere que los bancos paguen 50% de redolarización

Por eso, en las últimas horas se ocupó personalmente de gestiones políticas que desemboquen en un fallo por el cual sea la Corte la que cargue con el peso de un «bonazo» que aparece como inevitable en todas las teorías. Si bien durante el fin de semana el encargado de las tratativas con la Corte fue el ministro de Justicia, Juan José Alvarez, desde ayer es el propio Lavagna quien hace frente a las explicaciones delante de los jueces más proclives a entender las urgencias del gobierno. Son, con matices, Augusto Belluscio, Antonio Boggiano y Julio Nazareno. Belluscio es el que aceptaría abiertamente la pesificación, sin más. Su teoría es que hay decisiones que son irreversibles, ya que, en términos de bien común, «es peor el remedio que la enfermedad» por los costos sociales que produciría. Es el caso de la redolarización, de la que el juez se aleja con argumentos extraídos de la jurisprudencia norteamericana.

Nazareno, por lo que adelantó a varios funcionarios del Ejecutivo, se inclina por reconocer la propiedad de los depósitos en dólares y delegar en el gobierno la manera de resolver la posesión, en un plazo de 60 días. Eduardo Moliné O'Connor se asociaría a la tesis de Nazareno. El bono debería ser decidido por el Ejecutivo o, más improbable, por el Congreso. Es difícil que diputados y senadores quieran hacerse cargo de ese problema y revivir la pesadilla de los cacerolazos del último verano. Pero, aun cuando lo aceptaran, se diferenciarían de Duhalde y Lavagna estableciendo un bono de menor plazo, una forma de que Nito Artaza y sus caceroleros se estacionen en la Plaza de Mayo y no en la De los dos Congresos.

Finalmente, tres jueces de la Corte prefieren desentenderse de la responsabilidad de disponer el modo en que será reconocida la propiedad de los depósitos en dólares. Son Carlos Fayt, Adolfo Vázquez y Guillermo López. Estos magistrados piensan que debe ser cada juez quien determine cómo los ahorristas se harán de sus depósitos. Y siempre le queda a Duhalde promover por decreto o en el Congreso un «bonazo» que termine con el problema de manera drástica.