Más allá del resultado de las negociaciones que mantienen el jefe de Gabinete de la Argentina, Alberto Fernández; y el secretario de la Presidencia del Uruguay, Gonzalo Fernández; la Cancillería argentina ya está trabajando en otro capítulo del conflicto por las papeleras de Fray Bentos. El Ministerio de Relaciones Exteriores prepara la presentación judicial que el gobierno de Néstor Kirchner haría en los primeros días de mayo al tribunal internacional de La Haya, y donde expondrá su versión de los hechos sobre la base de una supuesta violación por parte del país vecino del tratado del río Uruguay.
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Según aseguran dentro de la Cancillería argentina, el hecho de insistir en el tribunal de La Haya va por caminos diferentes de la posibilidad de terminar con éxito las conversaciones que se mantienen entre ambos Estados a nivel de los dos funcionarios que continúan negociando. La estrategia del ministerio que maneja Jorge Taiana es que los tiempos que demandaría el tratamiento del caso en La Haya no serían menores a cuatro o cinco años. Este es el período que tomaría presentar los documentos oficiales de los dos países, comenzar a dar testimonio sobre las pruebas, responder a los requerimientos del tribunal y finalmente esperar el primer fallo. Como este puede ser apelado hasta dos veces dentro de La Haya, todo el proceso demandaría por cada ocasión que se recurra un fallo un nuevo trámite que dilataría aún más en el tiempo la decisión final.
Desde la Cancillería argentina se les envió al Presidente y a la Jefatura de Gabinete un informe preliminar donde se explicaban estos tiempos, sabiendo que la posición local es realista en cuanto a las verdaderas posibilidades de vencer en La Haya. Más bien se conoce el dato, y nunca se lo reconocerá públicamente, que las alternativas de éxito para la Argentina en este caso son más bien bajas; muy cerca de nulas. Lo que en realidad quiere el gobierno con el recurso de La Haya es tiempo.
La estrategia argentina es así contar con un plazo de entre cuatro y cinco años desde la presentación del caso (a fines de abril o comienzos de mayo) y su resolución, para llegar a una exitosa negociación entre Kirchner y Vázquez antes que la decisión final del tribunal internacional. Este camino, además del concepto de «ganar tiempo», le permitiría además asegurarse al gobierno argentino otro dato importante: los ambientalistas de Gualeguaychú y Colón prometieron terminar definitivamente con los cortes de los puentes bilaterales cuando se presente la demanda internacional en el tribunal de La Haya. Como ésta es una de las condiciones imprescindibles para que avancen las negociaciones con el Uruguay, la Cancillería está en pleno trámite para cumplir en tiempo y forma la presentación ante ese organismo internacional.
Como Taiana considera el tema La Haya como una de los objetivos más importantes que debe llevar adelante como canciller, decidió confiar el tema en un funcionario de carrera perteneciente a su ministerio y con amplia experiencia dentro y fuera del país. La elegida fue la ex canciller en los últimos meses de Raúl Alfonsín, Susana Ruiz Cerruti, una diplomática egresada del Instituto de Servicio Exterior de la Nación (ISEN) y muy conocedora de los mecanismos para manejar un conflicto mitad político, mitad jurídico.
Aparentemente, tanto Kirchner como el propio Taiana confían en lo que la funcionaria de carrera aconsejó en los últimos días, luego que la semana pasada el gobierno uruguayo se adelantó al presentar primero el caso de las papeleras en La Haya, a partir de una denuncia sobre los cortes de rutas.
Mientras tanto, el Presidente y el Ministerio de Relaciones Exteriores deben resolver otro frente de conflicto por el caso de Botnia y ENCE. El gobierno uruguayo reclamó la apertura del Consejo del Mercado Común del Mercosur, el órgano ejecutivo supremo del bloque integrado por los cancilleres de la Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, junto con los ministros de Economía; y que obligatoriamente debe reunirse cada vez que uno de los Estados miembros lo requiera. Tabaré Vázquez reclamó su apertura al gobierno argentino, que en el primer semestre del año ejerce la conducción del Mercosur por ocupar la presidencia pro tempore del bloque. Esto quiere decir que Kirchner y la Cancillería deben organizar un ámbito donde los integrantes del Mercosur decidan sobre si las plantas de Fray Bentos contaminan o no el río Uruguay. Obviamente, la Argentina se negará a llamar a discutir el tema en este marco, más conociendo extraoficialmente que la posición del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva es volcarse a favor de Tabaré Vázquez, tanto en la instalación de las plantas papeleras (previa información sobre el grado de contaminación que pudieran producir) como en la condena a los cortes de rutas de Gualeguaychú y Colón.
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