Los encargados de custodiar las escuchas se despegan de la filtración a Parrilli

El martes, la Corte solicitó a Arribas que "ponga en conocimiento del Tribunal las actuaciones que hubiera iniciado en razón de las filtraciones referidas".

El titular de la Dirección de Captaciones de Comunicaciones del Poder Judicial, Javier María Leal de Ibarra, dijo que le "agrada muchísimo" que la Corte Suprema de Justicia procure investigar la filtración de conversaciones telefónicas entre la ex presidenta Cristina de Kirchner y el ex titular de la AFI Oscar Parrilli para que así "salga a la luz que desde el organismo" que él preside "no se han filtrado".

"En lo personal, me agrada muchísimo que la Corte haga este pedido porque queremos que salga a la luz que, desde la Dirección, no se ha producido ninguna filtración, de ninguna índole, debido a la cadena de custodia que existe", aseguró Leal de Ibarra.

Sus declaraciones, formuladas a radio La Red, se producen luego del pedido del Alto Tribunal al presidente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, respecto de las filtraciones de las escuchas que contenían diálogos -del 2016- entre la actual senadora del FPV y su ex funcionario Oscar Parrilli.

El martes, la Corte solicitó a Arribas que "ponga en conocimiento del Tribunal las actuaciones que hubiera iniciado en razón de las filtraciones referidas" y pidió que se informe "cualquier circunstancia que considere pertinente orientada dilucidar la responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a los agentes de la Agencia su cargo en la captación, transmisión, entrega y resguardo de la cadena de custodia de los datos obtenidos mediante las interceptaciones telefónicas ordenadas en la causa señalada".

Además, días atrás, la Corte Suprema había firmado otra acordada en la que solicitaba al Congreso que audite la dependencia del propio tribunal, dirigida a su vez por el camarista federal Martín Irurzun, que se ocupa de hacer escuchas telefónicas.

En ese marco, le requirió al juez Rodolfo Canicoba Corral, que tiene a cargo una causa penal sobre el tema, que informe si se detectó "fallas en el resguardo de la confidencialidad y la custodia" de las captaciones realizadas por orden de la Justicia.

Leal de Ibarra dijo hoy que está "muy conforme con todas estas actuaciones" e insistió en que, "en lo que compete al organismo (en alusión a la dirección que preside), de ahí no ha salido la filtración".

"Esperamos que prontamente estén los resultados de la auditoria del Congreso, que informe la AFI y la investigación del juez", aseveró.

Además, explicó el funcionamiento de la Dirección de Captaciones: "Las escuchas salen del área de custodia cuando se cumple la tarea encomendada y ahí nosotros la perdemos de vista".

"El procedimiento para las escuchas es el siguiente: las escuchas judiciales las lleva adelante la dirección de captación y solo pueden ser requeridas por un juez o un fiscal en el marco de una causa juridiccional", relató.

"La escucha directa es para determinar delitos y, online, permite conocer las actividades ilícitas que se están requiriendo investigar. En tanto, el otro sistema es cuando la escucha requiere más tiempo, por ejemplo en casos de narcotráfico, cuando se pide realizarla por 30 días, y su eventual prórroga", indicó.

También confió que la captación de la escucha solicitada por el magistrado se puede efectuar "o a la dirección nuestra o la puede llevar adelante una fuerza de seguridad que establezca el juez, si así lo decide".

Consultado sobre en qué delito se habría incurrido en el caso de la filtraciones de las conversaciones privadas entre la ex presidenta y su ex jefe de la AFI, Leal de Ibarra respondió que "habría que ver, puede ser violación de secreto u otros, dependerá mucho también de quién haya filtrado las escuchas".

Con el requerimiento, la Corte Suprema hizo lugar a un pedido que había sido realizado por Parrilli, y está vinculado a diálogos que fueron grabados en el 2016, como parte de escuchas que había ordenado el juez Ariel Lijo sobre el ex secretario General de la Presidencia, en el marco de una investigación por supuesto encubrimiento del narcotraficante Ibar Pérez Corradi.