Cristina cruzó a Irurzun y Bruglia por violar la ley

Política

"No hay argentino más impune que Mauricio Macri", tuiteó la vicepresidenta en relación con el Poder Judicial y la Cámara Federal que falló con los votos de Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia. Los jueces "abrieron" una "queja" pese a que la semana próxima estaba previsto que analicen las nulidades que presentaron exfuncionarios macristas.

La Cámara Federal, con las firmas de Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia ratificó que se haga un entrecruzamiento de llamados -como medida de prueba- entre el expresidente Mauricio Macri y varios de los integrantes de la Mesa Judicial en la causa donde se investiga una Asociación ilícita destinada a perseguir al Grupo Indalo. Pero revocó una resolución de la jueza María Servini del 6 de julio pasado, y le encomendó que dicte una nueva resolución donde acote los períodos en que debe hacer el entrecruzamiento de los teléfonos del expresidente y su entorno de exfuncionarios tales como Fabián “Pepin” Rodríguez Simón o José Torello. Cristina de Kirchner hizo una lectura política de la decisión a través de Twitter.

“No hay argentino más impune que Mauricio Macri”, disparó y recordó que Irurzun había sido autor de la polémica “doctrina” para justificar el encarcelamiento de exfuncionarios kirchneristas y que Bruglia está “flojo de papeles” por no tener acuerdo del Senado. “La prueba solicitada iba a demostrar la existencia de la mesa judicial macrista y su articulación con los servicios de inteligencia y con distintos miembros del Poder Judicial de la Nación para perseguir opositores y apoderarse de empresas ajenas”, expresó la exmandataria en su cuenta personal, al subrayar que el objetivo de la medida original no se dirigía al “contenido” de sus comunicaciones, sino solo al patrón de llamados que hizo en momentos concretos.

Sorpresiva “queja”

El macrismo se había opuesto a la medida ordenada por Servini que dispuso analizar las llamadas entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019. De manera poco habitual, la Cámara analizó tres recursos de “queja”, en lugar de aguardar para resolver la cuestión de fondo, en la audiencia por la que los imputados habían apelado la nulidad de la medida, y cuya audiencia se había fijado para la semana próxima.

De esta forma, la Cámara “abrió” la queja y le dio parcialmente la razón a los exfuncionarios macristas. Dentro de su ambiguedad, decidió avanzar en la validación de las medidas de prueba que adopte la magistrada, pero que a través de una nueva decisión, debe circunscribir la pericia a márgenes específicos.

La Sala enfatizó que lo resuelto no pone en duda el juicio lo atinado de la medida de prueba que pueda hacer la jueza, algo que sería asunto discrecional de la misma. Servini debe volver a expedirse “limitando los alcances de las medidas de prueba a los espacios de tiempo que se ciñan estrictamente a los momentos -a su modo de ver- relevantes según la hipótesis fijada en el caso”. Es decir, que se hagan los cruces sobre momentos específicos, algo que también era rechazado en las apelaciones y pedidos de nulidad, que tienen por delante una audiencia fijada para el 12 de este mes.

Cristina rechazó la decisión y la enmarcó en un plan de impunidad que el Poder Judicial estaría asegurándole a Macri para eludir sus responsabilidades penales. “Estos son los jueces y esta es la oposición que hablan de impunidad señalando con el dedo al Gobierno y al Frente de Todos. ¿A nosotros con la impunidad? Allanaron mis casas, rompieron paredes, se llevaron objetos personales, me citaron a indagatoria 8 veces en un día…”, puntualizó, en lo que pareció ser una lectura atravesada por la coyuntura política de lo que despertó la reforma judicial que deberá discutir el Congreso. “Me espiaron, me siguieron, me escucharon y difundieron llamadas privadas ilegalmente… Y se llenan la boca hablando de la República. Máximo tenía razón: en ningún lugar del mundo Macri va a tener más impunidad que en la Argentina. El Poder Judicial argentino se la garantiza”, disparó. Y recordó: “El mismo Poder Judicial que le garantizó la impunidad siendo empresario por el delito de contrabando agravado de autos”, y en la causa por escuchas ilegales, de la que fue desvinculado apenas asumió la presidencia.

Nuevo fallo

Irurzun y Bruglia, en su fallo, encomendaron ahora en la causa por persecución al Grupo Indalo que “se deberá asegurar allí que, ni bien se produzcan los primeros resultados de las diligencias (elaboración de los listados de llamados de los abonados individualizados), esa información sea recibida únicamente por el juzgado, para que la directora del proceso esté en condiciones de determinar cuáles datos son ajenos al legajo –imponiendo su eliminación- y cuáles sí pueden ser destinados a la actividad de los auxiliares de la justicia y al conocimiento de todas las partes legitimadas”. Por eso, la Cámara se adelantó a los informes que obtenga Servini. Solo podrán incluirse los que se refieran a esta investigación, y no otros que puedan ser relevantes para otras causas, una de las objeciones que había planteado Macri cuando intentó evitar que el peritaje se lleve a cabo. Y contrapuesto a parte de lo que Cristina de Kirchner recordó anoche vía Twitter sobre su propia situación.

La medida había sido ordenada en la causa originada en la denuncia de Fabián De Sousa en la que se investiga la persecución del Grupo Indalo a través de diferentes resoluciones en especial contra Oil Combustibles con las que el gobierno de Cambiemos fue hostigando a las empresas y a sus accionistas.

Los jueces de la Cámara, ahora decidieron hacer lugar parcialmente a los recursos de las defensas de Macri, Torello y Rodríguez Simón y revocar la orden de la jueza que mandó a revelar y remitir a la DAJUDECO todas “las llamadas realizadas -y celdas activadas- entre el “1 de enero de 2016 y 31 de agosto de 2019” por quien fuera el Jefe de Estado y otros funcionarios de alto rango del Poder Ejecutivo”.

La Sala que lidera Irurzun advirtió que la medida ordenada por la jueza excedía los límites de razonabilidad. “Excede los límites que razonablemente permite el objeto impuesto por las pretensiones de las partes acusadoras” –aclararon– que “parcialmente, sólo en torno a lo que constituye extralimitación de los contornos de la causa”, indicaron. Y esa supuesta extralimitación parcial afectaba “derechos individuales y esferas de actuación ajenas a la incumbencia jurisdiccional, de sus auxiliares o de las partes”.

Cruces clave

Servini había pedido el cruce de llamadas de Macri, sus funcionarios y los empresarios, “en una fecha cercana a 10 días anteriores y posteriores” a determinados eventos. Ahora deberá acotarlos a los hitos de avance, tanto en la causa judicial de Oil Combustibles, como en el trámite administrativo por parte de la AFIP que derivó en la quiebra de la empresa y en el desguace de sus activos, se supone, promovidos por miembros del entonces Ejecutivo y empresarios cercanos. El primer episodio reseñado en la denuncia data del 13 de marzo de 2016: publicación de la nota periodística de Hugo Alconada Mon, en la que hizo referencia a una supuesta deuda de Oil Combustibles con el Fisco. A partir de entonces, las fechas en las cuales Alberto Abad dispuso el cambio de normativas de AFIP direccionadas a arrinconar a la petrolera, y su sincronía con la denuncia de Elisa Carrió ante la Justicia federal. La rescisión, a instancias de Javier Iguacel por Vialidad de la concesión a AEC SA. Ya en 2017 los contactos del empresario macrista Orlando “Orly” Terranova que firmó contrato de compraventa de Grupo Indalo y en el que participó Gustavo Casir. Lo mismo para la fecha de transferencia de acciones de Grupo Indalo a Damián Burgio y Santiago Dellatorre (por Ignacio Rosner); y en diciembre de ese mismo año, cuando se dispusieron las detenciones de Cristóbal López y Fabián De Sousa a instancias del juez Julián Ercolini en una denuncia judicial que luego se archivó por inexistencia de delito casi dos años más tarde. Y también los episodios de eyección de la Cámara Federal de Eduardo Farah y Jorge Ballesteros cuando modificaron la calificación de la causa y excarcelaron a los empresarios. Del mismo modo, las comunicaciones en torno al fallo que ordenó su regreso a prisión por orden de Casación. Esos entre varios otros hechos ahora serán calibrados por Servini de cara a acotar las fechas del peritaje con el mismo norte.

Para la semana que viene se espera que en la audiencia convocada por las defensas de Macri y el resto de los imputados, se le corra vista al fiscal Guillermo Marijuan y a los querellantes para que se despeje el horizonte de las medidas solicitadas por la jueza y que tuvieron antecedente en lo dispuesto ayer por la Cámara.

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