Ingresos a Casa Rosada confirman las maniobras que investiga la justicia en torno a Rodríguez Simón y la Mesa Judicial

Política

Los registros de ingreso a la Casa de Gobierno con destino a Presidencia coinciden con la secuencia de llamados y protagonistas que investiga la jueza Servini. Hornos visitó a Macri en la previa a que Casación defina que Ercolini debía avanzar en procesamientos y prisiones.

Por Equipo de Investigación de Ámbito.-

Las evidencias de manipulación judicial en torno a la causa contra el Grupo Indalo y la petrolera insignia del holding Oil Combustibles no surgen solo del entrecruzamiento telefónico que la jueza María Servini ordenó sobre quien oficiaba como operador judicial de Cambiemos, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, tal como reveló Ámbito.

También surgen elementos de prueba coincidentes en los registros de entrada y salida de la Casa Rosada que este diario pudo cotejar, a partir del pedido de acceso a la información que logró la ONG Poder Ciudadano, en fechas determinantes para el desarrollo de la causa, que ocurrieron en tres fueros simultáneos y en la propia Corte Suprema. La secuencia de eventos nuevamente ubicó al actual presidente de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos en inusuales visitas en fechas previas a fallos ligados con establecer qué jueces debían intervenir en el expediente penal que fue el que derivó en el encarcelamiento de los accionistas de Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa. Esos eventos se superponen con comunicaciones simultáneas que mantenía Rodríguez Simón ya sea con protagonistas de la negociación con delegados del Gobierno y nuevos contactos que podrían ramificarse con el informe detallado que aguarda luz verde de la propia Casación para ser incorporado a la causa por asociación ilícita, encabezada por Mauricio Macri y gran parte de la denominada “Mesa Judicial”.

Para comprender la cronología, en necesario abarcar acciones a partir de marzo de 2016 que se extendieron a 2018, lo que cruzado con el informe que confeccionó la Dajudeco, los accesos a Casa de Gobierno y las resoluciones judiciales ofrecen un escenario de sincronía que es el que investiga ahora la justicia. La acción transcurrió en tres fueros en simultáneo: el penal económico a cargo de la jueza María Verónica Straccia, a quien acudió la AFIP el 14 de marzo de 2016 para interponer una denuncia por insolvencia fiscal fraudulenta, luego de una noticia periodística aparecida en La Nación que mencionaba una eventual escisión del Grupo Indalo. El organismo recaudador justificó la urgencia de un escrito fútil en el eventual riesgo de comprometer el crédito fiscal de la deuda de la petrolera por ITC. Sin embargo, se evitó mencionar que de acuerdo a la ley –y si esa separación iba a ocurrir, algo que nunca ocurrió- iba a ser la AFIP la que tuviera poder de veto respecto a una eventual operación que no podría demorar menos de un año de trámite. El segundo escenario fue la causa en el fuero penal federal (Comodoro Py) anudada con una denuncia previa de Elisa Carrió que tenía Julián Ercolini para evitar un sorteo que lo ubicara como un eventual hecho nuevo. Y el tercero, el fuero comercial, adonde se había trabado un conflicto de competencia por vía inhibitoria entre Comodoro Rivadavia (que había dispuesto la apertura) y Capital Federal donde, como ya se comprobó, existieron dos llamados previos de Rodríguez Simón al teléfono de la Cámara Comercial, días antes de que se radique el pedido de la AFIP para evitar que las actuaciones continuaran en el sur.

Ingresos relevantes

Straccia realizó allanamientos múltiples pero terminó declinando competencia el 20 de junio de 2016, tres meses después del apuro de AFIP, estableciendo que no existía nada similar a una insolvencia fiscal fraudulenta y derivó el caso a Ercolini. En ese período, en un lapso de 15 días respecto a las acciones de AFIP, el teléfono de Rodríguez Simón disparó 144 llamados ligados a exfuncionarios políticos y judiciales. Entre ellos a Deloitte, Germán Garavano, Macri (15), Rosenkrantz (todavía en proceso de designación), José Torello de la Mesa Judicial (33), Guillermo Dietrich (que estaba en las vísperas de rescindir la concesión de Autopistas del Grupo Indalo), la SIGEN y varias al banquero Jorge Sánchez Cordova socio minoritario de López y De Sousa en Finansur.

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Pero en un período más acotado de tan solo 7 días, el registro de accesos a la Casa Rosada arroja la visita del entonces titular de la AFIP Alberto Abad en unas 10 oportunidades y de Ernesto Sanz (4), el exsenador designado como “interlocutor informal” político del Gobierno para encontrar una “solución” al conflicto. Dato significativo: de acuerdo a la nómina que obtuvo Poder Ciudadano, Abad siempre cruzaba los metros que separan el edificio de AFIP de Balcarce 50 en momentos clave de Oil Combustibles. No hay –salvo actos oficiales- ingresos que coincidan con algún otro asunto. Y menos que tuvieran como destino Secretaría de Presidencia para el asiento de Casa Militar.

Sin la firma de Carlos Rosenkrantz –interlocutor frecuente de “Pepín” de acuerdo a la Dajudeco- la Corte tomó entre agosto y septiembre de ese año dos definiciones que “extrajeron” el concurso de Comodoro Rivadavia y lo remitieron a Capital Federal, dejando el terreno libre para que el juez Héctor Vitale declarara todo nulo y ordenara reabrir plazos para verificación de créditos el 21/11. En esa ventana temporal Abad regresa a Casa de Gobierno en dos oportunidades. Y también lo hace su exmano derecha Ernesto Donato –hombre que manejaría la relación con los juzgados y fiscalías y que tras la salida de Abad recaló en la Procuración General, a cargo de Eduardo Casal. Un mes después –en plazos récord si se toma en cuenta la duración del concurso de acreedores de Correo Argentino, por ejemplo- la Sala D Comercial valida lo actuado por Vitale y al filo de fin de año prosigue el trámite concursal.

“Pepín” reitera sus llamados habituales: 14 ligados a justicia y política, los Sánchez Córdova y medios de comunicación. Pero Abad regresa a reunirse a Presidencia unas 10 veces, mientras que Donato y Sanz –dos de las patas que tuvo la negociación subterránea- acuden una vez cada uno.

Ercolini difuso

Sin embargo, un mes antes, el 24 de noviembre de 2016, en un episodio difuso, Ercolini, luego de haberle tomado indagatoria a López y De Sousa y cuando se descontaba un eventual procesamiento, decide declinar la competencia nuevamente rumbo el fuero penal económico ante la incompatibilidad de los delitos con los que estaba calificado. El 15/2 de 2017, la Sala I ratificó esa decisión de Ercolini. La causa Oil se iba de Comodoro Py. Abad acudió tres veces ese mismo día: a las 12.41, a las 15.37 y a las 18.12.

Para esta fecha, Rodríguez Simón cursó llamados a la AFIP, a Garavano, a Mario Quintana (3) y a Torello (4), volvió a comunicarse con Sánchez Cordova en dos oportunidades y reiteró sus habituales llamados a La Nación. Pero las visitas a la Rosada volvieron a encontrar a Abad cuatro veces, el propio “Pepín” (1) y dos de Sanz. Pero en simultáneo, quien quedó registrado también fue Miguel Maxwell –socio de Deloitte y encargado de relaciones institucionales- quien, como reveló este diario registró varias comunicaciones con Rodríguez Simón que comienzan el 22/1/2016, cuando supuestamente nada se sabía del caso Oil, la AFIP no había tenido acción alguna pero la consultora internacional era la encargada de auditar los balances y estados contables de la petrolera que era su clienta.

Sala a dedo

Pero el 6 de abril de 2017 el asunto escala a la Cámara de Casación que establece cuál iba a ser su integración para decidir: Gustavo Hornos, Carlos Mahiques y Ana María Figueroa. Sin embargo, seis días más tarde y tras la orden de “clarificar” qué jueces iban a intervenir dada por Hornos como presidente, Mahiques argumentó que se encontraba “excusado” de participar en causas ligadas a investigaciones de su hijo Ignacio y que existía conexidad con la de Oil. En ese período, Abad acudió otras 10 veces a Casa Rosada y también se registra al titular de la DGI Horacio Castagnola –quien siempre dijo desconocer y afirmó no querer involucrarse en el caso Oil-, Donato (2) y Sanz –un habitué- otras tres. El celular de “Pepín” llamó otra vez a Macri, Garavano, Marcos Peña y a Gabriel Bouzat, socio de Rosenkrantz, quien a esta altura integraba ya la Corte.

Así, al tribunal ingresó Eduardo Riggi de manera formal. El 22 de noviembre de 2017, Casación (con la disidencia notoria de Figueroa) anula el fallo de Ercolini que declinó competencia y prácticamente ordena que avance en los procesamientos: el 19 de diciembre procesa y dicta prisión preventiva contra López y De Sousa. Hornos queda así nuevamente en el ojo de la tormenta porque sus visitas y su intervención en el caso Oil Combustibles tienen directa relación: el 31 de octubre de 2017 concurre a ver al expresidente a la Casa Rosada -22 días antes de la decisión que envía todas las actuaciones a Comodoro Py pese a que Ercolini se había declarado incompetente y eso fue ratificado por la Cámara- y el 16 de noviembre de 2017, apenas seis días antes de esa decisión. La simultaneidad de las visitas permite inferir que existía un problema para el Gobierno: la causa Oil no la quería tramitar ningún juez. Casación debía dirimir y asignar uno definitivo.

Rosner & Dellatorre

Unos pocos días antes de esa vertiginosa secuencia, los datos de accesos a la Casa Rosada también proveen sustento técnico a los testimonios recogidos en torno a la irrupción de empresarios y abogados como supuestos delegados del Gobierno para quedarse con el manejo del Grupo Indalo ante el eventual dictado de prisión preventiva de sus accionistas. Es así como el 21/9/2017 empieza a entrar en la órbita de las negociaciones Orlando “Orly” Terranova, un hombre de negocios mendocino, conocido por su afición al Rally Dakar pero cuya familia es dueña de medios y de las principales firmas de cartelería en vía pública, de lazos muy aceitados con el macrismo. Completa 6 visitas a Casa Rosada en un lapso similar hasta que las negociaciones fracasan, tal como quedó expuesto en los testimonios que recopiló la jueza Servini. El 26/9 Terranova ingresó a Casa de Gobierno junto a Gustavo Casir (quien iba a ser socio en el negocio presunto); al día siguiente vuelve junto a Gerardo Molinaro y Casir. Este último concurre una vez más el 5 de octubre.

Sin embargo allí aparece –a partir del 20 de octubre- el abogado Santiago Dellatorre e Ignacio Rosner –ambos imputados en la causa penal que investiga Servini- como los nuevos administradores, con llegada al Gobierno de Macri y aludiendo a contactos políticos que le permitirían despejar el panorama judicial que se había ceñido en tres frentes distintos y simultáneos. Rodríguez Simón los contacta a ambos también desde su teléfono. Esta es una de las pruebas de mayor relevancia de cara a su indagatoria del 26 de mayo. ¿Por qué el diputado del Parlasur y director de YPF había tenido llamadas simultáneas al desembarco de ambos como supuestos delegados del Gobierno para quedarse con los activos del Grupo Indalo y así evitar su desguace?

En ese período, además de una visita de Hornos a Casa de Gobierno, hubo una de Dellatorre el 24/10 a las 10.53. Entró junto con Rosner aquel día. Pero volvieron a acudir en un lapso consecuente Sanz, “Pepín”, Donato y Abad en 9 oportunidades, este último.

Secuencia

Todos los elementos de prueba que se han recopilado en la causa Servini comienzan a trazar un recorrido coincidente con el de los testimonios de los empresarios del juego presionados y se corresponden en tiempo y espacio con las reuniones que han declarado bajo juramento. Los contactos de Rodríguez Simón lo ubican en un rol de coordinador de las distintas estrategias que llevó adelante el Gobierno para arrinconar al Grupo Indalo en tres frentes: contencioso, penal y comercial. Y a la vez aparece como interlocutor frecuente de los negociadores y con contactos con los eventuales “compradores” del paquete accionario. Las visitas a la Casa Rosada y los intercambios telefónicos incorporados como prueba en el informe de la Dajudeco se entrelazan en una secuencia verosímil que complica el argumento de que no habría existido la maniobra que investiga la jueza Servini. Por estos motivos es que la jueza dispuso la prohibición de salida del país del sindicado como principal operador judicial del macrismo.

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