Más estatismo; discuten ley para expropiar un astillero

«¿Puede hacer el anuncio en el Día de la Armada?» Palabras más o menos fue la pregunta de Néstor Kirchner luego de conocer el proyecto de creación de un nuevo astillero estatal mixto (Astilleros Argentinos SAPEM) sobre la base de la fusión del astillero Tandanor con el Domecq García, emprendimiento de la Armada que fue reabierto el año pasado por el actual presidente. Dos proyectos de ley dieron el fundamento a la arquitectura orgánica de la flamante sociedad estatal que permitirá la entrada de capitales privados. Ambos se presentaron el 17 de mayo pasado en coincidencia con los festejos de la efeméride naval. La pluma legislativa y el peso político del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño (PJ Buenos Aires), más el complemento de otro diputado duhaldista, José Antonio Romero, vocal de la Comisión de Defensa, llevaron adelante el proyecto que entusiasmó al Presidente. Tanto fue así que Kirchner ordenó la inmediata concesión de 500 vacantes -todos operarios- para el nuevo emprendimiento, una gestión que venía demorada por cierta morosidad del Ministerio de Defensa. Lo de Camaño con la industria naval fue casi un amor a primera vista. Su interés surgió luego de una visita al astillero Domecq García, almuerzo de por medio con el titular de la Armada, almirante Jorge Godoy y recorrida de las instalaciones recuperadas del desguace que ordenó el entonces ministro de Defensa, Jorge Domínguez. Allí yace a punto de ser botado, tras reparaciones de media vida, el submarino Salta y dos barcazas de 6.000 toneladas que construye la firma Servicios Portuarios Integrados (SPI). El dato de que las intenciones del Presidente de retomar el aparato productivo de defensa y el fomento de la industria naval podrían verse entorpecidos por los problemas contenciosos de Tandanor con el Estado, dispararon los dos proyectos de ley. Uno trata de la creación de Astilleros Argentinos SAPEM (sociedad anónima con participación estatal mayoritaria) con 51 por ciento del capital estatal, más el control del directorio, cuyo autor es Romero, y el otro, firmado por Camaño, declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los títulos representativos del capital social de Tandanor SA. No se trata de un arrebato de estatismo sólo de Camaño; en el proyecto participó el ministro de Economía, Roberto Lavagna, quien aportó técnicos que estudiaron el caso de la expropiación. En el proyecto de ley se establece que «el costo que demande la adquisición de los títulos representativos del capital social será atendido con los recursos de rentas generales del Presupuesto general de la Nación para el ejercicio 2005». Sin embargo, es posible que esta empresa termine pagando antes que recibiendo alguna compensación del Estado. La firma le debe a Defensa poco más de 40 millones de dólares, cifra que superaría largamente el valor de los activos de la planta. El problema comenzó cuando en la gestión de Erman González en Defensa, entre 1991 y 1993, el gobierno vendió Tandanor -un taller de reparaciones navales que pertenecía a la Armada- al consorcio Indarsa por un total de u$s 59.760.000, del que sólo se abonaron poco más de 7 millones. • Presiones Por otro lado, el presidente de la Cámara de Diputados se enteró de ciertas presiones que ejercen los directivos de Tandanor, obstaculizando la salida de una de las barcazas construidas en el Domecq García y poniendo en peligro la próxima botadura del submarino Salta. El astillero Domecq García linda con Tandanor y no puede sacar nada al río porque no tiene espejo de agua propio. La operación se hace utilizando parte de la playa de maniobras de Tandanor y el Syncrolift, una especie de ascensor propiedad de la misma empresa con capacidad para elevar buques de hasta 15.000 toneladas. Pero Tandanor negó en una nota reciente esa facilidad impidiendo la botadura de la barcaza de SPI. Llamó la atención al Ministerio de Defensa, órgano de control ante divergencias de las partes, la conducta de los directivos de Tandanor pues existe un decreto (Nº 1.957/90) que en su artículo 12 establece la obligatoriedad de permitir la salida de buques o artefactos navales. El primer trabajo a emprender por Astilleros Argentinos SAPEM será la construcción de cinco patrulleras de mar para la Armada.

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