El Gobierno declaró al Cártel de Sinaloa, las FARC y el ELN como organizaciones terroristas

Los ministerios de Seguridad y de Relaciones Exteriores también sumaron a La Nueva Familia Michoacana y a Los Tiguerones al RePET, por considerar que representan “una amenaza externa real o potencial a la seguridad nacional”.

La decisión fue coordinada entre Cancillería, Seguridad, Justicia y la SIDE. Los cinco grupos quedaron incorporados al RePET, el registro de personas y entidades vinculadas al terrorismo y su financiamiento.

La decisión fue coordinada entre Cancillería, Seguridad, Justicia y la SIDE. Los cinco grupos quedaron incorporados al RePET, el registro de personas y entidades vinculadas al terrorismo y su financiamiento.

La medida se oficializó este jueves a través de la Resolución Conjunta 5/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, publicada en el Boletín Oficial con las firmas de la ministra Alejandra Monteoliva y el canciller Pablo Quirno.

Según la resolución, informes de carácter reservado elaborados por las áreas competentes de ambas carteras concluyeron que esas organizaciones criminales “representan una amenaza externa real o potencial a la seguridad nacional, con riesgo para la vida, bienes y patrimonio de los habitantes de la Nación”.

En el caso de Los Tiguerones, la inscripción alcanza a la organización en general y a sus facciones conocidas como “Los Fénix” y “Los Igualitos”. Para las FARC-EP, el texto precisa que comprende al GAO-R FARC-EP y al Estado Mayor Central (EMC), con todas sus denominaciones, bloques y frentes, entre ellos el “Frente 18”.

Los fundamentos sostienen que “la naturaleza transnacional, la capacidad operativa, la expansión regional y la diversificación de las actividades ilícitas” de estos grupos, así como la existencia de estructuras y redes “susceptibles de proyectar sus actividades hacia el territorio” argentino, configuran un riesgo que trasciende la criminalidad doméstica.

En ese marco, el Gobierno argumentó que es necesario fortalecer las capacidades estatales de prevención y detección temprana para impedir la eventual instalación, actuación, financiamiento o articulación de estas organizaciones en el país. Definió la inscripción en el RePET como “una herramienta necesaria, proporcional y adecuada”, porque facilita el intercambio de información con otros Estados y organismos internacionales, contribuye a detectar riesgos y a prevenir el financiamiento, y fortalece las investigaciones.

El RePET fue creado por el Decreto 918/2012 en el ámbito del Ministerio de Justicia, al que la resolución le da intervención para concretar la inscripción. La norma rige desde su firma.

Cártel de Sinaloa (México)

El Cártel de Sinaloa es una de las principales organizaciones del narcotráfico internacional y tiene su origen en el estado mexicano de Sinaloa. Durante décadas desarrolló redes para producir, transportar y distribuir drogas como cocaína, metanfetamina, heroína, marihuana y fentanilo, con Estados Unidos como uno de sus principales mercados. Su estructura no funciona como una organización completamente centralizada, sino como una red de facciones y grupos asociados que operan bajo una misma denominación. Entre sus figuras históricas más conocidas se encuentran Joaquín "El Chapo" Guzmán e Ismael "El Mayo" Zambada.

Además del tráfico de estupefacientes, las autoridades estadounidenses y organismos especializados documentaron la participación de integrantes de la organización en lavado de activos, tráfico de armas, corrupción y hechos de violencia contra rivales y fuerzas de seguridad. Las disputas entre sus facciones y otros grupos criminales contribuyeron a profundizar la violencia en distintas regiones mexicanas. En febrero de 2025, Estados Unidos incluyó al Cártel de Sinaloa en su lista de organizaciones terroristas extranjeras. Esa clasificación corresponde a la legislación estadounidense y es independiente de la decisión que adopte cada país sobre su propio registro de organizaciones terroristas.

FARC-EP (Colombia)

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC-EP) fueron una organización guerrillera marxista-leninista fundada en 1964, que protagonizó durante más de medio siglo uno de los principales conflictos armados de Colombia. Surgieron en un contexto de violencia política y desigualdad rural y sostuvieron una lucha armada contra el Estado colombiano. A lo largo de su historia, la organización recurrió a secuestros, extorsiones y otras prácticas criminales; también fue vinculada al narcotráfico y al control territorial en zonas rurales. El conflicto dejó profundas consecuencias humanitarias, con millones de víctimas de desplazamiento, homicidios y otras violaciones de derechos humanos.

El 24 de noviembre de 2016, el Gobierno colombiano y las FARC-EP firmaron el Acuerdo Final de Paz, que estableció el desarme de la guerrilla y su transformación en una fuerza política legal. La misión de verificación de Naciones Unidas registró la entrega de 8.994 armas por parte de la antigua organización. Sin embargo, sectores que rechazaron el acuerdo o abandonaron posteriormente el proceso continuaron o retomaron la lucha armada y dieron lugar a distintas disidencias.

Por eso, es importante distinguir a las antiguas FARC-EP, firmantes del acuerdo de paz, de las facciones armadas que actualmente utilizan ese nombre o reivindican su legado: no constituyen necesariamente una organización única ni responden a un mando común.

Ejército de Liberación Nacional (ELN, Colombia)

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) surgió en 1964, influido por la Revolución Cubana y las corrientes marxistas-leninistas de la época. Es la principal guerrilla colombiana que continúa activa tras la desmovilización de las FARC-EP en 2016. Su estructura está organizada en frentes con autonomía operativa y financiera, coordinados por una conducción nacional conocida como Comando Central (COCE). Su presencia se concentra en distintas regiones de Colombia, especialmente en zonas rurales y áreas fronterizas con Venezuela, donde disputa el control territorial y de economías ilegales con otras organizaciones armadas.

A lo largo de su historia, el ELN ha perpetrado secuestros, extorsiones, ataques contra la infraestructura petrolera y acciones armadas contra las fuerzas de seguridad y la población civil. Distintos informes oficiales también documentan fuentes de financiación vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y los pagos exigidos mediante extorsiones y secuestros. Los intentos de negociación con el Estado colombiano se sucedieron durante varios gobiernos, incluido el proceso iniciado en 2022 bajo la política de «paz total» de Gustavo Petro, pero las conversaciones atravesaron suspensiones y fuertes tensiones por la continuidad de la violencia. En 2025, una ofensiva del ELN en la región del Catatumbo provocó asesinatos, secuestros y desplazamientos masivos de civiles, según Human Rights Watch.

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