Más exigente Argentina con el impacto ambiental por papeleras

El conflicto con Uruguay por la construcción de las plantas de celulosa en Fray Bentos navega sin luces hasta la próxima y demorada cumbre de presidentes. La Argentina le envió anoche al gobierno de Tabaré Vázquez un pedido formal para que en el documento final -cuyas desinteligencias en la redacción motivaron la suspensión de la reunión con Néstor Kirchner el martes en Colonia- se incluyan precisiones sobre los procedimientos que impedirán la contaminación del río Uruguay. Ese gesto es un endurecimiento de la posición del gobierno nacional, que teme una vuelta a foja cero en el debate si los ambientalistas cortan de nuevo los pasos hacia el país vecino. Por eso buscó poner la palabra final en manos de los técnicos cuyo dictamen quiere que sea indiscutible. Esa dureza quedó clara en boca del jefe de Gabinete: Alberto Fernández dijo que Uruguay asegura que no habrá contaminación, que los entrerrianos dicen que sí se producirá, pero que el gobierno nacional quiere escuchar a los técnicos para sacarse las dudas.

Alberto Fernández

El gobierno argentino endureció ayer su postura respecto del carácter exhaustivo que deberá tener el estudio ambiental que encararán los expertos designados por ambos países para alcanzar una solución en el conflicto por la instalación de dos procesadoras de celulosa en Fray Bentos.

Ayer, en Montevideo, el presidente Tabaré Vázquez y el canciller Reinaldo Gargano analizaron los detalles de un nuevo documento que envió el gobierno nacional en el cual se insiste en que el acuerdo especifique claramente el «proceso de producción» que emplearán las plantas de celulosa en Fray Bentos y que determine las «connotaciones medioambientales diversas» del emprendimiento. Al término de esa reunión el presidente Vázquez y su canciller se mostraron esperanzados en que finalmente la semana que viene se concrete el encuentro entre los jefes de Estado.

Sobre los detalles de la nueva propuesta, uno de los técnicos argentinos dedicados al tema dijo que es fundamental determinar «el detalle de gases, sólidos y líquidos que resultarán de la producción». «De esa manera -añadió el experto- se podrá saber cuál será el tratamiento que corresponde aplicar ante un eventual impacto ambiental».

Por su parte, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, dijo que las diferencias con el gobierno uruguayo que llevaron a suspender la reunión tienen que ver con «definiciones laxas» propuestas por Uruguay para la redacción del documento final.

Objetivo

Según Fernández, la Argentina no busca una «declaración formal de buena voluntad» sino «resolver el problema» surgido tras la instalación en Fray Bentos de las plantas de celulosa de las empresas ENCE y Botnia.

Desde el Uruguay se escudan en que las plantas que se construyen en Fray Bentos, a orillas del río Uruguay, se adecuarán a los parámetros que la Unión Europea pondrá en vigenciael año próximo, y así consideran que «no hace falta abundar en más datos». De acuerdo con las estimaciones de quienes trabajan en el documento desde ambas orillas del Río de la Plata, «de ser necesario se trabajará durante el fin de semana» para que los presidentes puedan reunirse «sin ninguna dificultad».

Un tópico colateral, pero que inicialmente trabó el buen andar de las negociaciones bilaterales, fue el referido al financiamiento con el que se afrontará en la región el monitoreo conjunto del impacto ambiental por la apertura de las plantas.

La decisión política de Kirchner y Vázquez de resolver el conflicto papelero «no está en duda», aseguraron las fuentes que participan en la confección del «Acuerdo de Anchorena». En la residencia presidencial de Anchorena, ubicada a unos 30 kilómetros de Colonia, estaba prevista para el miércoles la frustrada reunión de los mandatarios, que hasta último momento parecía encaminarse sin obstáculos.

El mismo escenario es el que Uruguay tiene preparado para el caso de que todo transcurra con normalidad y se pueda producir el nuevo encuentro «en el mejor de los casos el miércoles próximo».

Una de las exigencias que planteará Uruguay en la reunión es que no se produzcan más cortes en los puentes internacionales. «Se exige que el tránsito sea libre, que no se viole el derecho internacional», dijo el canciller Gargano. Esa garantía precisamente es la que los ambientalistas de Entre Ríos estarían dispuestos a sostener siempre y cuando el país oriental responda a los pasos propuestos por el gobierno argentino respecto del estudio ambiental exhaustivo.