Amplían denuncia en el Consejo contra juez Riggi por paralizar la investigación sobre Macri

Se evidenciaría maniobra inédita de obstrucción al devolver expediente y sacar "fotocopias", luego de que ingresara denuncia contra el juez. Acordada de Casación indicaba lo contrario. Exigen que se fije fecha para resolver recurso del expresidente que busca evitar que se incorpore cruce de sus llamados.

El juez Eduardo Riggi intentó obstruir la investigación que la jueza María Servini lleva adelante respecto a las maniobras atribuidas a Mauricio Macri.

Mientras que el consejero juez Alberto Lugones era sorteado para instruir el expediente disciplinario en el Consejo de la Magistratura sobre el camarista de Casación Penal Eduardo Riggi, se amplió la denuncia en su contra por mal desempeño.

Fue en el marco del intento de obstrucción de la investigación que la jueza María Servini lleva adelante respecto a las maniobras atribuidas a Mauricio Macri, gran parte de su “mesa judicial” y exfuncionarios de la AFIP, en momentos clave de la causa Oil Combustibles, que reveló Ámbito el 31 de enero. Riggi no solo había dado curso a un recurso del expresidente para evitar incorporar un informe de la Dajudeco sobre el entrecruzamiento de sus llamados junto a otros imputados, sino que había solicitado toda la causa original –un hecho inédito para Casación- lo que impedía a la magistrada avanzar con medidas de prueba clave. Apenas fue denunciado, el 5 de febrero, el camarista ordenó devolver las actuaciones, lo que para la querella representa la confirmación de que la decisión tenía como objetivo paralizar el caso.

El dato central surge de la Acordada 1/12 de la propia Casación, aprobada en 2012 y firmada por todos sus miembros, entre los que se encontraba el propio Riggi. Allí se establecían una serie de reglas para agilizar el tratamiento de expedientes en el máximo tribunal penal y se detallaba de manera explícita que para tramitar un recurso solo habrían de remitirse “las piezas imprescindibles para su resolución, evitando acompañar los autos principales”. Exactamente lo contrario a lo que ordenó Riggi en este caso. A fines del año pasado, el juez habilitó la instancia ante el recurso de Macri al que adhirió la defensa de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, pese a que el cuestionamiento a los entrecruzamientos que había habilitado la Cámara Federal era una medida de prueba y no era homologable a una sentencia definitiva.

Además de iniciar un proceso dilatado en el tiempo, y en lugar de obtener fotocopias (de una causa que está completamente digitalizada) solicitó los autos principales, a contramano de las reglas que la Casación se había auto impuesto y aplica siempre. En esto radica “la falta de todo fundamento fáctico, lógico y jurídico de esta decisión”, indicó el abogado Carlos Beraldi que representa al denunciante y accionista del Grupo Indalo Fabián De Sousa.

Pero además, y debido a la Pandemia, Casación fijó que “todas las consultas que pueden realizar las partes deben efectuarse por vía remota, tornando ello aún más inexplicable la solicitud física del expediente”, se explicó. A lo que se suma que “el expediente principal, de ser necesario, puede solicitarse cuando el recurso se encuentra próximo a ser resuelto y no al principio de su trámite, máxime si para su sustanciación se imprime un procedimiento que puede demorar varios meses”, indica la denuncia a la que accedió este diario.

El 23 de diciembre Riggi se negó a entregar la causa principal y adujo “las facultades inherentes al trámite del proceso son propias y exclusivas del Tribunal”. Eso paralizó una decena de declaraciones testimoniales que Servini había convocado. El 12 de febrero de 2021, es decir, una semana después de haber denunciado al juez Riggi, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal devolvió las actuaciones a la primera instancia. A tal efecto se argumentó que se obtuvieron “fotocopias y copias digitalizadas del expediente principal”.

Esta decisión corroboró que jamás existió una razón objetiva que justificara la solicitud del expediente y la consecuente paralización de la instrucción: toda la causa ya había sido digitalizada en la primera instancia y estaba a disposición de todas las partes, de modo que no era necesario pedir las actuaciones ni mucho menos paralizar la pesquisa al solo efecto de obtener copias de las actuaciones”, especificó la denuncia dirigida al presidente del Consejo, Diego Molea.

“Arbitraria y jurídicamente inexplicable”, se calificó aquella decisión de Riggi, que sumó una nueva irregularidad: el 4 de febrero pasado venció el plazo normativo para que Casación fije una fecha para realizar la audiencia previa a resolver el recurso. Beraldi, en paralelo, solicitó a través de un pronto despacho que Casación ponga fecha para esa audiencia y que como indica un artículo recientemente puesto en vigencia por el Congreso del Código Procesal Penal, la misma pueda ser accesible a los medios periodísticos, tal como ocurrirá hoy con la de la causa “Dólar Futuro”. El pronto despacho tiene un plazo de respuesta de 10 días. El empresario Cristóbal López también se incorporó como querellante ante Servini y solicitó que el informe de los entrecruzamientos –que ha disparado la tensión sobre Macri y su entorno por la posible aparición de magistrados en los llamados telefónicos- sea finalmente sumado al expediente, más allá de la resolución que Casación dilata.

La conclusión de la denuncia es que “ni bien la incidencia quedó radicada ante la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, el juez Riggi, sin fundamento alguno, requirió urgentemente el expediente principal a la primera instancia y ordenó poner los autos en Secretaría por el término de diez días. Empero, habiendo transcurrido un mes desde que culminara dicho plazo, el Tribunal ni siquiera fijó fecha de audiencia, dato que vuelve a ratificar que la remisión de las actuaciones no tuvo ningún otro objetivo más que el de entorpecer una investigación de inusitada gravedad institucional”.