El Gobierno y el Grupo Clarín presentaron sus respectivos argumentos ante la Cámara en lo Civil y Comercial Federal luego de la apelación del multimedio al fallo de primera instancia del juez Horacio Alfonso, que avaló la constitucionalidad de los artículos cuestionados de la Ley de Medios.
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Ambos escritos fueron presentados en el día en que se vencían los plazos para que las partes amplíen fundamentos, acorde con la habilitación de la feria judicial exigida por el Estado para acelerar la causa por la aplicación de los artículos 45 y 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
En su presentación, la Jefatura de Gabinete y el Afsca cuestionaron la "legitimidad" del Grupo Clarín para intervenir en la causa: advirtió, en este sentido, que buena parte de las licencias que posee el multimedio están a nombre de otras sociedades, por lo que no sufriría "agravios" directos con la aplicación plena de la ley, señalaron fuentes judiciales.
El Grupo Clarín, en tanto, alegó cierta "arbitrariedad" en el fallo del juez Alfonso porque "ignoró" prueba presentada por la empresa, como tres pericias que habrían demostrado -según esa parte- el perjuicio económico que genera la aplicación de los artículos, actualmente suspendidos.
En su descargo de 180 páginas, Clarín insistió además en que la ley afecta las garantías constitucionales, entre ellas el derecho a la propiedad y la libertad de expresión, y sostuvo que la norma genera "perjuicios negativos para el mercado audiovisual y la libertad de prensa".
"El juez pretende relativizar la estabilidad y la titularidad de las licencias de medios audiovisuales confundiéndolas con las concesiones de servicios públicos y sosteniendo una precariedad y revocabilidad de las mismas que contradice toda la jurisprudencia y doctrina aplicable, más aún por tratarse de vehículos para el ejercicio de la libertad de expresión", indicó el multimedio.
A partir de ahora, la Cámara correrá traslado de los fundamentos a las partes para que respondan en un plazo de diez días hábiles, y recién entonces quedará en condiciones de resolver si ratifica o no el fallo de primera instancia, cuando ya se reanude en febrero la actividad tribunalicia normal.
Mientras tanto, la aplicación de la ley sigue en suspenso pese al fallo de primera instancia, ya que en diciembre pasado la Corte Suprema de Justicia avaló la prórroga de la medida cautelar que mantiene inaplicable la norma para el Grupo Clarín hasta tanto haya pronunciamiento de la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal.
Esta Sala está integrada por camaristas que fueron cuestionados por el Gobierno, no sólo por su actuación en la causa por la Ley de Medios, sino también por aceptar la medida cautelar impuesta por la Sociedad Rural para frenar la expropiación estatal del predio.
"Las apelaciones son maniobras dilatorias para evitar cumplir con una ley que pone al Grupo Clarín en igualdad de condiciones con el resto de sus competidores", señaló el titular del Afsca, Martín Sabbatella, que remarcó que con su plena vigencia "pierden privilegios que le generan posiciones dominantes en el mercado y lesionan el derecho de los ciudadanos a informarse".
En declaraciones radiales, el funcionario precisó que hasta que la Cámara se expida, la Afsca "continúa trabajando en analizar los planes de adecuación voluntaria que presentaron las empresas".
"Es una cuestión de tiempo la aplicación de la Ley de Medios.
Que no se aplique lesiona la democracia. Es una ley constitucional. Clarín perderá sus privilegios. Es el único que no presentó la adecuación voluntaria", agregó Sabbatella.
A mediados de diciembre, y siete días después del 7D, la fecha que había marcado la Corte Suprema como límite a los grupos multimedios para comenzar a desprenderse de licencias que excedan lo permitido por la ley, Alfonso consideró que la norma es constitucional y que ni los límites a la tenencia de licencias de radiodifusión implicaban un atentado contra la libertad de expresión.
