Hebe de Bonafini parece ser una mujer a la que le incomodan los detalles. Ella está para dirigir las luchas de las Madres de Plaza de Mayo. Para el resto de los temas, como administrar el conglomerado de emprendimientos que hoy rodean a esa asociación prefiere recurrir a profesionales. Por eso contrató a Felisa Miceli para, según sus propias palabras, dirigir al equipo de contadores y arquitectos que construyen casas, manejan la Universidad Popular o regentean la radio de las Madres (ver diálogo en Contratapa). Lástima que no reparó en que antes de contratar a un ex ministro en la Argentina, se deben revisar algunas incompatibilidades que fija la Ley de Etica Pública.
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El Grupo Madres ha crecido mucho en los últimos tiempos y los detalles no pueden quedar al azar.
Menos cuando los fondos provienen en buena parte de aportes del Estado o de aportes de alumnos o cuando se comparte el control de empresas, como el caso de la sociedad que tienen las Madres con la Ciudad de Buenos Aires para la construcción modular de viviendas.
Miceli ayudó mucho al grupo liderado por Bonafini. Hebe lo reconoció ayer cuando no sólo confirmó que la ex ministra famosa por haberse retirado del cargo sin poder explicar aún por qué apareció una bolsa con $ 100.000 y u$s 30.000 en su despacho, sino que le agradeció públicamente lo que hizo por ellas cuando fue presidenta del Banco Nación o ministra de Economía.
No queda claro si Miceli manejará o no fondos de las Madres, pero ése parece ser hoy un tema menor. Cuando se le preguntó a Bonafini sólo balbuceó: «Para las casas». Es decir, para el emprendimiento «Sueños Compartidos» que llevan adelante en Ciudad Oculta y piensan multiplicar hasta 1.500 viviendas. Luego especificó: «Sólo dirigirá el equipo, pero no va a manejar los fondos». Lo mismo dijo ayer Miceli también por radios.
Rendir cuentas
Pero será la encargada, también según Bonafini, de la «rendición al gobierno que es el que pone el dinero para lo que estamos haciendo».
Esto significa que a los subsidios a las Madres que entregó como ministra, se suman al crédito que Miceli les otorgó en su momento desde el Banco Nación y a los fondos para «recuperar la universidad que nosotros habíamos perdido». Es lógico, entonces, que Bonafini le esté agradecida. Lo que no es lógico es que Miceli antes de aceptar el cargo y con ese nivel de relación con las Madres, no haya leído la Ley de Etica Pública. Allí comienzan los problemas.
En el artículo 46 de esa norma que se sancionó con el decreto 41/99 durante el gobierno de Carlos Menem: allí se prohíbe a todo funcionario, durante la vigencia de su cargo o hasta un año después de su egreso, «efectuar o patrocinar para terceros, trámites o gestiones administrativas, se encuentren o no directamente a su cargo, ni celebrar contratos con la Administración Pública Nacional, cuando tengan vinculaciones funcionales con la actividad que desempeñe o hubiera desempeñado». La ex ministra fue la encargada de controlar los fondos que se otorgan cada año en el Presupuesto Nacional a la Asociación Madres de Plaza de Mayo y, como relató Bonafini, también la artífice de un préstamo y otros aportes. Pasar de esos actos a controlar parte de las empresas de las Madres la deja adentro del fatídico artículo 46.
Como contadora, le serviráa Bonafini para emprolijar otras cosas. Como toda empresa, en las crisis de crecimiento se dejan de lado detalles que luego pueden complicar. Ya no basta para financiarse, como relata Bonafini, con «sortear un par de medias» o hacer una feria de tortas. Cuando se organizan congresos a los que concurren 7.500 personas o se tiene una Universidad que dicta carreras con título habilitante, como Derecho, y se cobra un pequeño arancel a los estudiantes o se construyen planes de mas de 1.500 viviendas, como mínimo hace falta un contador. Qué menos entonces para el cargo que una ex ministra de Economía, que conoció bien esos números desde afuera, cuando disponía para ellos fondos del Estado, como ahora los conocerá desde adentro.
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