Mientras se debate reforma, "notables" invitan a la Corte

Política

La reforma judicial que apura el Gobierno tuvo su segundo round en el Senado durante el plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales que escuchó en versión presentación remota las ponencias de la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta; y la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, además de una decena de invitados especiales que opinaron a favor y en contra de ese proyecto.

En paralelo, el consejo consultivo creado por Alberto Fernández, también se reunió ayer, y resolvió invitar a la Corte Suprema para que opine respecto de eventuales cambios sobre el propio tribunal que deben proponerse al final de su evaluación. El gesto puede interpretarse como un intento de componer y bajar los decibeles del malestar en el cuarto piso respecto a la “inconsulta” decisión de avanzar sobre una reforma del máximo Tribunal. Será Fernández quien deba cursarle invitación formal a los miembros de la Corte. También se definió convocar para que emitan opinión institucional el Consejo de la Magistratura y los Ministerios Públicos, Fiscal y de la Defensa, que también integran el temario de diagnóstico del consejo.

“Cualquier mecanismo que promueva la participación, como cuotas o la paridad en el equilibrio de los géneros, son acciones muy positivas”, dijo ayer Gómez Alcorta.

La funcionaria mencionó que en el proyecto enviado por el gobierno de Fernández “hay cuestiones de género centrales” y mencionó el artículo 16 de la norma “que establece que el Consejo de la Magistratura procederá a elegir las listas teniendo en cuenta y respetando la diversidad de géneros”.

La Defensora General de la Nación no tuvo una visión tan optimista. “La reforma debe hacerse” ya que “es necesaria y muy urgente”, dijo, pero consideró que “la ley tal como está planteada “tiene algunos problemas”, ya que remite a “un modelo antiguo”. En la audiencia de debate, Martínez le recomendó a los senadores que sería conveniente “introducir modificaciones”. “Se crea una cantidad muy grande de juzgados (en el fuero federal) 46 juzgados y 45 fiscales y sólo 12 defensorías”, explicó y opinó que “con ese déficit no se puede funcionar”.

El presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) y fiscal Criminal y Correccional Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Carlos Rívolo, también tuvo su turno y cuestionó que siga sin aplicarse el sistema acusatorio. “El proyecto ingresado arroja comparativamente para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para la Provincia de Buenos Aires una cantidad desequilibrada de fiscalías. Para la Ciudad, con 3,8 millones de habitantes, tendríamos 46 juzgados y 35 fiscalías. Para la provincia, con sólo 3,5 millones de habitantes en el Conurbano, habría 27 juzgados y 19 fiscalías”, describió.

Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), destacó que “este proyecto sigue quedando centrado en una lógica de creación de juzgados y fiscalías que implica una mirada contraria al avance y la implementación del sistema acusatorio. “El proyecto no puede estar basado en la creación de juzgados”.

Alejandro Fargosi del Colegio de Abogados de la Capital y exconsejero de la Magistratura, destacó que “si el fundamento de la reforma es evitar la politización de la justicia, no hay que crear jueces, sino juzgar a los culpables. El problema no es la cantidad de jueces, sino la calidad de jueces”, expresó.

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez elogió la idea del proyecto de transferir competencias a la Ciudad como “una política de estado que arrancó con el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner y cuando los jefes de gobierno fueron Aníbal Ibarra y Mauricio Macri”. Sin embargo, Gil Domínguez cuestionó la idea expresada por el senador oficialista Oscar Parrilli de incluir la facultad para los jueces de denunciar a los medios como “fuentes de presión”. “Eso es contrario a los tratados de derechos humanos y a la libertad de expresión”, indicó.

El representante del espacio Gente de Derecho, Jorge Rizzo, en cambio, cuestionó el traspaso de fueros a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque “no mejorará la situación de los justiciables y generará clientelismo”. “En la Justicia porteña hay una mesa judicial. Y esa situación debe ser tenida en cuenta a la hora de procederse al traspaso de esas facultades”, denunció Rizzo.

La fiscal de los tribunales federales de Comodoro Py, Gabriela Baigún, manifestó que está “de acuerdo con una reforma del Código de Procedimiento Federal”. “Este es el momento. Nunca hay un momento adecuado. Esta justicia federal de la CABA, en contradicción a todo el sistema acusatorio que rige en todo el país, constituye un poder judicial que se comporta de manera feudal, que no es transparente”, sentenció.

El presidente del Instituto de Estudios Legislativos, Fernando Díaz Cantón, argumentó que “el propósito que este proyecto se impone llevar adelante va en contra de lo que realmente se propone que se sancione”.

“Se procura recorrer un camino que garantice la real independencia de los jueces del poder político, económicos y de actividad de inteligencia. Pero resulta que cuando uno lee el proyecto se da cuenta de que los jueces que se están designando son jueces investigadores. Estamos llenando la justicia federal de personas que no pueden cumplir el rol de juez porque son investigadores”, explicó.

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