Un grupo de generales, almirantes y brigadieres retirados advirtió que fue el gobierno constitucional de Isabel Perón el que empeñó a las Fuerzas Armadas en la «guerra revolucionaria provocada por el terrorismo subversivo».
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El pronunciamiento de los militares surgió como adhesión a las expresiones del general Heriberto Auel, quien calificó como una «mentira» la existencia de campos de concentración durante el gobierno militar.
«Lo que hubo fueron lugares de detención que están totalmente previstos en la doctrina y estaban en los reglamentos oficiales establecidos. Acá hubo una guerra civil con una conducción externa en lo que hace al agresor, terroristas, guerrilleros y revolucionarios», dijo Auel uno de los oficiales más críticos del gobierno de Néstor Kirchner.
Los dichos del general encontraron el respaldo de los Foros de Generales, Almirantes y Brigadieres retirados, núcleo que consideró que los miembros de las instituciones militares «actuaron en cumplimiento de la misión» que les competía como brazo armado del Estado, «utilizando los medios específicos con que están dotadas, aptos para el combate y no para la represión».
Además de defender a uno de sus generales (Auel es presidente del Instituto de Estudios Estratégicos de Buenos Aires), la entidad castrense denunció que a los militares detenidos «se les niega la presunción de inocencia».
En un duro documento sostienen que a partir del 10 de diciembre de 1983 fue configurada una sucesión de hechos y acciones que «desnaturalizó la condición de ciudadanos» de los integrantes de las Fuerzas Armadas.
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