Modera hoy De la Rúa nueva SIDE paralela

Fernando de la Rúa firmará hoy el decreto reglamentario de la ley de lavado de dinero que pone en marcha la Unidad de Información Financiera. Esa comisión especial investigará todas las operaciones financieras sospechadas de encubrir lavado de dinero y dependerá del Ministerio de Justicia, por lo que será un organismo eminentemente político. Este punto es uno de los que más críticas levantó desde el sector financiero. Además se decidió que los 6 miembros que la integrarán sean ministros o secretarios de Estado. De esta forma el gobierno quiere desmentir cualquier crítica a que la UIF se conforme transitoriamente con cargos nombrados por decreto y no siguiendo el procedimiento por concurso que fija la ley contra el lavado de dinero. Así De la Rúa se saca de encima otra andanada de críticas por los primeros nombres que sonaron para integrar la UIF.

Toques finales

Anoche Mariano Ciafardini, secretario de Política Penitenciaria del Ministerio de Justicia, seguía dando los toques finales al decreto reglamentario que el Presidente firmará hoy. Para el gobierno la ocasión no podría ser peor. Aparecerá firmando una reglamentación presionado por la publicidad del informe del senador demócrata estadounidense Carl Levin sobre el lavado de dinero que destina un capítulo a las actividades de bancos en la Argentina. Al mismo tiempo De la Rúa se ve obligado a avanzar en la reglamentación de ley como dando respuesta a otras presiones internas, como la de Elisa Carrió, que colaboró con la investigación en los EE.UU. o de los frepasistas y de Carlos Ruckauf que ayer pedían la renuncia de Pedro Pou por su actuación en relación al mismo tema.

Ayer en la Casa Rosada nadie podía ocultar el fastidio que despertaron en el gobierno las presiones públicas de Carrió. Es que nadie recordó frente a la prensa que la Argentina forma parte de la GAFI -Grupo de Acción Financiera Internacionalun organismo mundial de control de lavado de dinero integrada por países que demuestran acciones concretas para combatir ese delito y que determina qué Estados cumplen con el combate del lavado y cuáles no. La campaña desatada en los últimos días, por lo visto, ignora que la Argentina pertenece a ese organismo por no estar incluida en ninguna lista negra sobre actividades de narcolavado. Pero las denuncias conocidas en las últimas semanas pueden hacer peligrar ese status.

El eje de la reglamentación -que ya el jueves pasado tenía en sus manos De la Rúa- es una interpretación muy restrictiva de lo que es una operación sospechosa de manera de que la nueva comisión reguladora no intercepte todas las operaciones de más de $ 10 mil y entorpezca los negocios financieros. Este es el miedo que vienen explicando los banqueros desde que se comenzó a hablar de la reglamentación de la ley: tener que informar todas las operaciones financieras que se realizan a diario por un monto determinado y que la comisión termine asustando a inversores y depositantes que nada tienen que ver con el lavado de dinero.

En la reglamentación que se conocerá hoy también se simplifica el mecanismo de concursos para elegir los miembros de esa comisión de manera de evitar que pululen los falsos expertos en lavado de dinero, una especie de profesionales que se ha puesto de moda en el mundo a partir de saber que con algunos pocos cursos de especialización y dos viajes al exterior, los abogados se están convirtiendo todos en técnicos sobre el tema.

Garantía

En la redacción se establece, además, que no podrá abrirse ninguna operación a investigación sin que intervenga antes un juez. Es decir, se garantiza que no habrá intercepción desde el Ejecutivo de ninguna operación, máximo temor de los bancos.

Uno de los puntos más criticados de la ley son las facultades extraordinarias que se otorgan a la comisión para levantar el secreto en las operaciones bancarias.

Ese punto será relativizado en la reglamentación para no caer en la anarquía financiera que supondría la publicidad de las operaciones que realizan empresas y particulares. Para esto el secreto simple (firmar un convenio de confidencialidad con la otra parte en una operación legal) y el secreto bancario quedan distinguidos y a éste último sólo podrá levantarlo un juez.