Moyano por más: busca atrasar el país sacando la Ley Laboral

No podía estar ausente el gremialista Hugo Moyano en el escándalo de las coimas en el Senado. Convocó (como le gusta) a una conferencia de prensa en el gremio de los camioneros. Desde ese escenario «conminó» a la derogación de la Ley 25.250 y se arrogó el «triunfo de los trabajadores». En rigor de verdad, el único artículo de la ley reformada que llegó a aplicarse es el que habilita los contratos temporales. Sin embargo, Moyano siempre temió que se aplicase cabalmente porque, entre otras virtudes, la ley fortalecía el poder de los gremios menores para poder negociar sus condiciones de trabajo sin intervención del sindicato central. Ayer, desde la Casa Rosada se encargaron de acercarle a su árbol navideño el regalo que más esperaba. Se informó que el gobierno enviará al Congreso durante el primer trimestre de 2004 un nuevo proyecto para derogar la ley existente y retrotraerse al statu quo anterior, beneficioso para los «gordos». Un brindis para Moyano.

El gobierno enviará en el primer trimestre de 2004 un nuevo proyecto que derogará la Ley 25.250 de reforma laboral bajo la siguiente fórmula: permanecerá la posibilidad de aplicar períodos de prueba de entre 3 y 6 meses, pero se eliminarán todos los otros artículos, incluyendo la apertura de las negociaciones colectivas de trabajo y la jerarquización de los acuerdos por empresa y regionales. En otras palabras, los sindicatos grandes mantendrán su poder inalterado sin que nunca se hayan aplicado los artículos de la ley del gobierno de Fernando de la Rúa que buscaban reducirlo en favor de los gremios de menor nivel.

Según se asegura dentro del Gabinete de Néstor Kirchner, con la estrategia estaría garantizado el apoyo del sindicalismo -especialmente Hugo Moyano- y no habría mayores embestidas públicas contra la nueva ley. Hay coincidencia dentro del Poder Ejecutivo, fundamentalmente por la visión de los ministros de Economía, Roberto Lavagna; de Trabajo, Carlos Tomada; y de Interior, Aníbal Fernández, que el mantenimiento del título I de la 25.250, que habilita los contratos temporales, no debería ser modificado.

• Realidad

Tampoco hubo en los últimos días mucha intención por parte de los gremios de criticar este capítulo. La falta de crecimiento efectivo de la demanda laboral y la necesidad de no enardecer más la relación entre el gobierno y el sector privado harían que este derecho de poder contratar trabajadores por plazos de entre 3 y 6 meses se mantenga. Estas alternativas laborales que permitía la reforma ahora cuestionada fueron lo único que efectivamente fue hecho realidad en la ley.

El resto de los contenidos, títulos y articulados de la 25.250, caerá definitivamente en la nueva legislación. En la realidad laboral nadie notará ningún tipo de cambio con la actualidad, ya que los temas que se eliminarán nunca fueron habilitados. Se trata de dos aspectos esenciales: la jerarquización de los acuerdos por empresa y regionales, y la renegociación de los convenios colectivos de trabajo o caída de la ultraactividad. Precisamente lo único de la ley aprobada en 2000 que buscaba eclipsar el poder sindical.

Según Patricia Bullrich, ministra de Trabajo en la era de Fernando de la Rúa y la encargada de poner en funcionamiento la legislación en el segundo semestre de 2001, «es un error creer que se trató de una ley de flexibilidad laboral, sino que era una legislación que les restaba poder a los sindicatos más fuertes». «Lamentablemente -continúa Bullrich-, la ley nunca se llegó a poner en práctica, salvo los períodos de prueba, porque Fernando de la Rúa hizo que se suspendiera al final de su gobierno» con lo que «pagó un costo político enorme por una ley que nunca se aplicó».

En concreto, y fuera de la posibilidad de contratar empleados por 3 o 6 meses sin que rija el derecho a la indemnización (algo que se utiliza hoy habitualmente), el resto de los articulados nunca se concretó. En agosto de 2001, y por orden expresa de Fernando de la Rúa en uno de sus varios relanzamientos del gobierno de la Alianza, instruyó a Bullrich para que pusiera en práctica inmediatamente la integridad de la reforma laboral aprobada en año anterior.

• Negociaciones

El Ministerio de Trabajo reglamentó el 11 de julio de 1001 un cronograma donde se citaba a 430 sindicatos de todo el país a concurrir a la Dirección de Negociaciones Colectivas del Ministerio de Trabajo para comenzar las negociaciones con el sector privado y público en el caso de los gremios estatales. Así, desde el 13 de agosto, comenzaron a llegar a Callao 114 (la sede habilitada por Trabajo) los negociadores de las dos partes, avalados por los técnicos del ministerio que manejaba Bullrich. Así se sentaron en diferentes momentos y respetando puntillosamente el cronograma oficial, entre muchos otros gremios como la Asociación Bancaria, la Unión Obrera de la Construcción, el sindicato de actores, la Asociación de Trabajadores el Estado (ATE), la Unión Ferroviaria, textiles, tabaco, Sanidad, líneas aéreas (por esa época en pleno combate por Aerolíneas) y curiosamente el sindicato de choferes, camiones y afines que manejaba y aún dirige con mayor poder que nunca Hugo Moyano, el enemigo público número uno de la ley.

En total fueron 85 los sindicatos que llegaron hasta el Ministerio de Trabajo para negociar durante dos años la vigencia o caída de las convenciones colectivas de trabajo y la habilitación para los gremios de menor jerarquía para que se den sus propias reglas laborales sin que intervenga el gremio central.

Fue, efectivamente, el comienzo de las discusiones para que los sindicatos más importantes pierdan poder de representación, a mano de los delegados del interior del país o de empresas directamente. Desde el día que oficialmente comenzaban las negociaciones, las partes tenían dos años para modificar las reglas de juego. Pasado ese tiempo, automáticamente la ultraactividad caía y comenzaba un nuevo convenio colectivo.

Ningún gremio negociador se quejó públicamente entre agosto y noviembre de tener que sentarse a discutir estos temas. Sin embargo, el 29 de octubre De la Rúa le pidió la renuncia a Bullrich (que pasó efímeramente a Seguridad Social) y el Ministerio de Trabajo pasó a ser comandado por José Gabriel Dumón, que en los primeros días de noviembre directamente suspendió el cronograma y terminaron las negociaciones por la caída de la ultraactividad y la jerarquización de los gremios de menor nivel, dos disposiciones de la Ley 25.250 que nunca llegaron a existir.

En enero de 2002, ya con Eduardo Duhalde en el gobierno, la reforma laboral de Fernando de la Rúa terminó su vigencia real cuando desde el Ministerio de Trabajo de Alfredo Atanasof se suspendió el cronograma. Ahora, se espera que en el primer trimestre de 2004, los artículos que molestaban a los sindicatos grandes terminen de existir.