El comisario Rafael Sosa (de lentes oscuros) era uno de los exjefes de la división antidrogas de la policía de Córdoba.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Córdoba (TOF 2) ordenó este lunes la detención de un agente, que está imputado en la causa en la que se investigan supuestos vínculos entre la Policía cordobesa y una red de narcotraficantes, por no haberse presentado a declarar como testigo en otra causa.
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Los vocales del TOF 2 dispusieron la detención de Cristian Ingas porque no se presentó hoy en el juicio oral que dicho tribunal sigue por un hecho acaecido en Villa Ciudad América en el que aquel intervino como miembro de la división Lucha contra el Narcotráfico de la Policía cordobesa, según informaron fuentes judiciales.
Ingas, si bien está imputado en la causa del "narcoescándalo", que aún no llegó a la instancia del juicio oral, se encontraba en libertad, aunque ahora el TOF 2 resolvió su detención por no haber declarado en la otra causa, en la que había sido ofrecido como testigo. A principios de este mes, el juez federal Nº 1 de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, en la causa conocida como "narcoescándalo", había dispuesto el procesamiento, sin prisión preventiva, de los policías Mario Enrique Osorio, por "violación de los deberes de funcionario público", e Ingas, por el mismo delito más el de "falso testimonio agravado".
En cambio, Bustos Fierro dictó el procesamiento -con prisión preventiva- para seis miembros de la división Lucha contra el Narcotráfico de la Policía provincial, a los que les imputó los presuntos delitos de "asociación ilícita" y "violación de los deberes de funcionario público".
La medida alcanzó a los exjefes de la división, comisario Rafael Sosa, y sobre el comisario general retirado Mario Nieto, así como respecto del exjefe de la División Inteligencia, comisario Gustavo González; del comisario Alfredo Seine, del oficial Franco Argüello y del suboficial Fabián Peralta Dátoli.
Bustos Fierro procesó también al "informante" Juan Francisco Viarnes, por los presuntos delitos de "extorsión en carácter de partícipe necesario", "violación de los deberes de funcionario público en carácter de partícipe necesario" y "falso testimonio agravado, en carácter de autor", aunque sin prisión preventiva.
El escándalo político e institucional que enfrenta el gobierno de José Manuel de la Sota, denominado "narcoescándalo" o el caso de los "narcopolicías", derivó meses atrás en las renuncias del exministro de Seguridad, Alejo Paredes, y del exjefe de Policía, Ramón Frías.
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