Cristina de Kirchner afrontará esta semana una delicada agenda ecológica. Tanto dentro como fuera del país. A su controvertido primer viaje al exterior como presidente electa, que terminó con el cierre de un paso fronterizo con Uruguay y con un recrudecimiento de los cortes de ruta de los asambleístas argentinos, se le sumará el miércoles en el Senado el debate por la llamada «ley de bosques» que divide al bloque kirchnerista de la Cámara alta.
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La senadora bonaerense comenzó el fin de semana en Chile a padecer parte de la agenda ejecutiva y legislativa que, en la división ganancial de conflictos del matrimonio presidencial, deberá afrontar en primera persona a partir del próximo 10 de diciembre. Por un lado, el conflicto con Uruguay por la papelera Botnia, ya humeante, y por el otro la demorada ley de protección de bosques nativos, trabada por los senadores de su propio partido.
Cristina de Kirchner nunca recibió a los asambleístas. La esposa de Néstor Kirchner apoya el reclamo de los activistas de Gualeguaychú a favor del medio ambiente pero no adhiere a la metodología de los cortes de ruta, aunque la administración de su marido los haya avalado tácitamente. La futura presidente tampoco tiene en agenda recibir a los cabecillas del reclamo de Entre Ríos ni tampoco un drástico cambio de política en relación con este conflicto. Esperará que se pronuncie la Corte Internacional de Justicia de La Haya pero tampoco asumirá en persona un conflicto de difícil resolución: Botnia ya está operando y el fallo judicial definitivo demorará más de un año en llegar.
Alberto Fernández y Romina Picolotti seguirán siendo los portavoces ante los líderes más moderados de la asamblea ambiental de Gualeguaychú, única facción con la cual la Casa Rosada mantiene el diálogo. José Pouler, Osvaldo Massou, Gustavo Rivollier y Jorge Fritzler son los interlocutores de la causa ecológica con la Casa Rosada pero les está vedado el contacto con Cristina de Kirchner. Parte de la delegación argentina que viajó a Chile con el Presidente se mostró sorprendida de que el marido de la presidente electa se mostrara en público en la Embajada argentina en Santiago de Chile. El matrimonio nunca quiso aparecer como aliado o defensor de los responsables de los cortes de ruta, o «bloqueo» como lo llama el presidente uruguayo, para no perjudicar la estrategia jurídica del gobierno ante La Haya. La primera dama seguirá, según confiaron funcionarios kirchneristas, sin mostrarse junto a los asambleístas a quienes consideran difíciles de manejar en virtud de su estructura descentralizada. No hay un mando fijo ni un cabecilla visible con quien negociar y, aunque el gobierno los mantenga satisfechos financiándoles spots publicitarios y peléandose con Tabaré Vázquez en cumbres internacionales, Cristina de Kirchner no exhortará a que se levanten los cortes de ruta y sólo les ofrecerá medios para monitorear la calidad del agua y del aire en Gualeguaychú, mecanismo que la Secretaría de Medio Ambiente ya puso en marcha este fin de semana.
En el gobierno agradecían ayer a Hugo Chávez por el escándalo protagonizado con el rey Juan Carlos de España. Ese entredicho entre el Borbón, el bolivariano y José Luis Rodríguez Zapatero, se jactaban en el kirchnerismo, ayudó a aplacar la disputa que tuvo a la Argentina y Uruguay como protagonistas destacados de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado. «Si no hubiese sido por la pelea de Chávez y España ésta hubiese sido recordada como la cumbre de Botnia», reflexionaba ayer ante este diario un funcionario con despacho en el Poder Ejecutivo.
Discusión
Si el ex jefe del Gobierno español José María Aznar era o no un «fascista», pese a ser español, fue la discusión entre Chávez y Rodríguez Zapatero, con reto incluido del monarca ibérico, que festejó la Cancillería como un logro diplomático que permitió enjuagar el exabrupto diplomático que generó el uruguayo Tabaré Vázquez y que minimizó el vicio de origen en las giras internacionales de la primera dama argentina.
Al controvertido frente internacional de la agenda ecológica de Cristina de Kirchner se le debe sumar la polémica desatada por la ley, presentada por el Poder Ejecutivo e impulsada por el transversal Miguel Bonasso, que busca reducir la tala y el desmonte en todo el país. El tema adquiere relevancia política en medio de la pelea por las papeleras. La Casa Rosada quiere mostrarse preocupada por la ecología y para eso necesita también aprobar este proyecto de ley resistido por los senadores kirchneristas de provincias con una desarrollada industria forestal como Misiones, Salta, Jujuy, Entre Ríos y Córdoba.
Por eso el martes se realizará un plenario de las seis comisiones que deben dictaminar sobre este tema. Allí, según fuentes del bloque del Frente para la Victoria que comanda Miguel Pichetto, se intentará acordar los cambios que se le introducirán a la propuesta. Un fondo compensador de más de 200 millones de pesos podría derribar la resistencia de las provincias que frenanla aprobación de esta ley de protección de los bosques a nativos pero ahora el debate interno gira en torno a quién será la autoridad que administrará esa suma: la Nación o las provincias. Hasta ayer el gobierno aseguraba que Picolotti retendría el manejo de esos millones, pero la última palabra no está dicha.
El proyecto, que ya cuenta sanción de la Cámara de Diputados, iba a ser tratado la semana pasada sobre tablas, pero su votación se postergó por falta de acuerdo en el bloque oficialista. Entre otros cosas, la iniciativa suspende por un año el derecho de las provincias a concesionar nuevos permisos de desmonte y de explotación y establece un plazo para la realización de un ordenamiento de sustentabilidad de los bosques nativos, además de ratificar el rol de las provincias en el control y la aplicación de la ley.
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