Nuevamente caras largas durante la reunión que Jorge Taiana, Alberto Fernández y ambientalistas de Entre Ríos mantuvieron ayer en Cancillería. No se aceptó pedido de levantar bloqueos.
«Si el Presidente no toma ya mismo una determinación respecto a La Haya, entonces vamos a seguir concediéndole la ventaja a Uruguay y Kirchner será el único responsable.» Con esta frase un grupo de dirigentes de las Asambleas Ambientales de Gualeguaychú y de Colón anticipó el planteo que minutos después formalizó ante el canciller Jorge Taiana y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, en una reunión que mantuvieron en el piso 13 del Ministerio de Relaciones Exteriores en Buenos Aires.
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Por su parte, y pese a reiterados esfuerzos, los funcionarios no lograron en el encuentro de ayer persuadir a los asambleístas de Gualeguaychú de que levantaran los bloqueos para no seguir dándole argumentos al Uruguay de mantener cortado cualquier tipo de diálogo diplomático. Hoy será el turno de la Asamblea de Colón, que decidirá por la noche si se pliega o no a las barricadas fronterizas, en su caso en el puente General Artigas.
Hasta el edificio de Retiro también llegó ayer, en representación del Estado entrerriano, el vicegobernador Pedro Guastavino, y el ministro de Gobierno, Sergio Uribarri, ya que el gobernador Jorge Busti evitó confrontar con los asambleístas de Gualeguaychú que, en idéntica reunión de la semana pasada, le habían prometido no reponer los cortes de ruta.
Con todo el malestar que sumó en los últimos días el conflicto por la instalación de las papeleras en Fray Bentos, la avanzada de ayer de los ambientalistas y del gobierno provincial surgió en consonancia con la presentación que realizó en la víspera el Estado uruguayo ante el tribunal internacional de La Haya (ver aparte). También solicitaron los asambleístas que la Argentina impida el paso de camiones con insumos para Botnia y ENCE.
Exigencia
Los entrerrianos exigieron al canciller Taiana que medie ante el Presidente para que la Argentina realice su propia argumentación en ese tribunal antes del 30 de abril, fecha límite dispuesta por los organismos internacionales que financian la construcción de la planta de celulosa de la empresa Botnia, hoy señalada como «la malvada» del conflicto por su dudosa aprobación para radicarse en la costa del río Uruguay.
«Si no hay diálogo diplomático, tendríamos que ir a la vía judicial antes del 30 de abril. Después se corre el riesgo de que los organismos de crédito tomen una decisión, y sabemos que lo que trabaría los créditos sería la demanda ante La Haya», se explicó.
Para el gobierno provincial, en cambio, para que ese planteo sea fuerte no tiene que haber cortes de ruta que le sirvan como defensa a Uruguay», menos aún, dijo Busti, de la «gravedad» de la que se realizó el domingo en la ruta troncal de conexión del Mercosur.
Los reparos también surgieron ayer en la reunión con el canciller. Se les advirtió a los ambientalistas que manteniendo los bloqueos en las rutas hacia Uruguay se corre el riesgo de poner a todos los miembros del Mercosur en contra de la Argentina.
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