El peronismo se metió de lleno en uno de los debates institucionales más destacados de los últimos años: el traspaso de la Justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires. El diputado nacional, Sebastián Galmarini, presentó un proyecto de ley para habilitar al Ministerio Público Fiscal de la Nación a actuar ante el Tribunal Superior de Justicia porteño mientras se completa la transferencia de competencias, un proceso que comenzó a acelerarse tras el fallo “Levinas” de la Corte Suprema y la sanción de la Ley 27.802.
1 de agosto 2026 - 14:02
El PJ se mete en la disputa por el traspaso de la Justicia a la Ciudad con un proyecto en Diputados
La propuesta habilita transitoriamente a los fiscales nacionales a intervenir ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad durante el proceso de transferencia. El fallo Levinas fue dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 27 de diciembre de 2024.
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La propuesta habilita transitoriamente a los fiscales nacionales a intervenir ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.
En detalle, el fallo Levinas fue dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 27 de diciembre de 2024 y estableció que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el órgano revisor y superior tribunal de la causa para intervenir en los recursos que sean presentados contra las sentencias declaradas por la Justicia Nacional ordinaria (civil, comercial, laboral y penal), una decisión que fortaleció aún más la autonomía porteña.
La iniciativa del Partido Justicialista
Según detalla el documento, la iniciativa busca resolver un "vacío legal" generado por la nueva instancia de revisión que deben atravesar las causas de la Justicia nacional ordinaria con asiento en la Ciudad antes de llegar a la Corte Suprema. Según sostiene el proyecto, las leyes vigentes sólo autorizan al Ministerio Público Fiscal a intervenir ante tribunales nacionales, por lo que quedó sin herramientas procesales para actuar ante el máximo tribunal porteño.
"Esta nueva configuración institucional genera un vacío legal que afecta directamente la capacidad del Ministerio Público Fiscal de la Nación de cumplir sus funciones constitucionales. Las normas que rigen las competencias del organismo —los artículos 37 y siguientes de la Ley N° 24.946 y los artículos 2° y 3° de la Ley N° 27.148— le otorgan legitimación procesal exclusivamente para actuar ante tribunales nacionales. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un tribunal local, ajeno al ámbito de actuación que esas normas establecen", detalla el texto.
En concreto, el proyecto surgido del Frente Renovador establece que el Ministerio Público Fiscal podrá ejercer su representación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad “de acuerdo con la reglamentación que dicte el Procurador General de la Nación” y únicamente en las causas que lleguen a esa instancia como consecuencia de la doctrina fijada por la Corte Suprema en el caso “Ferrari c/ Levinas”. La autorización tendría carácter transitorio y regirá hasta que finalice el proceso de transferencia de todas las competencias ordinarias al Poder Judicial porteño.
En los fundamentos, Galmarini advirtió que el problema ya tiene consecuencias prácticas. Señala que el Ministerio Público Fiscal hoy no puede interponer recursos extraordinarios ni quejas ante el Tribunal Superior porteño y que incluso comenzaron a vencer plazos procesales en causas concretas. El legislador sostiene que esa situación pone en riesgo el ejercicio de la acción penal pública y la defensa de la legalidad.
El proyecto también revela que el propio Ministerio Público Fiscal había elaborado un decreto de necesidad y urgencia para solucionar el problema y lo remitió al Ministerio de Justicia en mayo de este año. Sin embargo, según el texto, el Poder Ejecutivo nunca avanzó con esa alternativa, por lo que el Congreso debería cubrir ese vacío mediante una ley.
Desde el punto de vista político, la iniciativa marca el ingreso del PJ a una discusión que hasta ahora había estado dominada por la Corte Suprema, el Gobierno nacional y la administración porteña. Cabe destacar que el proyecto no busca cuestionar el proceso de transferencia sentenciado en el fallo "Levinas", ni modificar la arquitectura del sistema judicial,.
