Los senadores del FpV Beatriz Rojkés, Aníbal Fernández y Miguel Pichetto.
El Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura con 39 votos a favor y 31 en contra, y sancionó el proyecto para la creación de tres nuevos fueros para los Tribunales de Casación.
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Tras más de nueve horas de debate, el oficialismo impuso su mayoría para aprobar la iniciativa central de la reforma judicial que impulsa el Gobierno, mientras que la oposición en pleno votó en contra.
El senador oficialista Marcelo Fuentes fue el encargado de abrir el debate, y sostuvo que el proyecto que eleva de 13 a 19 los miembros del Consejo de la Magistratura y los somete al voto popular podrá paliar la "conducta corporativa" que le atribuyó a la Justicia, a la que calificó como "permeable a los intereses económicos".
Sin embargo, el tratamiento de la reforma del Consejo de la Magistratura fue casi un monólogo de la oposición, que no ahorró críticas a la iniciativa del oficialismo, cuyos senadores tuvieron pocas intervenciones en el debate.
El senador radical Ernesto Sanz criticó el proyecto por establecer que los consejeros deberán ser elegidos a través de las boletas de los partidos políticos en las elecciones y sostuvo que esto funda "un nuevo paradigma, en el que el que gana se lleva todo".
"Yo no creo que con estos proyectos va a haber impunidad, porque la impunidad ya existe, lo que van a hacer con esto es consagrarla", agregó Sanz.
Por su parte, Liliana Negre de Alonso, del Peronismo Federal, sostuvo que "lo que se quiere no es democratizar, lo que el Gobierno quiere es garantizarse rápido que también el Poder Judicial le responda" y sentenció: "Esto es un golpe de Estado constitucional".
El radical Gerardo Morales consideró que "quieren garantizar impunidad porque después de 2015 van a hacer cola para ir presos, empezando por (Julio) De Vido y agregó: "Además, buscan debilitar a la Corte, porque dicta fallos ejerciendo la independencia propia de ese poder, por eso le quitan el manejo de lo recursos".
A su turno, el jefe del bloque oficialista, Miguel Ángel Pichetto, dedicó una chicana a la oposición: "Es lamentable la falta de vocación. Creen que van a perder, entonces no quieren una ley que deposita en la ciudadanía la elección de los consejeros".
El proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura establece que los consejeros deberán ser elegidos "en forma conjunta y simultánea" con las elecciones presidenciales, aunque señala que la primera elección de los miembros de ese organismo se dará, de forma excepcional, en las legislativas de octubre.
De esta manera, en las boletas de cada partido político figurarán tres candidatos a consejeros en representación de los jueces, tres de los abogados y seis académicos, que convivirán hasta 2015 con los integrantes actuales del Consejo. Entre otros puntos, la iniciativa establece que se amplía de 13 a 19 los miembros el Consejo
En el caso de los abogados y jueces corresponderán dos a la mayoría y uno a la minoría, mientras que en el caso de los científicos serán cuatro representantes para la lista ganadora y dos para aquella que obtenga el segundo lugar.
Otro de los aspectos centrales es la administración de los recursos ya que el proyecto establece que deberá ser el Consejo de la Magistratura quien deberá tener esa función, que ahora está en manos del presidente de la Corte Suprema, quien negocia los salarios con el gremio, que conduce Julio Piumato.
Más tarde, el Senado sancionó el proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo para la creación de tres nuevos fueros para los Tribunales de Casación.
La iniciativa fue aprobada por 39 votos a favor y 26 en contra, y ahora deberá ser debatida por Diputados para que sea convertida en Ley.
El proyecto crea Tribunales de Casación para tres fueros: el Civil y Comercial, el Contencioso-Administrativo y el Previsional-Laboral.
El presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, el kirchnerista entrerriano Pedro Guastavino, sostuvo que el proyecto es "un aporte más a la construcción de este país normal que venimos haciendo en esta década".
"La intención es descomprimir la cantidad de causas que tiene la Corte Suprema de Justicia para que se aboque a cuestiones más importantes vinculadas con la institucionalidad de nuestro país", afirmó.
El jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, afirmó que "este proyecto va a mejorar el funcionamiento de la Justicia y la hará más eficaz" ya que "la Casación no va a aumentar el plazo" de las causas.
"No estamos violentando la seguridad jurídica", señaló Pichetto y destacó que "de ninguna manera se está refiriendo a reabrir causas que tengan el marco de la legalidad y sean cosa juzgada".
El radical chubutense Mario Cimadevilla afirmó que "este proyecto no va a alcanzar los objetivos que dice que persigue".
"Estos tribunales van a perjudicar a los jubilados porque van a tener que sortear una valla más para lograr sus reclamos en la Justicia", sentenció.
La justicialista disidente, Sonia Escudero, afirmó que "las Cámaras de Casación con más jueces amontonados en la Ciudad de Buenos Aires no van a tener ningún impacto en la realidad de necesidad de justicia que tienen los argentinos".
El Senado continuará este jueves a las 12.30 con el otro tema picante del paquete oficial de reformas judiciales, que tiene que ver con la regulación de las medidas cautelares.
• Diputados con proyectos no conflictivos
La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado los tres proyectos que el Poder Ejecutivo había enviado al cuerpo como parte del paquete de seis iniciativas de reforma judicial.
En un debate de más de diez horas, el texto de ingreso democrático al Poder Judicial obtuvo 133 afirmativos y 109 negativos; el libre acceso a las declaraciones juradas 136 a 106; y la publicación en Internet de las causas judiciales 140 rechazos, 101 negativos y 1 abstención.
El jefe del bloque del FpV, Agustín Rossi, apuntó a la oposición y sostuvo que "votar en contra es seguir votando para que las declaraciones juradas de los jueces permanezcan en un sobre cerrado; significa mantener el espíritu elitista de los jueces y empleados del Poder Judicial".
Antes, el jefe de la bancada de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, argumentó el voto en contra de su espacio y señaló: "No les creemos porque son malos los proyectos. En materia de declaraciones juradas, descendemos los estándares actuales. En vez de aclarar, oscurecen".
"Está muy bien que haya concurso y que haya publicidad de las decisiones, pero esos dos proyectos son hipócritas. Díganme una razón de porqué se debe entrar por mérito al Poder Judicial y no al Poder Ejecutivo y Legislativo", se quejó Gil Lavedra.
El diputado del FpV, pero ahora alejado del Gobierno, Jorge Yoma, volvió a cuestionar que los proyectos hayan tenido como cabecera de tratamiento en comisión a Asuntos Constitucionales y no a Justicia, el cuerpo que él dirige.
"Obviaron a Justicia, seguramente no hubo ningún tipo de intencionalidad. Que no sea que deriven a la comisión de Turismo una reforma constitucional", ironizó el riojano.
La diputada Elisa Carrió aseguró que "no debe haber obediencia debida a declarar superflua a la Constitución Nacional, para salvar el enorme miedo de una familia a explicar millones y millones de euros de un hombre que está muerto y que iba por todo".
A su vez, el titular de Unión Peronista, Felipe Solá, sostuvo que la ley de ingreso igualitario al Poder Judicial "es inconstitucional".
"También, poner que la Corte Suprema tiene la obligación de poner todos sus fallos y acordadas en Internet es una gilada, porque ya están", enfatizó Solá.
El socialista Juan Carlos Zabalza consideró que con estas normas "se pretende socavar la independencia de la Justicia" e indicó que "los sostenedores del populismo proclaman la teoría de las mayorías electorales, donde quién gana puede tener mayoría en los tres poderes".
El diputado del Frente Peronista Alfredo Atanasof advirtió que la reforma "debilitará la independencia del Poder Judicial, en su rol de freno y contrapeso con respecto a los otros poderes del Estado".
Por el PRO, Pablo Tonelli dijo que la reforma busca "debilitar" a la Corte Suprema y "politizar" al Consejo de la Magistratura.
El proyecto de acceso democrático establece que los ingresos serán por concurso para letrados, empleados, personal de maestranza y oficios del Poder Judicial y el Ministerio Público.
La segunda norma establece que las declaraciones juradas son públicas y de libre accesibilidad a través de Internet y alcanza al presidente, vice, senadores, diputados, magistrados, defensor del pueblo, interventores, jefe de gabinete, ministros, secretarios, integrantes del Consejo de la Magistratura, síndico general de la nación, embajadores, cónsules, personal de las fuerzas de seguridad, decanos de universidades nacionales y candidatos a cargos electivos nacionales.
Además, el tercer proyecto plantea que los tribunales de segunda instancia y las cámaras nacionales de apelaciones deberán publicar todas las acordadas y resoluciones que firmen el mismo día, en tanto que la Corte y demás tribunales inferiores deben presentar una lista con las causas que se encuentran en trámite.
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