El Frente para la Victoria en la Cámara baja decidió posponer hasta el próximo martes la nueva reunión del plenario de las comisiones que analizan la reforma política, con el expectativa de sumar a varios diputados de la centroizquierda al dictamen de la mayoría.
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Si bien la reunión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda estaba prevista para este jueves a las 11:00, el oficialismo decidió pasarla para el próximo martes a la misma hora, con el objetivo de "obtener un dictamen ampliamente mayoritario".
"Estamos negociando una mayoría más amplia", aseguraron fuentes del bloque que comanda el santafesino Agustín Rossi.
Además, señalaron que la idea de postergar el debate surgió en medio de las negociaciones con las bancadas de centroizquierda, cuando "se abrió la posibilidad de hacer acuerdos más amplios".
"De acá hasta el martes se pueden terminar de acordar algunas cosas, para que el dictamen sea ampliamente mayoritario", resaltaron allegados a Rossi.
En ese marco, este jueves se reunieron integrantes del bloque Encuentro Popular y Social de Ariel Basteiro, del Sí y la Concertación FORJA, para ponerse de acuerdo en los pedidos de modificación que elevarán al bloque oficialista.
Los legisladores también acordaron no acompañar el dictamen de la mayoría en el caso de que el kirchnerismo no acepte cambios en el texto, sobre la reducción de los requisitos que establecerá la ley para la subsistencia de los partidos políticos.
En esa línea esperaban tener buenos resultados los operadores del oficialismo, a fin de sacar el dictamen sin problemas el próximo martes y poder llevarlo al recinto un día después.
No obstante, está descartado que el Gobierno dé lugar a los principales reclamos del arco opositor más duro, como el voto electrónico y la boleta única.
Al respecto, fuentes del PRO, la UCR y la Coalición Cívica aseguraron que la decisión de postergar el plenario tiene que ver con que el oficialismo "no tiene el número de firmas necesario" para sacar dictamen.
Esa versión despertó el rechazo de los kirchneristas, que reiteraron que tienen los votos, pero que alargarán el debate "sólo para sumar más voluntades".
En la última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, el FpV solicitó y consiguió la preferencia de tratamiento para el proyecto de reforma política.
Por esa razón, no habrá que esperar los siete días que establece el reglamento parlamentario entre la firma del dictamen y la llegada al recinto del proyecto.
En medio de las tratativas, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, reiteró en el recinto de Diputados la defensa oficial del proyecto, y dijo que el Gobierno está abierto a efectuar cambios.
"Acá van a quedar pegados los agoreros apocalípticos y los candidatos inventados. El revoleo de personerías partidarias no ha sido bueno para la política partidaria", consideró Fernández.
Al brindar su informe de gestión, el ministro coordinador ratificó que la intención oficial no es "terminar con los partidos pequeños" y subrayó que "el debate de la reforma política no está cerrado".
"No estamos inventando nada al poner un piso. Esto está en la legislación comparada de los países de la región y estos niveles de exigencia son en casi todos los casos menores", afirmó.
Aludió así a la base del 3 por ciento del total de votos válidos por elección que plantea la medida para la subsistencia de cada fuerza nacional.
El jefe de Gabinete defendió los puntos del proyecto que establecen un mínimo de requisitos para la permanencia de los partidos, al evaluar que "es imposible acordar democráticamente con las 33 fuerzas nacionales" que actualmente existen en el país.
"La cuestión es buscar un programa de partidos sólidos y no un desparramo de sellos que parece una kermés. El revoleo de personerías partidarias no ha sido bueno para la política partidaria", resaltó Fernández.
Según dijo, "un partido que no alcanza el 3 por ciento de los votos en dos elecciones consecutivas no tiene mucho grado de representación".
El jefe de Gabinete también rechazó el pedido opositor sobre la puesta en práctica de la boleta única, y consideró que esa iniciativa "es inaplicable".
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