Echegaray amplió su indagatoria en juicio Oil y buscó tensar con querella de AFIP

Política

Apuntó al desistimiento del fisco en acusación en el tramo II a funcionarios que participaron del trámite por planes. Sprint final hacia los alegatos.

“Esta fue una acusación injusta enmascarada como un hecho de corrupción”. Así comenzó ayer Ricardo Echegaray la ampliación de su indagatoria en el tramo final que cerró la etapa previa a los alegatos en el juicio oral por Oil Combustibles. El extitular de la AFIP había planificado tomar la palabra en la última audiencia para profundizar lo que había declarado al comienzo del debate, pero sobre todo para apuntar hacia la querella del organismo recaudador que a través de los mismos abogados, había desistido de acusar a todos los funcionarios de línea que había intervenido en el otorgamiento de los planes generales y particulares a la petrolera del Grupo Indalo, en lo que se conoce como “Tramo II” de la causa. Y también lo aprovechó con el objetivo de intentar conjurar una hipotética acusación que puedan entablar sólo en su contra los representantes del fisco en la parte final del proceso.

Echegaray repasó centralmente cuatro puntos: que nunca mantuvo coordinación con Cristóbal López y Fabián De Sousa; que tampoco lo pudo haber hecho con los funcionarios “de línea”; que no existió perjuicio al Estado ni en estos planes ni en ninguno de los 1648 otorgados; y que sería un contrasentido apuntarle a él si todos sus subalternos que participaron del trámite habían sido desvinculados, al menos, por la querella.

“Esos actos (los planes de pago a Oil) fueron objeto de estudio y análisis por el servicio jurídico. Llegaron a mi consideración propiciando el mismo sentido de la decisión que termine adoptando. Jamás me aparte de los criterios de las áreas técnicas”, declaró de forma presencial ante el Tribunal Oral Federal N°3. “No tuve reuniones. No asistieron a mi despacho ni yo a la oficina de ellos. Tampoco en los domicilios. No tuvimos llamadas telefónicas. Tampoco cruce de correos electrónicos. Ni tampoco hubo correspondencia”, indicó Echegaray respecto a la ausencia de pruebas para sostener la acusación de una coordinación con los empresarios para beneficiarlos. “Ninguno de mis actos ocasionaron un daño a la organización”, declaró al defender su política de otorgamiento de planes y a la facultad que le daba la ley para ello como política tributaria.

“Hoy todos ellos dispensados de responsabilidad penal por el abandono de la querella. Es que no hubo nunca un accionar mancomunado y coordinado para cometer un delito”, dijo el extitular de la AFIP al explicar su rol y el de quienes intervinieron y con el objetivo de confrontar el desistimiento de la misma querella como un contrasentido que se sostenga contra él. No aceptó preguntas de las partes y cumplió con una hora de extensión que había prometido. “Hasta 2015 no se reclutaba personal ni de las unidades básicas ni de los comité de chetos. Después de 2015 no sé”, lanzó en el tramo más picante respecto a las cualidades técnicas y profesionales del personal de “línea” que estuvo acusado en esta causa. “Todo esto ocurre cuando hay un cambio de gobierno. Con un par de auditorías sesgadas con el objetivo de un fraude procesal y traerme a juicio”, apuntó Echegaray.

Se clausuró así esta etapa, luego del fracaso del intento de convocar como testigo a la exdirectiva de Oil Liza Garay, que reside en Nueva Zelanda, con 15 horas de diferencia horaria. Se había preparado una audiencia de madrugada que no pudo concretarse y pese a la insistencia de la fiscalía, el tribunal, por unanimidad, dio por cerrado el asunto ante la imposibilidad de realizarla y de extender el juicio de forma indefinida hasta lograrlo. Subyacía el riesgo que tenía no contar con aval de un juez neozelandés para darle valor jurídico a lo que pudiera ocurrir en esa testimonial, que desde el punto de vista técnico, iba a ser equivalente a una charla. Se discutió incluir para la consideración final una serie de pruebas adicionales: varias auditorías que apuntan al sistema informático especial creado ad hoc para Indalo (que generó un procesamiento en otra causa) y la que explicitó “la conformación de un equipo de trabajo” especial para ir contra el holding desde AFIP.

“AFIP ha sido impulsora técnica de esta acusación. Al tiempo de retirarse dice que no se apreciaría vulneración a la normativa que permitan o sustenten el interés del organismo de mantener su pretensión punitiva. No encuentro cómo puede endilgarme responsabilidad sobre actos que hicieron otros funcionarios que están sobreseídos. El proceso de aprobación de planes es concatenado. Esas intervenciones previas siempre fueron sustento para inclinarse en uno y otro sentido”, afirmó. Cuando se decidió que la querella no avance en la acusación para el Tramo II “implica que no solo no existió arbitrariedad en el otorgamiento de planes, sino tampoco flexibilización en los controles”, lo que “derriba por conexidad el eje central de la hipótesis en juicio”, concluyó. Para Echegaray, las únicas pruebas que apuntalaron la causa fueron auditorías irregulares que “no son otra cosa que frutos de la teoría del árbol envenenado”. La semana próxima quedará fijado el calendario para el sprint final del juicio.

Dejá tu comentario