Seguramente no fue un desliz involuntario el de Cristina de Kirchner cuando en diciembre pasado, desde Mendoza, dijo que Argentina solicitaría la extradición por vía judicial, del ahora destituido juez Otilio Romano, quien -cruzado a Chile desde agosto- había pedido refugio político.
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Con lo de "extradición" la presidente empardaba, ponía en igual plano, al expediente de Romano (con 103 casos por violación de Derechos Humanos) con el de Galvarino Sergio Apablaza, el guerrillero chileno acusado en su país de asesinar al senador Jaime Guzmán durante la presidencia democrática de Patricio Aylwin. Aunque en 2010 la Corte Suprema argentina autorizó su extradición -reclamada insistentemente por el gobierno trasandino-, desde la Casa Rosada se abogó para "freezarla" y seguir dándole a Apablaza asilo político.
Curioso: hasta diciembre pasado, el gobierno de Chile (desde el ministerio de Interior) venía dando todas las señales de que a Romano lo devolvían casi enseguida para este lado de la cordillera. Y sin pasar por las demoras de la vía judicial. Todo un gesto. Pero eso seguramente se leyó aquí como que debía ser compensado, desde Buenos Aires, con otro de "devolución" (extradición) de Apablaza.
Este miércoles, desde Santiago el Ministerio de Interior anunció que le negaba el asilo político al ex juez argentino y que su extradición pasaría ahora a ser definida por la Corte Suprema. Por eso, reclinen sus asientos y pónganse cómodos: mientras el supremo tribunal chileno esté considerando el caso Romano, de este lado de la cordillera el gobierno de CFK puede seguir demorándose en tomar mayores definiciones para aquello que aquí miden como un "ojo por ojo" o "reo por reo". Y, desde Chile, pareciera que no.
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