La Cámara Federal de Casación Penal ordenó que se fije "en forma inminente" la audiencia para "el inicio del juicio oral" por la muerte de cinco manifestantes durante los episodios de violencia registrados en el marco de la renuncia de Fernando de la Rúa a la presidencia.
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Mediante una resolución de Superintendencia, que firma el presidente del tribunal, Gustavo Hornos, se le indicó al Tribunal Oral en lo Federal Seis (TOF6) la "impostergable necesidad de fijar audiencia de debate".
La Cámara hizo referencia a "razones de celeridad y efectiva y eficiente administración de justicia", según se desprende de la escueta resolución de menos de veinte líneas, a la que Télam tuvo acceso.
La Cámara recordó que es "impostergable" la "necesidad de fijar audiencia de debate de manera inminente en estas actuaciones atento el tiempo transcurrido".
La orden hace referencia al expediente caratulado "Mathov, Enrique José y otros s/ abuso de autoridad" en la que se ventilan los graves hechos de violencia registrados el 21 de diciembre de 2001 que provocaron cinco muertes en inmediaciones del Congreso Nacional.
El TOF6, integrado en este caso por los jueces José Valentín Martínez Sobrino, Javier Anzoátegui y Rodrigo Giménez Uriburu, preveía comenzar el 12 de agosto el juicio contra dos policías que participaron de la violenta represión, pero difirió el inicio ante "la necesidad de garantizar la realización de un único debate" con todos los imputados, entre ellos el secretario de Seguridad Mathov.
En esa oportunidad se señaló que era contraproducente "limitar el ámbito de debate en caso de celebrarse una audiencia separada por algunos hechos de lesiones ocurridas dentro de un contexto más amplio que a su vez será objeto de futuros nuevos debates".
En ese sentido se explicó que son acontecimientos "de incidencia política y social que no puedan ser debatidos en un juicio separado, pudiendo conformar la estrategia de defensa la argumentación sobre presuntas órdenes recibidas en el ejercicio de funciones de policía de algunos integrantes de fuerzas de seguridad".
En la causa se investigan los homicidios culposos de Gastón Riva, Carlos Almirón, Diego Lamagna, Alberto Márquez y Ariel Benedetto y centenares de lesiones a manifestantes por las que están imputados las autoridades políticas y jefes policiales de entonces.
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