El gobierno avanzó esta semana en el Senado con otra ley polémica para fijar una lista de prioridades a la hora de decidir el pago de deudas del Estado. Con el caso Greco en pleno desarrollo y las sospechas a flor de piel, parecía imposible que se insistiera desde el gobierno en blindar la cancelación de deudas desde el Ministerio de Economía a cualquier mirada ajena. Eso es lo que se propuso el miércoles por la noche en la comisión de Presupuesto y Hacienda, tal como adelantó ayer este diario.
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Ese proyecto, que lleva la firma de senadores kirchneristas por pedido del gobierno, establece un orden de prioridades para el pago de deuda consolidada.
Es una suerte de guía que le indica a la ministra de Economía qué deudas debe priorizar a la hora de utilizar los $ 3.500 millones en bonos que se autorizaron a emitir en el Presupuesto 2007 para afrontar ese tipo de pagos. Son los mismos fondos que el gobierno podría haber utilizado, también sin informar al Congreso, para pagar a acreedores como los Greco, si hubiera demorado ese trámite hasta este año y no lo hubiese apurado con una emisión extra, ahora frustrada, en diciembre de 2006.
El proyecto debatido el miércoles en la comisión de Presupuesto y Hacienda, después de una convocatoria a las apuradas en el recinto mientras terminaba la sesión del Senado, ante el peligro de no reunir quórum la próxima semana, establece que se dará prioridad a los mismos ítems que figuraban en el fallido proyecto que incluía a los Greco, en un hecho que alcanzó hasta a Néstor Kirchner y a Alberto Fernández de haber firmado el proyecto.
Es decir, primero la deuda con los ex trabajadoresde YPF, por falta de liquidación de las acciones en el Programa de Propiedad Participada de esa empresa. Luego, se deberán pagar las deudas por diferencias de haberes previsionales con jubilados de organismos de seguridad y militares y finalmente deudas con proveedores.
Pero en el artículo 3 de ese proyecto se faculta a la ministra de Economía, a modificar esa lista de prioridades de acuerdo con las necesidades estratégicas.
El problema, ahora, no es el riesgo de otro intento de pago injustificado a los Greco-Bassil o por lo menos por montos superiores a lo que realmente correspondería, algo hoy, imposible cuando la propia Felisa Miceli ordenó no sólo declarar nulo todo lo actuado en torno de ese expediente en sede administrativa, sino que también instruyó a sus abogados para conseguir la misma nulidad ante la Justicia, tarea ésa más complicada.
En realidad, el peligro que impulsa este proyecto es sólo una versión agravada de lo que viene sucediendo hace años en el Estado argentino: la imposibilidad de controlar qué deudas se pagan a particulares o empresas, en qué condiciones, cómo fue defendido el fisco en esas causas y cómo se aprobaron las liquidaciones.
En ese sentido, el proyecto que ahora impulsa el kirchnerismo en el Senado parece no haber escarmentado ante el escándalo provocado por el caso Greco, al otorgar un listado de prioridades de deudas a cancelar -siempre en general y sin identificar a los beneficiarios- y facultar a la ministra a modificarlo. Es decir, lo contrario a lo esperado después de un escándalo como el del ex grupo mendocino que desnudó claramente que hoy no se puede controlar en el país ni siquiera un millonario pago de $ 587 millones, salvo que alguien en el Congreso se dé cuenta a tiempo, algo que no hicieron los diputados.
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