Otro round del gobierno contra empresas; ahora por contaminar

El gobierno nacional y las empresas ubicadas en la cuenca Matanza-Riachuelo protagonizarán desde hoy un nuevo round en el combate judicial por la limpieza del río. Lo harán en el contexto de la cuarta audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia, en la causa promovida por un grupo de vecinos mediante la cual el máximo tribunal intimó a los estados nacional, bonaerense y porteño a presentar un plan de saneamiento definitivo de ese recurso que abarca un área de 2.240 kilómetros cuadrados. «El gobierno espera un fallo 'ejemplificador' de la Corte sobre estas empresas; un castigo -según funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente-que no se centre en la clausura, sino en la concientización del desarrollo sustentable como herramienta económica».

Desde las 10 de la mañana, los miembros de la Corte escucharán los argumentos de 60 actores, entre los que se encuentran la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, 14 municipios del conurbano bonaerense que fueron afectados y 41 empresas demandadas. Mientras que el procurador del Tesoro de la Nación, Osvaldo Guglielmino, expondrá en representación de los tres Estados demandados.

Polémica

Esta instancia judicial permitirá cerrar la primera etapa de un largo proceso signado fundamentalmente por la polémica suscitada en torno a la clausura de varias compañías -entre ellas las petroleras Shell y Petrobras-y el traslado de una decena de empresas químicas como parte del plan de saneamiento de la cuenca, encarado por primera vez en forma conjunta por el Estado, la Justicia y el Poder Legislativo.

El control sobre las compañías responde al cumplimiento de la Ley de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Ley 26.186), que designa autoridad de aplicación a la Secretaría que conduce Picolotti y le confiere poder de policía.

La ofensiva de la denominada «autoridad de cuenca» sobre las firmas petroleras tuvo hace unos meses un capítulo anexo: mientras YPF, Petrobras y Esso anunciaban que revisarían los precios de combustibles, las sanciones ambientales se dirigieron especialmente a Shell, que rechaza el control de precios del secretario Guillermo-Moreno y defiende los aumentos.

En cuanto a las « quimiqueras», según la Secretaría de Ambiente el almacenamiento de sustancias químicas en lugares cercanos a las empresas petroleras representa cierto «riesgo de un Chernobyl». Por eso se definió un plan de relocalización que finalizó en julio y que todavía resisten tres de las once plantas de depósitos de productos químicos.

Expectativa

Con todo, el gobierno confía en lograr ahora un fallo de la Corte que tiene sólo un antecedente en la historia de la contaminación del Riachuelo. En 1887, en la causa conocida como «Saladeristas de Barracas», la Corte Suprema desestimó un reclamo de las empresas sancionadas por el gobierno bonaerense por contaminación.

«Existe una ilegalidad manifiesta de las empresas localizadas en la zona de la cuenca que siguen contaminando como hace 120 años, a pesar de los controles y las sanciones», refirió el mismo colaborador del gobierno en el tema ambiental. La Autoridad de Cuenca encaró un proceso de saneamiento cuya primera etapa culminará en cinco años y para lo que se prevé una inversión de $ 3.000 millones. Incluye -además de subsidios para el traslado y la reconversión de los procesos de las empresas-, obras de infraestructura y cloacas y limpieza de 28 basurales de residuos peligrosos, entre otras medidas.

Hoy, el Tribunal tiene previsto escuchar a los representantes de los municipios de Almirante Brown, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, General Las Heras, La Matanza, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo, Morón, Presidente Perón, San Vicente y Avellaneda.

Entre las empresas que expondrán se encuentran Aguas Argentinas, Coto, CISA SA, Cervecería y Maltería Quilmes, Danone Argentina SA, Molinos Río de la Plata SA, Petrobras, Energía SA, Shell Capsa, YPF SA y Daimler-Chrysler, entre otras.

Las dos primeras audiencias convocadas por la Corte Suprema por el tema del saneamiento del Riachuelo se realizaron el año pasado y las otras durante el transcurso de 2007. Estuvieron signadas por fuertes cuestionamientos de los miembros del tribunal a lo referido especialmente a los programas de salud incluidos en el plan integral, deficiencias que, aseguran, ya han sido superadas.